Su familia junto con organizaciones sociales y políticas, exigen que se encarcele a los trece policías responsables del crimen de este joven, que fue víctima del gatillo fácil en Córdoba.
La madrugada del 6 de agosto de 2020, un grupo de cinco amigos volvía en auto después de juntarse en un bar de la capital provincial, cuando un grupo de oficiales de la Policía de Córdoba que llevaba a cabo un control vehicular, hizo señas para que se detuvieran, pero los pibes se asustaron y siguieron de largo. La respuesta fueron varios disparos, uno asesinó por la espalda a Blas Correa y otro hirió a un acompañante.
A dos años del asesinato, el 7 de septiembre comenzará el juicio oral en el que se van a sentar en el banquillo de los acusados trece policías imputados por el crimen, pero también por intentar encubrir la escena y simular un supuesto enfrentamiento entre los jóvenes y los agentes implicados.
Durante el proceso en el que la acusación está a cargo del fiscal José Mana, se pudo determinar que los autores de los disparos fueron los cabos Javier Alarcón y Lucas Gómez. Sobre ellos pesa la imputación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de la función policial.
“Se aproxima el juicio y, como le prometí a Blas, vamos a lograr que todos los responsables tengan la condena que merecen”, dijo la madre de la víctima, Soledad Laciar, tras lo que recordó que “llevamos dos largos años de una lucha incansable contra un sistema que no aguanta más” y lamentó que “venimos perdiendo la batalla, pero eso nos da más fuerzas”.
Los policías están imputados tanto por el homicidio como por intentar encubrir la escena y buscar plantar un arma para simular un supuesto enfrentamiento. En total son trece los agentes que comenzarán a ser juzgados a partir del 7 de septiembre en la Cámara del Crimen de Córdoba. Hay cuatrocientas mil fojas para analizar y se prevén treinta audiencias.
“La represión a la juventud del estado provincial lleva a casos como el Blas Correa”, denunció Bruno Lonnati, quien es miembro del Secretariado de La Fede Córdoba, tras lo que hizo hincapié en que “durante 2020, con todas las restricciones de la pandemia, hubo un aumento de este tipo de casos”.
En esa lista aparece el asesinato de Isaías Luna, por el que siete policías van a ir a juicio y el de Joaquín Paredes, quien el 25 de octubre de 2020 fue ultimado policías cuando estaba junto a un grupo de jóvenes en la plaza de Paso Viejo.
“El poder del aparato represivo se ve en los impunes asesinatos que se dan contra la juventud, pero también en los encubrimientos posteriores entre los actores implicados”, advirtió Lonatti, y vinculó esto con la desigualdad social que atraviesa Córdoba como consecuencia de su “modelo productivo destinado al comercio de soja, que no produce valor agregado y excluye a un gran sector de la población que sólo cierra con la represión del pueblo”.
Según datos del Indec, durante 2021 el Gran Córdoba mostraba una tasa de desocupación del 10,1 por ciento. Ese valor bajaba al 8,2 en partidos del conurbano bonaerense, al siete en el Gran Rosario y a 4,2 en la Capital Federal.
