Hablemos de Derechos Humanos

—¿Cambió la actitud del Poder Judicial respecto a las causas de lesa humanidad a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia?

—Desde la asunción del gobierno de Milei, comenzamos a ver algo que ya vimos con el de Macri, que es un cambio absoluto en cuanto a las políticas públicas relacionadas con la Memoria, el resguardo de los documentos, el impulso a las causas a través de los fiscales que dependen de la Procuraduría General de la Nación y un discurso público muy fuerte de reivindicación de la dictadura, de los genocidas y en el mejor de los casos de la Teoría de los Dos Demonios, así como la demonización de todo lo que sea lucha, movimientos sociales y movimientos de Derechos Humanos.

—¿Y como incide eso en el Poder Judicial?

—Sabemos que, en general, el Poder Judicial es un instrumento para mantener los privilegios que tiene la clase explotadora sobre los trabajadores. A este Poder Judicial se le han arrancado importantes concesiones que se plasmaron en avances en lo relativo al dictado de sentencias por los crímenes de lesa humanidad, por el Genocidio Argentino. Pero con el impulso reaccionario que le da el Ejecutivo Nacional, muchos fiscales aunque no todos, empiezan a ralentizar las causas, desde los juzgados se demora la fijación de audiencias de debates, de juicios, y eso termina redundando en beneficio de aquellos imputados que están a la espera de juicio y que, ante la demora, van consiguiendo gradualmente mejoras en las condiciones de detención, básicamente el cambio de la detención en centros carcelarios a la prisión domiciliaria.

En esto sí veo un retroceso importante. Podría decir que la mayoría de los pedidos de cambio de prisión a domiciliaria son analizados livianamente por los jueces de ejecución y, por lo general, son otorgados. Y salvo en algunos casos, son otorgadas y después resulta muy difícil volver atrás. Hay otros en los que se han retrotraído situaciones y las prisiones domiciliarias han vuelto a ser efectivas, después de que se acreditara la recurrente violación a la prisión domiciliaria por parte de los genocidas. Pero estos casos, lamentablemente, son las excepciones y en líneas generales la política adoptada por el gobierno de Milei significa, por lo menos, un freno potente al avance de las causas de lesa humanidad.

—Últimamente van por el sobreseimiento…

—A este respecto, la embestida más reciente por parte de las defensas de los genocidas, tiene que ver con planteos respecto del pedido para que se determine el sobreseimiento de los mismos, el cierre de las causas por lo que se llama Violación del Plazo Razonable. Es decir que ha pasado ya suficiente tiempo con las causas en manos de los jueces sin que se llegara a juicio, por lo tanto el imputado tiene derecho a tener una certeza sobre su situación procesal y una certeza,  no siendo una elevación a juicio, debe ser necesariamente un sobreseimiento y el archivo de las actuaciones. Estos son los pedidos que las defensas hacen actualmente y esto no es casual, lejos de eso está totalmente imbricado y concatenado con la política oficial que intenta imponer la idea de que estos juicios no tienen sentido y que reportan, más que nada, a una venganza por parte de los movimientos de Derechos Humanos para con estas personas que están siendo imputadas.

Por supuesto que estos planteos son refutados por las querellas como la que yo integro, ya que no hay ninguna violación al plazo razonable, porque la complejidad de las causas así como también la negación de aporte de información que se hace por parte del Poder Ejecutivo cuando se piden documentos archivados, implica que la causa se prolongue. Y a esto contribuye también la total falta de colaboración por parte de los imputados en lo inherente al aporte de información, lo que importa una demora en la solución de los casos. Por lo que no se trata de una Violación del Plazo Razonable, sino justamente el plazo que lleva un expediente en un trámite en el que debe enfrentar todos estos obstáculos que se oponen la búsqueda de la verdad.

—Los pedidos de sanciones a los diputados que visitaron a genocidas convictos se desinflan y el Consejo de la Magistratura blinda a la jueza Agustina Díaz Cordero que, según el cura Javier Olivera Ravasi, habría participado en una reunión en la que se discutió cómo favorecer a los represores presos ¿Cómo se pude leer esto?

—La posición nuestra es clara al respecto: una visita a un condenado conlleva una serie de requisitos para ser realizada, generalmente son visitas familiares de una o dos personas que requieren de una autorización determinada en la que hay que acreditar el vínculo y tienen una duración determinada. Son visitas de integración familiar que a ningún condenado se les pueden negar.

Pero lo que han hecho esos diputados no ha sido una visita, sino que fue un claro acto político que importa una reivindicación de los crímenes por los cuales están pagando los genocidas. Esa foto que se difundió, las reuniones preparatorias que hubo para arribar a esa reunión que, reitero no fue una visita sino un acto político, implican claramente un objetivo que es darle trascendencia al reclamo de libertad de los genocidas y eso tiene que ser repudiado por nosotros, porque estas personas están cumpliendo penas a raíz de que se acreditó que perpetraron delitos horrorosos contra la humanidad.

—Un acto político avalado por el gobierno…

—Resulta absolutamente inapropiado e ilegal que se realice un acto político dentro de las dependencias de un establecimiento carcelario. Y no cualquier acto político, ya que se trató de un acto negacionista, de reivindicación de los crímenes cometidos por estas personas. Y lamento la inacción que han tenido los pares de estos diputados que no avanzaron en ninguna sanción. Hay una incomprensión de la gravedad que esto significa, que es acorde con los tiempos que vivimos atravesados por el negacionismo y la relativización de los crímenes por los que se condenó a esas personas. Y esto abre la puerta a que se pudieran realizar otras manifestaciones de apoyo, por parte de los legisladores, a estas personas que tienen condena firme. No son personas que cumplen una prisión preventiva, tiene una condena firme por los hechos que cometieron y esto vuelve todavía más grave a ese acto, porque estos legisladores accedieron a sus bancas por el voto popular que fue vulnerado cuando en 1976 se produjo el golpe de Estado llevado adelante, justamente, por los presos que ahora estos diputados fueron a reivindicar. Es un contrasentido que después de llegar por la voluntad popular, estos diputados vayan a idolatrar a aquellos que interrumpieron el orden constitucional y merece nuestro repudio como Partido.

El Congreso ha tenido, en otros momentos, actitudes dignas como cuando inhabilitó por razones morales a Luis Patti, esto es contradictorio con aquella tradición y constituye un acto gravísimo ejercido por legisladores que en sus funciones hicieron un acto político con genocidas, por el que busca que se los libere violando acuerdos internacionales que tiene suscripto nuestro país que los inhibe de morigerar penas, liberar o amnistiar a personas que tienen condenas por crímenes de lesa humanidad.

—Se puede decir que el Protocolo Bullrich es un diseño ideado para la represión como herramienta de control social y de la protesta sindical y social…

—El Protocolo Bullrich es un golpe muy fuerte al derecho de protesta, así como al que asiste a reclamar y peticionar ante las autoridades que está plasmado en nuestra Constitución y que resulta una garantía, un derecho humano reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, redactada luego de la Revolución Francesa. Es decir que negar el derecho de protesta y reclamo a las autoridades, implica volver atrás más de dos siglos. Y digo que es negar estos derechos, porque el pueblo en Argentina cuando se manifiesta, desde siempre, toma las calles y las columnas de las personas que marchan requieren espacio, también lo requieren no solo para expresarse sino para evitar cualquier tipo de daño o roce con los transeúntes que circulan por la vereda. Recortar le derecho de protesta, impedir el tránsito por las vías de circulación de las mareas humanas que participan en las marchas, además es un  metamensaje tendiente a que las personas entiendan que si expresan sus disidencias, opiniones o reclamos van a tener enfrente como primera valla a las fuerzas represivas del  Estado. La forma en que se presentan ataviados los policías con esos  tajes acorazados y utilizando armamento disuasivo muy dañino, como por ejemplo son los gases lacrimógenos (y están preparados para usar herramientas más lesivas aún) implica un mensaje directo al pueblo que les dice “no te manifiestes, no reclames porque lo que te espera además de palos son gases, detención y causas judiciales posteriores”. 

—¿También forma parte de un esquema de negocios construido en función de la compra de armamento, insumos y el movimiento de todos los recursos logísticos que trae aparejado sostener en pie de guerra interna a un dispositivo que incluye  a las cuatro fuerzas federales?

—Este Protocolo Bullrich viene a romper con el derecho constitucional a la protesta, pero además significa un negocio en donde hacen sus negocios aquellos proveedores de elementos “de seguridad”, que no son tales, sino que son herramientas de represión a la protesta popular, ya que no se obtiene con su uso ninguna mayor seguridad pública al impedir a alguien que levante la voz contra la injusticia.

Esto viene a consumar grandes compras por parte del Estado a determinados proveedores de este tipo de materiales que son costosísimos. Vimos que un solo cartucho de gas lacrimógeno cuesta lo mismo que una jubilación minima y se han arrojado centenares de esos cartuchos en cada una de las oportunidades en las que intervinieron las fuerzas policiales para disolver manifestaciones.

Por supuesto que nosotros estamos en oposición de cualquier acto que importe la represión a la expresión pública, porque justamente uno de los derechos que el Partido siempre ha apoyado es aquel que asiste a las personas a protestar. El ser humano tiene un derecho innato de expresarse contra la arbitrariedad y ese derechos se lo ha ganado no gratuitamente, sino a base de revoluciones como la Francesa, la Comuna de París, la Revolución de Octubre entre tantas otras y en miles de oportunidades donde el pueblo tuvo que dar su sangre para tener derecho a reclamar. Bullrich no nos va a quitar ese derecho, vamos a seguir manifestándonos y reclamando porque este Protocolo, más temprano que tarde va a caer.

—El esquema de represión estatal exhibe una escalada verbal y material, pero también aparece un nuevo actor, estos Freikorps que se vieron en la UnQui y José C. Paz, así como los infiltrados en marchas que ahora lejos de ocultarse dan reportajes por televisión ¿Existe riesgo de que se avance rápidamente hacia una suerte de estado de excepción?

—La violencia creciente que está demostrando el aparato fascista que ejerce el poder en Argentina, lleva adelante los mismos pasos que ha ejercido siempre el fascismo cuando estuvo en un proceso de ascenso en las sociedades. Comienza con agresiones verbales muy fuertes, algo que tiempo atrás era impensado, para pasar a agresiones físicas como las que vemos en la irrupción de esta banda de libertarios en la asamblea de alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes. Todo esto sigue un patrón que es el del fascismo a nivel mundial y va a tender a una escalada de la agresión, lo que requiere por parte de los comunistas y de nuestros aliados con los que nos vinculamos, el inicio de una estrategia de defensa, de protección de los militantes populares.

Debemos entender que lo que aparece enfrente no es una banda de inadaptados, sino personas que responden a un modo de ejercicio del poder, en donde la violencia verbal, discursiva, simbólica y física está considerada como un elemento para el sostenimiento del poder y la eliminación del adversario. Tenemos que comprender y asimilar esto para poder desarrollar estructuras para defendernos de las agresiones verbales, como de los ataques físicos que estas personas llevan adelante contra el pueblo.

Además, como vemos, estos fascistas están ensoberbecidos,  entonces debemos denunciarlos y expresar que el fascismo históricamente en cada lugar donde se desarrolló, comenzó así y acabó con masacres y destrucción de los países en los que se hizo con el gobierno. Hay que decirlo firmemente y expresar nuestras ideas con total vehemencia, pero sin caer en el uso de las agresiones verbales, sólo alcanza con caracterizarlos como lo que son: fascistas que es su ideología que implica la supresión de cualquier oponente a sus ideas. Y nosotros somos los principales destinatarios de esa supresión, por eso debemos estar preparados, entendiendo que esto implica un acto de supervivencia y de organización del movimiento popular.

—¿Qué papel cree que tiene en esto el dispositivo de inteligencia que cada vez cuenta con más recursos?

—El dispositivo de inteligencia que está quizás mejor financiado que nunca por parte del gobierno, tiene a mi criterio como primer objetivo la creación de un sentido común de ultraderecha. Por ese motivo es que apuntan tanto a los trolls y a la generación de contenidos por redes sociales que despierten lo más bajo del ser humano.

Estos dispositivos de inteligencia también buscan conocer la magnitud de las organizaciones que les podrían hacer frente, generar divisiones en ellas, disminuirle la capacidad operativa y generar todas las condiciones para poder avanzar con el plan represivo.

Nosotros debemos estar preparados, tenemos que oponer a esta enorme cantidad de recursos, también un aparato de comunicación de Partido, de difusión de nuestras ideas para pelearle, para darle la batalla cultural al retroceso que está llevando adelante este gobierno que tiene como objetivo crear un nuevo sentido común de la crueldad, del odio hacia el otro, de la indiferencia ante el sufrimiento y a eso apuntan con los formidables recursos de que disponen.

—Después de lo de Laura Richardson en Ushuaia, los comandos de EE.UU. en el Río Paraná y otras exhibiciones de sumisión perruna, la Presidencia Milei autoriza la apertura de un centro regional de inteligencia para combatir las drogas sintéticas, monitoreado por Washington ¿Cómo se puede leer esto?

—La presencia de la generala Laura Richardson así como todo el dispositivo del Comando Sur de EE.UU., son funcionarios representantes de un organismo ilegal que viene a ejercer fuerza militar fuera de sus fronteras. Argentina no forma parte de EE.UU. y, por lo tanto, si respectamos nuestra soberanía, bajo ningún punto de vista tendría que tolerarse la que opere un comando de un ejército de otro país dentro de nuestras fronteras. Tampoco recibir a sus representantes como si fuesen autoridades, porque Richardson y su comitiva no son dignatarios, sino representantes militares de una fuerza extranjera.

Lo que viene a hacer el Comando Sur estadounidense, es a asegurarse los recursos naturales que Argentina le puede proveer a este bloque hegemónico, viene a intentar mantenernos alejados de los Brics y que no se lleven adelante acuerdos comerciales con países que son contrahegemónicos. Viene también a asegurar la lealtad y el lacayismo que con alegría expresa Milei hacia EE.UU. Y esas cosas constituyen el ejemplo más rotundo de la pérdida de soberanía y ausencia total de políticas tendientes al resguardo del patrimonio nacional que tiene el gobierno de Milei.

Pero no es este el primer gobierno que recibió a la generala Richardson como dignataria, también lo hizo infelizmente el del Frente de Todos. Por eso debemos reformar la idea de que Argentina es independiente, que debe entablar lazos de unión principalmente con los hermanos latinoamericanos… la Patria Grande como lo expresaran San Martín y Bolivar. Y que debe relacionarse, siempre, en un nivel de igualdad e independencia y no de sometimiento, particularmente con el imperio norteamericano y su esquema, ya que cualquier intromisión de un organismo militar del Imperio, implica una pérdida de soberanía, tal como lo estamos viendo ahora con el rol del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en el Río Paraná.

—El ministro Petri avanzó en varias disposiciones que buscan desalentar la política de Memoria, Verdad y Justicia, pero también se supo que mantuvo al menos una reunión con represores condenados y/o con sus operadores ¿hay margen en la sociedad para una intentona del estilo de los indultos de Menem?

—No hay actos aislados en las políticas que se llevan adelante por parte del gobierno en lo que hace a Derechos Humanos. Las políticas de destrucción de la Memoria que firmemente lleva a cabo el Ministerio de Defensa, así como también las políticas de demonización de los movimientos de Derechos Humanos, forman parte de un mismo esquema. También la insistente agresión con cosas como lo del “curro de los Derechos Humanos”, la destrucción de los archivos, los obstáculos a los juicios de lesa humanidad y la utilización de los elementos que hacen a la defensa de nuestra soberanía para fines inapropiados como, por ejemplo, ceder el uso del rompehielos Almirante Irízar a Megatlón para hacer un evento privado.

Con este tipo de cosas, el ministro de Defensa desvirtúa el sentido que deben tener la Fuerzas Armadas, que tienen que estar comprometidas con la democracia y el respeto por los Derechos Humanos y dedicadas al cuidado de nuestra soberanía, pero nada de esto es lo que les asigna este gobierno. Petri cumple un rol lamentable usando instrumentos adquiridos con el dinero de los argentinos para posar en fotos. Y lo que es peor aún, lleva adelante políticas contrarias a los intereses de nuestro pueblo, entregando nuestra soberanía: no incluyen a Malvinas en los mapas oficiales de Argentina y reciben a Boris Johnson en la Casa Rosada lo que implica dinamitar el que quizás sea el único punto fuerte de coincidencia que hay a nivel nacional, que ya está plasmado en la Constitución, que es la defensa de la soberanía sobre Malvinas y las Islas del Atlántico Sur.

Todo esto apunta a romper con la memoria del pueblo respecto de lo que significa defender el territorio, pretenden que aceptemos constituirnos en una colonia, por eso inducen una mentalidad colonial, para intentar romper los lazos históricos que unen al ciudadano argentino con su tierra y sus recursos naturales… apuntan a que los argentinos perdamos el cariño por nuestra Patria. Y nada de esto es al azar, sino que apunta a destruir la dignidad e identidad nacional.

—¿Con todo este telón de fondo, usted es optimista, piensa que se puede salir de todo esto?

—El Partido Comunista tiene camaradas en todo el mundo, en cada país de la tierra hay comunistas, en muchos llevamos adelante un rol esencial en el gobierno, uno de cada cuatro habitantes del mundo está en este momento gobernado por un sistema político que es acorde con nuestro pensamiento. Eso quiere decir que la humanidad puede salir adelante de las grandes miserias a las que la somete el capitalismo, en Argentina nosotros también lo podemos hacer y eso requiere de un fortalecimiento de las estructuras del Partido, de nuestra identidad, de saber que nosotros llevamos adelante una bandera y una ideología que siempre se batió en pos de la clase trabajadora y que en las derrotas y triunfos que tuvimos, siempre está presente nuestra identidad.

Por eso hay que entender que puede verse con tristeza lo que esta sucediendo en el país, pero solamente con mirar un poquito para delante, podemos ver que otra sociedad se puede construir, ya que camaradas nuestros alrededor del mundo lo han logrado. Y nosotros también podemos hacerlo.

Y para eso es preciso relacionarnos con el resto del movimiento popular, con dignidad e independencia y en coordinación, pero sabiendo que nuestro objetivo es el socialismo, que los trabajadores lleven las riendas de su destino, por eso soy muy optimista de que en Argentina van a producirse transformaciones profundas en beneficio de los trabajadores y que eso va a pasar en no mucho tiempo.