De esta manera categórica, la magistrada Alicia Vence dictó ayer sentencia en el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de José León Suárez. Si no hubiera ganado la impunidad biológica, Aramburu y Rojas hoy irían presos. “Es el reconocimiento a la lucha y resistencia de los sobrevivientes y sus familiares”, recalcó al celebrar esta conquista Víctor Hugo Gómez, dirigente del PC y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de San Martín, quien fue testigo por la querella.
Bar Rivadavia, 9 y 54, La Plata. Es diciembre de 1956. Rodolfo Walsh está jugando una partida de ajedrez en una de sus mesas después de una extensa jornada de trabajo como corrector y traductor. Entre cervezas, en la mesa de al lado dos hombres hablan con sigilo. Él trata de concentrarse en la siguiente jugada pero no puede evitar escuchar la conversación. “Hay un fusilado que vive”. El comentario hacía alusión a Juan Carlos Livraga, sobreviviente de la Masacre de José León Suárez. Esa frase sería el disparador que lo llevaría a iniciar la investigación periodística que luego derivó en la novela “Operación Masacre” y que cambiaría su vida para siempre.
El “fusilado que vive”, Livraga, testimonió la semana pasada a sus 94 años en el Juicio por la Verdad en la causa por los fusilamientos ejecutados la madrugada del 10 de junio de 1956 en un basural de la localidad bonaerense de José León Suárez por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, surgida tras el golpe de Estado que el año anterior había derrocado al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Lo hizo mediante una declaración por escrito que envió desde California, Estados Unidos, donde reside hace varios años. “Ese respira, ¡tírenle!”, narró en su testimonio que le escuchó decir a uno de los verdugos luego de caer sobre un charco tras la primera balacera. El que iba a ser su tiro de gracia, le rozó la nariz. Contó que luego se durmió y despertó con un fuerte dolor de cabeza en un jeep, camino al hospital. Tras haber nacido de nuevo estuvo preso un par de meses hasta que lo soltaron bajo amenaza. Setenta años después, la jueza Alicia Vence del Juzgado Federal 2 de San Martín sentenció que los crímenes de aquella noche fueron y siguen siendo delitos de lesa humanidad.
La noche del 9 de junio del 56 doce personas, de las que once participaban de un intento de sublevación que encabezaba el general Juan José Valle para restablecer el orden constitucional, fueron secuestradas y fusiladas en un procedimiento en el que resultaron asesinados Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso; mientras que lograron sobrevivir Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta, Julio Troxler y Juan Carlos Livraga. Livraga no formaba parte de la resistencia peronista, era chofer de colectivo y había sido “chupado” por error cuando se encontraba viendo una pelea de boxeo en la casa de Rodríguez, amigo suyo del barrio, de donde se lo llevó a la fuerza la policía. Aunque luego haría de la lucha contra el olvido y la impunidad una causa de vida que comenzó con su encuentro con Walsh para la primera investigación que sacó a la luz estos hechos.
Pasaron siete décadas y el ciclo de la vida favoreció a los responsables materiales y políticos de estos fusilamientos, que murieron sin ser juzgados pero cuyos crímenes nunca fueron olvidados. El tesón de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, junto a la militancia de diferentes sectores reunidos en la Comisión por la Memoria de San Martín, logró que se llegara a este Juicio por la Verdad que concluyó ayer con la sentencia de la jueza Alicia Vence, quien categóricamente dictaminó que los dictadores José Pedro Aramburu e Isaac Rojas y los demás participantes de la Masacre, entre ellos los policías bonaerenses Rodolfo Valenzuela, Esteban Fernández Suárez, Salvador Rodríguez Moreno, Juan Carlos Desanti, Nicolás Mara y Juan Rotger; fueron culpables de cinco homicidios agravados y de siete intentos de homicidio, por lo que si vivieran les hubiera correspondido la pena máxima prevista en el Código Penal: prisión perpetua.
Se trata de un fallo histórico, ya que el Juzgado Federal 2 de San Martín que durante tres días sesionó en el Auditorio Hugo del Carril, en los predios recuperados por la municipalidad que están ubicados donde antiguamente estaba el descampado en el que tuvieron lugar los fusilamientos, no sólo deja en claro quiénes fueron penalmente culpables del hecho, sino que responsabiliza al Estado argentino por la planificación y ejecución de los crímenes del 10 de junio de 1956 y, en tal sentido, ordena que se realicen diferentes acciones de reparación y memoria para las víctimas.
La sentencia, que fue dictada en el marco del expediente 41.041, da por acreditado que durante la madrugada de aquel fatídico 10 de junio, en cumplimiento de órdenes impartidas por el entonces titular de facto del Ejecutivo, Pedro Eugenio Aramburu, y de su vice, Isaac Francisco Rojas, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida arrancando de ahí a doce personas a las que, después de trasladar a la comisaría de San Martín, llevaron hasta un descampado donde se perpetraron los fusilamientos.
Entre quienes prestaron testimonio por la querella estuvo el referente del Partido Comunista bonaerense y ex preso político Víctor Hugo Gómez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de San Martín, quien fue taxativo al señalar en diálogo con NP que este proceso “es importante por varias razones”, ya que significa “el reconocimiento a la lucha y resistencia de los sobrevivientes y sus familiares, particularmente sus hijos que en el momento de los asesinatos eran chicos y que ahora, los que quedan entre nosotros, reciben este fallo que aporta a que no se pierda la Memoria”.
Gómez reconoció también la tarea de los abogados y del resto de integrantes de la Comisión, “que han logrado hacer una buena investigación que permitió que esto avance”. Y, al respecto, recordó especialmente la incansable labor de Evita Morales, una integrante clave de la Comisión que falleció hace tres meses, “una compañera cuya lucha hay que mencionar, tal como lo hacemos con todo el trabajo colectivo”.
Otro aspecto saliente del fallo en el que se detuvo Gómez, es el hecho de que la jueza plantea que “esto sea declarado de Interés Legislativo en el Municipio de San Martín y por la Provincia de Buenos Aires”. Asimismo, destacó que lo resuelto por la magistrada Vence “da pie para que se motoricen procesos similares en otras jurisdicciones donde hay casos similares”. Algo que ya tuvo eco inmediato en La Plata, donde la semana pasada la intendencia patrocinó a los familiares de Oscar Lorenzo Cogorno, Alberto Juan Abadie, Rolando Zanetta, Ramón Raúl Videla y Carlos Irigoyen en la presentación de una denuncia ante el Fuero Federal local, por la que se busca que se investiguen sus ejecuciones sumarias, perpetradas en el contexto del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, al tiempo que se solicita la apertura de un Juicio por la Verdad.
Un cachetazo a la impunidad
“Este fallo además representa un cachetazo para Carlos Saúl Menem y sus funcionarios”, recalcó Gómez y recordó que cuando era presidente, Menem recibió en Casa Rosada a Rojas, “abrazando al principal responsable de estos fusilamientos y del bombardeo a Plaza de Mayo de junio de 1955 que dejó un saldo de, al menos, 350 personas asesinadas, entre ellas varios pibes”.
También recordó particularmente el caso de uno de los asesinados en la Masacre de José León Suárez, Nicolás Carranza, quien trabajaba como camarero en el Ferrocarril Belgrano. “¡Cómo hemos retrocedido, en esos años teníamos trenes con camarotes y vagón comedor...hoy el gobierno está regalando las vías y casi no tenemos trenes!”, reflexionó el dirigente comunista y añadió que quienes perpetraron esos delitos de lesa humanidad “son los mismos que con sus políticas de entrega hicieron que el país retroceda muchos años”, algo que, agregó, “debe convocarnos como sociedad a que reflexionemos y podamos discutir qué proyecto político de país necesitamos”.
La jueza del caso también instó a que el material surgido de este Juicio por la Verdad sirva como insumo para las currículas de los establecimientos educativos, “junto al libro de Rodolfo Walsh Operación Masacre y todo lo que se pueda sumar sobre este tema”. De este modo, le dio un espaldarazo a una tarea que desde la Comisión y, puntualmente Gómez, vienen haciendo militantemente hace varios años. “Venimos realizando charlas en los colegios, últimamente con Daniel Brión, que es hijo de uno de los asesinados, con quien hablamos con los estudiantes acerca de lo que sucedió y de todo el proceso posterior, sobre la Proclama del general Valle, que es para tenerla en cuenta porque ya en ese momento advierte sobre los peligros del capitalismo”.
El juicio que culminó ayer tiene antecedentes inmediatos en los sustanciados meses atrás en el Chaco por los casos de la Masacre de Napalpí contra los pueblos originarios Quom y Mocoví en 1924 y de la desaparición forzada y asesinato del militante misionero Carlos Tereszecuk en 1976, pero también permite trazar un hilo conductor entre diferentes momentos en los que para imponer sus intereses de clase, el poder real echó mano al Terrorismo de Estado. “Es un antecedente muy importante que marca jurisprudencia, algo que va a facilitar que avancen otros juicios de este tipo”, dijo Gómez que como militante del PC no ocultó su orgullo por haber formado parte de la lucha que permitió que se llevara adelante este proceso.
