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06
Vie, Nov

Derechos Humanos

Ante un nuevo aniversario de este caso emblemático, Nuestra Propuesta dialogó con uno de los abogados querellantes que tuvo la causa, Duilio Ramírez, quien reflexionó sobre las enseñanzas que deja el proceso que llevó a las condenas de nueve de los responsables de la Masacre; un ejercicio indispensable en momentos en los que desde el gobierno nacional se pretende borrar todo lo vinculado a la lucha por los Derechos Humanos.

Se cumplieron 49 años de la Masacre de Margarita Belén,  uno de los crímenes de lesa humanidad más emblemáticos cometidos por el Terrorismo de Estado en la zona nordeste del país, que tuvo lugar cuando un grupo de presos y presas políticas fue fusilado durante un operativo conjunto en el que intervinieron el Ejército Argentino y la Policía del Chaco. El hecho se perpetró camino a Formosa, a alrededor de treinta kilómetros de Resistencia, y para encubrir el crimen la dictadura quiso instalar la versión de que había existido “un intento de enfrentamiento armado”.

Esta masacre se inscribió dentro de un dispositivo sistemático de represión ilegal que incluyó varios eslabones. Entre ellos, el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones que está en el predio donde ahora funciona la Casa por la Memoria de la capital chaqueña. Todo esto quedó explicitado con claridad durante el juicio en el que, el 16 de mayo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia, dictó un fallo condenatorio sobre los autores materiales de la Masacre en cuya sentencia se dio por probado que el 12 de diciembre de 1976, trece detenidos fueron trasladados en camión a un paraje cerca de la localidad de Margarita Belén, donde se los asesinó.  También recalcó que no se trató de un intento de fuga, sino de un plan premeditado para matarlos y que también fueron asesinadas allí otras dos personas, con la finalidad de escenificar la versión oficial que daba cuenta de “un intento de rescate”.

Athos Renés, Ernesto Simoni, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Horacio Losito y Luis Alberto Patetta resultaron condenados a prisión perpetua porque se los encontró penalmente responsables de once homicidios agravados por alevosía y por el número de participantes, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada y también por cuatro privaciones ilegítimas de la libertad. La sentencia absolvió al policía Luis Alfredo Chas, pero esta medida fue apelada más tarde por la querella que integraron los abogados Duilio Jorge Ramírez y Pedro Dinani en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, por lo que Chas también acabó condenado.

El caso Margarita Belén pasó antes por diferentes vicisitudes que impusieron, entre otras cosas, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pese a esto, la lucha, voluntad y constancia de quienes contra tales adversidades se empeñaron en recorrer el camino por el que se buscó Memoria, Verdad y Justicia, acabó rindiendo sus frutos y esto deja una buena lección en horas tan aciagas como las actuales donde el esquema institucional que encabeza la Presidencia Milei pretende destruir todo lo conquistado durante las últimas cuatro décadas en materia de Derechos Humanos.

Al respecto, cabe citar el informe anual dado a conocer la semana pasada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el que se da cuenta de que el año que está acabando es el que registra más cantidad de absoluciones desde que se reanudaron los juicios de lesa,  mientras que el gobierno nacional avanza con el desmantelamiento de sectores clave del área de DDHH (como sucede por ejemplo con el Museo de la Memoria de la Ex Esma) y pretende instalar la Teoría de los Dos Demonios.

Por otra parte, crece la cantidad de condenados e investigados por crímenes de lesa humanidad que cursan prisión domiciliaria. En el caso de los condenados la cifra asciende al 83 por ciento, de los que menos de la mitad se ve obligado a utilizar un dispositivo electrónico de control que asegure que realmente la está cumpliendo. En tanto que en el caso de los procesados, la cantidad que está alojada en su propia vivienda sube al noventa por ciento. Al día de hoy, sólo diecinueve condenados por crímenes de lesa humanidad se encuentran en una cárcel común.

Por eso es que viene bien recordar la Masacre de Margarita Belén y volver a reflexionar sobre las circunstancias que rodearon la búsqueda de justicia y el papel que jugaron los diferentes actores que, desde un principio, se involucraron en esa tarea. Para hacerlo apelamos al abogado Duilio Ramírez, quien es querellante en causas de Derechos Humanos y militante de la LADH y del Partido Comunista del Chaco.

 

*¿Cómo se debe leer este episodio y todo el proceso posterior que llevó a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia?

La Masacre de Margarita Belén fue un hecho que sucede entre el 12 y el 13 de diciembre de 1976 bajo la modalidad de un supuesto traslado de detenidos desde unidades penitenciarias de Resistencia a otras de Formosa donde ni siquiera sabían que, en teoría, estaban llevando a los detenidos. Así que, a todas luces, era un falso traslado en el que se recoge a prisioneros políticos del Regimiento del Ejército ubicado en Resistencia y la Alcaldía Policial de esa ciudad. Se los hacen pasar por una noche previa de feroces torturas para anularles absolutamente toda posibilidad de respuesta y en la madrugada del 13 de diciembre se los carga en un convoy de tres Unimog del Ejército que sale en dirección a Margarita Belén, que es una localidad que se ubica a más o menos a treinta kilómetros de Resistencia, hacia el norte.

Si bien los represores nunca dieron ese dato, se estima que los prisioneros políticos llevados en el convoy fueron entre diecisiete y veinte personas. Las estimaciones surgen de los testimonios de aquellos que estaban detenidos en la Alcaldía que vieron la golpiza y torturas realizadas con antelación al traslado.

No obstante ello, se logra probar documentalmente la participación en ese traslado de trece personas, pero consideramos que había más, por eso es que en la sentencia se dice quiénes son las víctimas cuyos cuerpos aparecieron y también se menciona a otras cuatro cuyos cuerpos desaparecieron y en algunos casos han aparecido posteriormente. Pero otras continúan desaparecidas.

 

*¿Qué fue lo quedó probado que pasó esa noche?

En concreto la dinámica fue que los sacaron de la Alcaldía Policial muy torturados, pero todos con vida, después los bajaron al borde de la ruta en cercanías de Margarita Belén y ahí simularon un enfrentamiento, para lo que previamente plantaron un vehículo en las inmediaciones como asemejando que era de un comando que venía a rescatarlos, pero en realidad era todo un montaje. Ahí asesinaron a las personas que estaban siendo trasladadas y ubicaron sus cadáveres en determinados lugares del campo adyacente, como para querer simular una escena de que hubo un intento de fuga que era imposible de materializar, porque por las torturas de las que fueron víctimas, las personas detenidas políticas que iban en esos Unimog estaban reducidas absolutamente en su condición humana. Es imposible que alguien con las piernas rotas se baje de un Unimog que tiene 1,20 metros de altura y corra.

 

*Esto parece calcado de lo que, también en esos días, pasó en Salta con la Masacre de Palomitas…

Sí, y esto es así porque se trató de una modalidad. Como ellos necesitaban difundir por la prensa que aún había ataques de lo que ellos llamaban “la subversión”, cuando en realidad esos sectores ya estaban prácticamente aniquilados, precisaban justificar el accionar represivo aduciendo estos falsos ataques. Entonces, al día siguiente en los diarios salía la noticia: “columna del ejército fue atacada por subversivos que fueron reducidos”.  Y así se intentaba cerrar la historia.

Fue una modalidad que se utilizó con diversos fines, ya sean psicológicos para aterrorizar a lo que ellos consideraban el enemigo interno, pero también para justificar la continuidad de las prácticas represivas. Porque si el Ejército está siendo atacado por comandos subversivos, es porque todavía existe la subversión y eso justificaría desde esa perspectiva la continuidad de todo lo demás.

 

*¿Cómo se fue desandando el camino de la versión oficial?

Una vez recuperada la democracia, por todo esto se inicia una investigación, se realiza un informe por parte de la Cámara de Diputados sobre las víctimas, se integra el caso de la Masacre de Margarita Belén al registro del Nunca Más y también forma parte de los casos llevados a juicio en el Juicio a las Juntas. Pero luego la causa sufrió lo que han sufrido todos los hechos de estas características. Es decir, la barrera que pusieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, porque todas las personas imputadas en esta masacre estaban amparadas por esas leyes.

 

*¿Qué pasó entonces?

Durante la década oprobiosa de los 90, la investigación fiscal se detuvo porque no tenía imputados a raíz de las leyes de impunidad, pero retomaron el impulso investigativo con la posibilidad de que se reabran los juicios después de que durante 2003 fueran anuladas las dos leyes y que dos años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su inconstitucionalidad (Ndr: todo esto a instancias de un proyecto de ley redactado por el Partido Comunista y la Liga y presentado por Izquierda Unida).

Pero mientras tanto nunca dejó de estar presente una persistente lucha por parte de los organismos de Derechos Humanos y de nuestro Partido, una lucha para que se reabra la causa y también para que se continúe con la investigación, aún en los momentos en que reinaba la oscuridad judicial impuesta por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, por supuesto, por los indultos.

 

*A partir de ese momento todo se va a acelerando…

Una vez anuladas esas leyes se puede reabrir la causa, porque el Estado vuelve a recuperar la capacidad de instar a la investigación penal contra las personas que estaban imputadas. Y es a partir de ahí cuando comienzan a producirse múltiples detenciones de los individuos sindicados como partícipes del convoy policial-militar. Sobre esto había información certera porque dentro del Ejecito y la Policía, en diciembre de 1976, se estableció la nómina de personas que iban a formar parte de ese convoy. Por eso es que sobre este punto no había dudas, ya que dejando asentado ese registro, ellos mismos fueron quienes sin quererlo nos dijeron quiénes fueron los que participaron.

Entonces los que aún estaban vivos de ese grupo, fueron detenidos y en los años 2009 y 2010 se desarrolló el juicio que terminó en principio con ocho condenas y la absolución del policía Chas que apelamos logrando que se revierta y que se transformara en condena. Por eso fueron condenados todos los que aún estaban vivos.

 

*¿En esa tarea realizada por usted y Pedro Dinani también se pudo dar con puntas investigativas que posteriormente permitieron avanzar en otros casos?

Fueron extensas jornadas, sesenta audiencias, lo que es muchísimo, más de un año y en esa ocasión pudimos contactar de modo directo y personal con los testimonios de las víctimas, con toda la crudeza de la exposición de las víctimas. Pero también en esa pesquisa aparecieron otros casos como el de Carlos Tereszecuk, quien fue ferozmente torturado y asesinado, en una causa sobre la que recientemente se celebró un Juicio por la Verdad, porque merced a la impunidad biológica, sus asesinos murieron sin responder judicialmente por sus responsabilidades penales.

Porque cuando se desarrolla el juicio por la Masacre de Margarita Belén, los más de cien testigos que expusieron, vinieron a contarle al Tribunal sus vivencias que en parte estaban vinculadas con ese hecho, pero también lo excedían. Entonces de los testimonios que se brindaron en ese juicio, surgieron muchos otros casos de víctimas que no estuvieron relacionadas directamente con la Masacre, pero que sí fueron víctimas del accionar represivo. Y con motivo de ello se iniciaron, posteriormente, nuevas causas vinculadas especialmente a torturas agravadas, privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad entre otras.

 

*Y también Juicios por la Verdad, tal como pasó con el caso de de Carlos Tereszecuk…

Sí. En el recorrido que hicimos por la investigación llevada a cabo por la causa de la Masacre de Margarita Belén, pudimos escuchar por primera vez sobre el caso de Carlos Tereszecuk, la terrible tortura, el asesinato y desaparición de la que fue víctima.

 

*Margarita Belén remite a hablar de un juicio, pero también de un proceso que acaba con los culpables condenados y de una búsqueda que lo tuvo al PC y la Liga como protagonistas ¿Qué enseñanza dejó ese proceso?

La primera enseñanza que nos deja es la del valor que tiene la persistencia, la necesidad de la persistencia. Los organismos de Derechos Humanos, los partidos como el nuestro, también las víctimas tienen que persistir en la búsqueda, porque si no lo hacemos nosotros, difícilmente sea el Estado el que lo haga por cuenta propia. Una vez que se persiste consecuentemente durante mucho tiempo y se reúnen las pruebas, entonces al Estado no le queda otra alternativa más que avanzar con una investigación, pero si no hay previamente esa voluntad de persistir, ese empecinamiento en que las cosas sucedan, las cosas nunca suceden.

Esta vivencia nosotros la hemos tenido durante la década de los 90 y a principios de los 2000, donde se cerraban todas las puertas y entonces había que hacer escarches, notas pidiendo la apertura de los juicios y actos para visibilizar el tema…y todas esas cosas se hicieron.

 

*Usted habló sobre “la década oprobiosa de los 90” ¿Se puede decir que ahora mismo estamos en una situación similar?

Nosotros estamos advirtiendo que son muy preocupantes los niveles de retroceso que hay en nuestro país, en términos de derecho, de soberanía y también de justicia. Por eso es que en ese contexto no tenemos que sorprendernos si los procesos de lesa humanidad se revierten, tal como están intentando hacer, pero tampoco si pretenden llevar adelante juicios bajo la carátula de lesa humanidad, contra militantes populares que en aquel momento se resistieron a la dictadura. Esto es un intento actual, muy reciente y novedoso. Están queriendo volver a la Teoría de los Dos Demonios y equiparar lo que fue la lucha popular para resistir a la dictadura con los actos de genocidio del Terrorismo de Estado.

 

*¿Ahí es donde cobra más relevancia aquello de “persistir”?

Esa es la primera conclusión, persistir, no doblegarse ni aún con vientos tan oscuros como los que están soplando ahora sobre Argentina y buena parte de nuestro continente. Sólo recordemos que a Javier Milei y tantos otros, se les suma ahora Chile, donde acaba de triunfar un candidato que levanta a la figura de Pinochet.

La segunda conclusión es que pese a que sabemos que el Estado Burgués lo único que quiere es mantenerse como tal, lo que implica mantener los privilegios de una clase social, no debemos desdeñar el espacio de lucha que significa un juicio. Porque un juicio de lesa humanidad, si bien se desarrolla dentro del Poder Judicial que es uno de los poderes de la burguesía, es una oportunidad para que podamos poner sobre la mesa la verdad, las cosas sucedidas tal como pasaron y el carácter criminal que tiene el capitalismo cuando quiere imponerse frente a un movimiento popular muy fuerte. Por eso es que no debemos desdeñar esos espacios de lucha y tener claro que gracias a eso se han logrado más 330 condenas en lo que va de las últimas décadas y más de 1200 personas fueron encarceladas, en tanto que muchas de ellas pasaron sus últimos días en prisión.

De la misma manera, hay que valorar que todo este impulso con el que se arribó a los juicios de lesa humanidad, también reafirma a la democracia en nuestro país. Si esto no hubiese sucedido así, con mayor facilidad habrían avanzado las posiciones negacionistas y de restauración de la violencia política estatal.

 

*Como cada año, hubo diferentes actividades en el Chaco para conmemorar lo sucedido en Margarita Belén

La Comisión Provincial por la Memoria es un ente autárquico creado a partir de una ley provincial que, por lo tanto, no depende del Poder Ejecutivo. La Comisión es la que convocó a los actos, junto al resto de organismos de Derechos Humanos que la integran y ahí, por supuesto, estuvieron la Liga y el Partido Comunista.

Acá, en el Chaco, el 13 de diciembre sigue siendo asueto, esto es algo que desde el gobierno provincial se mantiene incluso ahora, tal como se sostiene la posición de condena a la Masacre, pese a que el gobernador Leandro Zdero tiene una alianza con el gobierno nacional. Esto es una cuestión contradictoria pero es así y, al menos, en eso el actual gobierno sostiene una posición que es política de Estado en el Chaco y lleva varios años, aunque a diferencia de lo que venía sucediendo anteriormente, esta vez no brindó apoyo material para que quienes lo quisieran, puedieran trasladarse al acto celebrado.

 

*Para que una política de Estado se sostenga debe tener, como correlato, un sólido consenso social ¿Qué representa después de tantos años la Masacre de Margarita Belén para los chaqueños?

El juicio por la Masacre de Margarita Belén tuvo mucho apoyo popular. Dentro de las conciencias de las personas y pese a que esto últimamente recibe muchos ataques, hay un consenso general de que se trató de una masacre, en consonancia con lo que dice la sentencia. No hay una corriente que puda negar eso. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.

Acá, en el Chaco, no hay actores políticos que digan que se trata de un invento, nadie sostiene eso. Se puede decir que hay una convicción general sobre lo que sucedió en Margarita Belén y hay un conocimiento bastante amplio de lo que fue el juicio por la Masacre, ya que se le dio mucha difusión en su momento.

 

*¿Esto corrobora aquello que conceptualmente señala la fórmula que enlaza Memoria con Verdad y Justicia?

Sí. Generalmente en la sociedad se le da trascendencia a una sentencia. Se hizo un juicio y hubo sentencia condenatoria reconociendo el hecho. Esto es algo que pasó por tres filtros judiciales: el Tribunal Oral Federal que dictó la sentencia, la Cámara Federal de Casación que trató las apelaciones y la Corte confirmando los fallos…coincidieron tres estadios procesales que le dieron solidez al caso y esto está asimilado así. Y también demuestra que esa fórmula no se equivoca, porque vale la pena militar para que la Memoria no sea borrada, también trabajar para que se conozca la Verdad y, en ese sentido, conseguir que se haga Justicia.

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El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos denunció que el proyecto que intenta imponer el gobernador de Santa Fe es inconstitucional y representa “un gran retroceso en materia penal”. Entre sus propuestas, alertó, se pretende avanzar en “zonas de intervención policial especial” donde regiría un virtual Estado de Sitio.

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Se trata de la desaparición forzada de Alberto Agapito Ledo, hecho acontecido el 17 de junio de 1976 en Monteros, Tucumán, donde estaba cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio y por el cual había sido sobreseído el ex jefe del Ejército, César Milani, pese a las pruebas en su contra aportadas por la querella a cargo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. 

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Con el caso del militante comunista Gabriel Braunstein entre los hechos investigados, comenzó en Córdoba un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. El proceso vuelve a poner de relieve el ensañamiento de la dictadura contra el PC. Pese al negacionismo del gobierno de Milei, la lucha de familiares y organismos de derechos humanos continúa abriendo caminos para la memoria, la verdad y la justicia.

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Comenzó en Río Cuarto el juicio contra veinte genocidas acusados de perpetrar crímenes como el secuestro y la desaparición del militante del Partido Comunista Gabriel Braunstein, cuya trayectoria “es fundamental rescatar, porque su condición y convicción de comunista es lo que lo llevó a arriesgar su vida”, sostuvo Solana López, dirigente del PCA y una de las fundadoras de HIJOS en esta localidad cordobesa. Por otra parte, hoy se conoció la identificación de los restos de otros ocho compañeros detenidos-desaparecidos en La Perla, entre ellos, los de la militante comunista Mónica Protti de Guillén.

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Ante las nuevas demoras, la Ctera se dirigió al Tribunal Oral Federal de Tucumán para exigir el urgente adelantamiento de prueba testimonial en la causa que investiga los crímenes cometidos la noche del 24 de marzo de 1976 contra los docentes Isauro y Arturo Arancibia, con los que se dio inicio al genocidio perpetrado por la última dictadura. Esta medida “agrava el escenario de impunidad que se continúa arrastrando hace más de cincuenta años”, denunció la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.

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La localidad de Nacate homenajeó al conscripto y militante guevarista riojano Alberto Ledo, desaparecido en Tucumán, con una señalización en la casa de sus raíces familiares y una calle con su nombre. La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja estuvo presente en el acto y su titular, Rogelio de Leonardi, recordó la responsabilidad que en la desaparición de Ledo tuvo César Milani, a quien recientemente se le revocó su absolución en la causa y puede volver a ser juzgado.

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Copete: Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, cuestionó la falta de información sobre el operativo de traslado que comenzó sin aviso previo a familiares, defensores y organismos de control. También advirtió sobre la interrupción de las trayectorias educativas de los detenidos, la incertidumbre sobre el futuro del Centro Universitario de Devoto y el aumento de la población carcelaria.(*)

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Casi medio siglo después, Italia sigue reclamando la extradición de un exmilitante de las Brigadas Rojas. El caso expone las grietas de una justicia que juzga en ausencia y las paradojas de un pasado revolucionario que nunca terminó de procesarse.

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Se celebró el Día de la Identidad Villera en el Barrio Padre Mugica, un luchador que constituye “un faro en esa lucha eterna por nuestra dignidad”, tal como lo sostuvo la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y vecina del Barrio Cildáñez, Rosa Herrera, quien también destacó la lucha y resistencia de los vecinos de las barriadas populares. En este marco, volvió a repudiarse la campaña de estigmatización que emprende el gobierno porteño con operativos como Tormenta Negra contra los habitantes de las villas de la Ciudad.

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Lo hicieron los organismos de Derechos Humanos de Salta durante un acto en el que se hizo hincapié en que para honrar la memoria de quienes cayeron durante la Dictadura hay que luchar contra las injusticias de hoy.

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La Cámara Federal de Casación Penal de nuestro país rechazó un recurso que, invocando el principio de jurisdicción universal, había sido presentado por familiares y víctimas de ataques y crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas de Israel contra la población civil palestina durante la operación “Plomo Fundido” y la represión a “La Gran Marcha del Retorno”, hechos que tuvieron lugar en las últimas dos décadas en la Franja de Gaza.

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Hoy, 2 de octubre, se cumplen 51 años del secuestro de Graciela Pane y ayer se inauguró en la sede de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional una muestra en  homenaje a esta estudiante y militante de la FJC asesinada por la Triple A, para “mantener presentes sus valores, sus convicciones y el compromiso social que defendió a lo largo de su vida”.

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Es lo que exige la Liga Argentina por los Derechos Humanos mientras con su Tormenta Negra 2, el macrismo en CABA“hace campaña electoral a costa de la dignidad de las personas trabajadoras de villas y barrios populares”. De esta manera, advierte la Liga, desde la dercha “invocan la lucha contra el delito para perseguir a los más humildes”.

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El abogado de la familia de Rafael Nahuel, Rubén Marigo, dialogó con Nuestra Propuesta a poco de conocerse la decisión de Comodoro Py, que redujo considerablemente las penas de los asesinos del joven mapuche y levantó la inhibición que pesaba sobre ellos para que vuelvan ponerse el uniforme de Prefectura, portar armas y, por qué no, volver a disparar por la espalda.

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Fue llevado a cabo en la localidad bonaerense de San Fernando y contó con la presencia de la titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Iris Pereyra de Avellaneda, y del Secretario Político del PC de la provincia de Buenos Aires, Christian Poli. La tarea de Viaggio en plena dictadura fue determinante para que en 2009 se condenara a los genocidas responsables del secuestro y la desaparición del Negrito Avellaneda. 

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Se trata de una pregunta que retumba a veinte años de su segunda desaparición forzada. “Sin justicia para Julio López no hay democracia”, advirtió el Partido Comunista. Por su parte, la Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Iris Pereyra de Avellaneda, recordó que “su testimonio fue conmovedor y definitorio para que se condene al genocida Etchecolatz”.

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Con actos y marchas se honró en todo el país a las víctimas de La Noche de los Lápices. La Plata y la Ciudad de Buenos Aires fueron escenarios centrales de una movilización masiva a nivel nacional. Mientras que el CEFMA fue sede de una actividad política-cultural con la presencia del Chango Spasiuk. Desde Paraná, donde una semana atrás la policía quiso llevarse detenidos a estudiantes secundarios que convocaban a marchar para esta fecha, el PC y la FJC sostuvieron que es indispensable “sostener viva la memoria, reivindicar las luchas estudiantiles y seguir defendiendo la educación pública y los derechos humanos”.

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Los organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Liga, remarcaron que los dichos con los que Milei reivindicó recientemente en un foro internacional de ultraderecha en Santiago al genocida chileno “no representan al pueblo argentino”.

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Este miércoles 16 de septiembre, en todo el país, se estarán realizando marchas y actos para conmemorar el 50 aniversario de La Noche de los Lápices. En  CABA, el CEFMA  organiza una actividad política-cultural que contará con la presencia de Luis Favero, sobreviviente del operativo que el Terrorismo de Estado desplegara hace medio siglo en la ciudad de La Plata contra el movimiento  estudiantil secundario, y de la autora del libro “La Risa de Dios.”, Teresa Castillo, que retrata en versión novelada aquellos acontecimientos. Precisamente Castillo(*), reflexiona sobre esta fecha en la siguiente columna para Nuestra Propuesta y alerta sobre la continuidad histórica que existe entre las políticas de la dictadura y las del gobierno de Milei. 

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Sucedió en Santa Rosa cuando personal policial molió a golpes a un joven luthier. Testigo de parte del hecho, el Secretario Político del PC de La Pampa, Sergio Ibaceta, habló sobre este episodio “de violencia inaceptable” que “es acorde con los tiempos que estamos viviendo con el gobierno de Javier Milei y su autoritarismo fascista que propicia la crispación social”.

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La Liga Argentina por los Derechos Humanos se pronunció al respecto de la entrada en vigencia de la aplicación de la ley que habilita la punibilidad a partir de los 14 años y advirtió que esta medida vulnera los derechos que asisten a las infancias y adolescencias. La aplicación de la norma fue suspendida por sesenta días en el territorio bonaerense por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien soporta una persecución política ordenada por el gobierno de Milei.

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Así se pronunció el Partido Comunista de Entre Ríos al repudiar el operativo policial decidido por Rogelio Frigerio y su ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, en el que se atacó a militantes que invitaban a las actividades previstas para conmemorar el 50 aniversario de La Noche de los Lápices en Paraná.

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La Justicia pondrá bajo la lupa la complicidad empresarial en la dictadura. Mañana 10 de septiembre arranca en el TOF 2 de La Plata el juicio con debate oral contra Emilio Parodi, jefe de Personal de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda entre 1974 y 1979, acusado de partícipe necesario en el secuestro de tres trabajadores aceiteros el 7 de julio de 1976. Los tres siguen desaparecidos. El caso reabre el debate sobre el rol de las empresas en el Terrorismo de Estado.(*)

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La Liga Argentina por los Derechos Humanos advirtió que con lo anunciado en la cadena nacional del jueves pasado, el gobierno pretende reforzar el presupuesto y el papel de las Fuerzas Armadas y la Side. “Milei habla abiertamente de la Doctrina de Seguridad Nacional y todo esto no puede dejar de recodarnos a la Dictadura”, afirmó la Liga y agregó que la postura adoptada por el presidente argentino “tiene muchos puntos de contacto con la que en 1982 tuvo Leopoldo Fortunato Galtieri”.

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En el marco del Programa Esquinas por la Memoria, la Comisión Memoria Verdad y Justicia de San Martin señalizó con el nombre del militante ferroviario comunista a la esquina de Bolivia y Jujuy, ubicada a pocos metros de la estación Malaver, donde Vázquez fue secuestrado y desaparecido el 4 junio de 1976.

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Así definió Iris Pereyra al homenaje que la comunidad educativa de la Escuela Bernardino Rivadavia de Vicente López le brindó ayer a su hijo Floreal Avellaneda. Ahí “El Negrito” cursó la primaria y en la vereda del colegio fue emplazada una Baldosa por la Memoria que lo recuerda. “En 1976 con el golpe de Estado hubo un verdadero exterminio y ahora hacen lo mismo por medio del hambre” resaltó Iris y afirmó que mientras “muchos de los que dicen que son opositores están durmiendo la siesta, el momento para sacar de cuajo a quienes son los responsables de todo esto es ahora”.

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Se cumple hoy un nuevo aniversario del momento en que una banda fascista disparó contra el militante del Partido Comunista tucumano hiriéndolo de muerte. “Fue un crimen impune del bussismo”, recalcó el titular del PC de Tafí Viejo, Juan José Palacios.

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La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires le puso el nombre de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al auditorio ubicado en su sede central, en la ciudad de La Plata.

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Su médico personal, Jorge Rachid, hizo saber que la líder de la Tupac Amaru que desde hace más de diez años es una presa política, “está mal” y añadió que se encuentra “muy frágil y rota, apagó el teléfono y no quiere hablar con nadie”. La libertad de Milagro es una gran deuda pendiente de esta democracia restringida.

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