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Mié, Ago

Derechos Humanos

Una reciente investigación del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla confirmó que Iris Pereyra de Avellaneda era “no opcionable” para quedar en libertad porque constituía un “peligro” para los planes de los genocidas. A partir de este hallazgo judicial, la actual Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos insitió en la necesidad de que se abran “todos los archivos”.

Recientemente, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla elevó a juicio a dos ex integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), a quienes se les imputa haber cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Se trata de José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, quienes se sientan en el banquillo acusados de ser penalmente responsables de desapariciones forzadas, secuestros y homicidios.

En el marco de las investigaciones que se realizaron en esta causa, como en otras anteriores llevadas a juicio en La Plata, fueron recurrentes las menciones a la Dippba, lo que favoreció la reconstrucción del aceitado mecanismo de espionaje implementado por esa repartición de la Policía Bonaerense como parte del plan sistemático de represión y exterminio.

Producto de estos avances se pudo establecer que Salvador actuaba como jefe de la Delegación Enlace Capital Federal y que tenía oficinas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, desde donde entre diciembre de 1976 y febrero de 1978 fue una pieza clave para la arquitectura represiva, ya que desde ahí intercambiaba información con otros organismos de Inteligencia, tramitaba pedidos de los grupos de tareas del Batallón 601 y asignaba agentes en comisión.

Asimismo, este represor participaba en la Comisión Asesora de Antecedentes que funcionaba en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), donde se analizaba a cuáles de las personas que estaban prisioneras ilegalmente se les iba a ofrecer la posibilidad de acceder a la alternativa de salir del país. En este caso, la pesquisa del juez Ramos Padilla dio con la ficha en la que se da cuenta de que para la Dictadura Iris Pereyra de Avellaneda era “no opcionable”. Es decir, que para los genocidas la militante del Partido Comunista y actual presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) era considerada “peligrosa” para las finalidades que ellos perseguían, por lo que la querían tener encerrada.

Iris fue secuestrada de su casa de Munro, en el norte del conurbano bonaerense, en abril de 1976 junto a su hijo Floreal “Negrito” Avellaneda, quien por entonces tenía quince años y permanece desparecido. Junto a él, fue torturada en el centro clandestino que funcionaba en Campo de Mayo y tras varios meses, trasladada primero a la cárcel de Olmos y después a la de Villa Devoto. Por su parte, el Negrito fue asesinado y, tal como se pudo determinar más tarde, arrojado en los Vuelos de la Muerte al Río de la Plata.

Pasó medio siglo desde aquellos años terribles años y la titular de la Ladh no oculta la sorpresa que le causa el descubrimiento que se desprende de esta investigación judicial. “¡Después de cincuenta años parece que ando en boca de todos...cómo puede ser, no me dejan en paz!”, exclamó con su habitual buen humor y añadió que cuando se enteró de esto recordó que “estando en Devoto, éramos unas cuantas, y nos citaron de a una preguntándonos si nos queríamos ir del país y yo contesté que no ¿por qué me iba a ir si yo no había cometido ningún delito?” Sobre el reciente hallazgo judicial, valoró que “después de tantos años es bueno que esto comience a saberse, que los jueces empiecen a revolver un poco lo que pasó en esa época”.

Lo descubierto también es un mensaje para aquellos que hoy promueven la idea de que es momento de dar vuelta la página, ya que les dice que aún queda mucho por saberse acerca de los delitos aberrantes que se perpetraron en aquellos años tan oscuros, que se trata de crímenes que por sus características no prescriben y que, por lo tanto, hay que seguir investigando, revelando y juzgando. 

“Pasaron ya cincuenta años del golpe cívico-militar-eclesiástico y recién de a poco va saltando algo, pero ahora mismo no tenemos ni la cuarta parte de los milicos condenados y queremos a todos esos genocidas cumpliendo prisión efectiva”, reflexionó Iris e insistió en recalcar que “por eso está bueno que esto salga a la superficie”. Con la misma claridad, subrayó que “queremos que se abran todos los archivos de la Dictadura, un reclamo de los organismos de Derechos Humanos que es constante pero al que no le dan bolilla”.

Al respecto, la presidenta de la Ladh fue taxativa: “imaginate lo que se siente...te matan un hijo que era un chico inocente, te lo tiran por los Vuelos de la Muerte…se ensañaron con una criatura; eso no se puede dejar pasar y menos se puede perdonarlos”. Por estos motivos reafirmó que su pelea sigue y que quiere saber si seguirán presos los que fueron condenados por el secuestro y la desparición del Negrito, “porque Santiago Riveros y Verplaetsen murieron, ¿pero qué pasa con Osvaldo García, Fragni, Harsich y el comisario Onetto de Villa Martelli?”.

“Una Madre no puede parar”, agregó y recordó que su militancia por Memoria, Verdad y Justicia no sólo es por el Negrito, sino por los 30.000 y por que “aparezcan los niños que fueron secuestrados”. A sus 87 años, aseveró que la lucha por los Derechos Humanos la tiene “cada día pensando en qué es lo que se puede hacer”. En eso está, incansablemente, Iris Pereyra de Avellaneda.

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