Diciembre es, en la Argentina y en todo el continente, un mes de lucha y de memoria. En ese marco, se realizó en Buenos Aires un nuevo foro latinoamericano por la libertad de los presos del Imperio en el continente, junto con diversas actividades y comunicados conmemorativos a cuarenta años de la sentencia dictada por el tribunal que llevó adelante el Juicio a las Juntas.
Durante los días 10, 11 y 12 de diciembre, convocados por la Coordinadora por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política, se reunieron delegados de Colombia, Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina para visibilizar la existencia de más de dos mil quinientos presos políticos, perseguidos y encarcelados por las políticas imperiales de dominación colonial, tanto en cárceles de Estados Unidos como de El Salvador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador y Argentina.
El programa fue intenso. El primer día, en la sede de la Liga, se elaboró el plan de acciones para 2026 y se acordó, junto a comunidades bolivianas, paraguayas y peruanas residentes en el país, la conformación de una mesa de la Patria Grande para fortalecer la lucha por la libertad de todas y todos los presos políticos: ex presidentes, ex funcionarios, militantes de las rebeliones de 2019 en Chile y Colombia, firmantes de la Paz de Colombia aún detenidos, insurgentes del ELN y disidencias de las FARC —que elevan a 1752 los presos políticos en Colombia—, junto a los encarcelados en Bolivia, Paraguay, Chile, Estados Unidos y figuras emblemáticas como Simón Trinidad, Víctor Polay, Mauricio Hernández y Carmen Villalba.
El día 11 la delegación visitó el Pozo de Quilmes y el Archivo de la Comisión Provincial de la Memoria, donde se debatió críticamente el carácter de las políticas públicas de memoria y control de la tortura, contraponiendo el modelo estatizante kirchnerista —hoy en manos de la ultraderecha— con la experiencia autónoma y autárquica de la CPM.
Por la tarde, en un acto histórico en Plaza de Mayo y luego en la Casa de las Madres, hablaron referentes internacionales y de la Coordinadora. Bajo el abrazo de las Madres. José Schulman retomó una enseñanza de Hebe: no hay derechos humanos si cada cual reclama por “su” preso; la lucha es por todas y todos, sin concesiones al discurso imperial. Mary Soto denunció nuevas maniobras judiciales contra Víctor Polay y recordó la coherencia histórica de Hebe. Gustavo Gallardo explicó cómo los acuerdos de Paz en Colombia fueron vaciados por la derecha y el poder judicial. En tanto, Vladimir Ochoa llamó a una etapa de resistencia y construcción de poder popular en Bolivia.
El día 12, la delegación fue recibida por Raúl Zaffaroni, quien sostuvo que las agencias internacionales de derechos humanos están subordinadas al imperio y que la etapa actual exige lucha política más que debate jurídico.
Finalmente, la Coordinadora aprobó resoluciones centrales: la convocatoria al foro 2026 en México, la campaña continental por todos los presos políticos, el fortalecimiento de la articulación jurídico-política y la consolidación del programa Libres les Queremos como voz institucional, reafirmando su autonomía financiera y política como corresponde a un destacamento antimperialista comprometido con la revolución americana.
40 años de la sentencia a las Juntas
La lucha actual contra los crímenes de lesa humanidad —perpetrados hoy por el imperialismo yanqui y sus gendarmes locales— se inscribe en la continuidad de la lucha contra los crímenes cometidos por las dictaduras militares del continente en el marco del Plan Cóndor, durante el último cuarto del siglo pasado. En este contexto, al cumplirse cuarenta años de la sentencia a las Juntas Militares, se desarrollaron diversas actividades y se difundieron múltiples documentos conmemorativos. Entre ellos, La Violeta Docente de la provincia de Buenos Aires publicó un comunicado en el que, al recordar el aniversario, advierte que “hoy es nuestra tarea seguir enarbolando esas banderas y seguir reclamando juicio y castigo para los genocidas y los negacionistas del poder ejecutivo nacional”.
La conmemoración de los cuarenta años de los juicios que sentaron en el banquillo a los integrantes de las juntas militares surgidas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 coincide, además, con los dos años de la asunción presidencial de Javier Milei, al frente de un gobierno que viola sistemáticamente los Derechos Humanos y que impulsa una batalla cultural orientada a desmontar las bases del consenso social construido desde octubre de 1983, el cual —con avances y retrocesos— sostuvo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Ese consenso tuvo y tiene un sostén central en los trabajadores de la educación. No resulta casual, entonces, que La Violeta Docente haya difundido una declaración titulada “A 40 años de la primera condena a los genocidas. La lucha por Memoria, Verdad y Justicia Continua”, en la que fija posición y reflexiona sobre este proceso histórico.
El documento recuerda que “tras ocho meses de audiencias que tensionaron la incipiente democracia, el 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal de Apelaciones dictó sentencia contra los comandantes militares que, hasta hacía poco tiempo, habían encabezado “el tiempo histórico más oscuro de la historia argentina: la dictadura genocida cívico militar’”, condenándolos por violaciones a los Derechos Humanos bajo la legislación vigente. Asimismo, señala que “el juicio a las juntas, como se lo conoció popularmente, tuvo un gran apoyo con los organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo y La Liga Argentina por los Derechos Humanos a la cabeza”, y que produjo un impacto social profundo al tratarse de la primera vez que una dictadura saliente era juzgada por sus crímenes. Añade que este proceso “fue mucho más que eso”, ya que convalidó judicialmente los testimonios de los sobrevivientes, entre los que se destaca el de Iris Pereyra de Avellaneda, madre del Negrito Avellaneda, “una de las personas más jóvenes asesinadas y desaparecida dos veces”.
Cabe destacar que aquel testimonio de la actual presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos fue clave para las condenas que recibieron los genocidas. De la misma manera que lo fue el aporte del Doctor Carlos “Chango” Zamorano, también miembro de la LADH, para reabrir el camino de los juicios tras la “Obediencia Debida” y el “Punto Final”, redactando el proyecto de ley que anuló la impunidad.
