Así lo plantean la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Red Contra la Violencia Institucional de esa provincia, al referirse a las personas privadas de su libertad en el departamento de Anta.
La Asociación Ragone se reunió con la Mesa de Derechos Humanos de Salta y con la Red Contra la Violencia Institucional de esta provincia del noroeste para dar a conocer la preocupante situación que viven las personas privadas de su libertad en el departamento de Anta. A partir del relevamiento presentado se trazó una planificación tendiente a garantizar la defensa de los Derechos Humanos las personas detenidas.
Cabe citar que la Mesa de DDHH está integrada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación Lucrecia Barquet y la Asociación Gallardo, al tiempo que la Asociación de Derechos Humanos Miguel Ragone es parte del Consejo Consultivo del Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia y, como tal, participó de un monitoreo que organizó este organismo en el departamento Anta, donde se pudieron detectar graves violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad.
Se trató de inspecciones que fueron llevadas a cabo el 28 de abril, organizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y que contaron con la participación del presidente de la Asociación Miguel Ragone, Fernando Pequeño, quien estuvo representando a las organizaciones de Derechos Humanos que forman parte del Consejo Consultivo.
Precisamente, la Asociación Ragone hizo hincapié en que a partir de dicho monitoreo se pudo constatar que los detenidos padecen condiciones de encierro que “violan sistemáticamente” los estándares establecidos en el habeas corpus colectivo que oportunamente impulsó el Comité para la Prevención de la Tortura ante el hacinamiento que se verifica en comisarías salteñas.
De acuerdo a los resultados de este relevamiento, durante las tres visitas que se hicieron a fines de abril se advirtió que existe un “abandono estatal de las obligaciones básicas, custodia policial sin recursos ni formación y ausencia de defensa técnica efectiva”. También se recabaron testimonios directos de personas privadas de su libertad que dan cuenta de las torturas recibidas en estos contextos de encierro. Asimismo, la Asociación Miguel Ragone señaló que a esto se suma la falta de información acerca de las causas judiciales y los plazos de detención, algo que provoca “un deterioro identitario” y contradice el propósito constitucional de resocialización, ya que “el encierro en comisarías no resocializa: daña”.
