“Esto es un triunfo de los que luchan” definió Silvano Frutos desde el Partido Comunista de Tucumán. El proceso judicial que se desarrolla en su provincia por la apropiación del nieto recuperado 128, Marcos Ramos, y de su hermano Elías, que logró escapar de chico de sus apropiadores, tiene al represor y ex capitán del Ejército Carlos Alberto Vega sentado en el banquillo de los acusados.
Continúa en Tucumán el juicio por la apropiación del nieto recuperado 128 y por la sustracción de su medio hermano. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Tucumán y es el decimoséptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia en esta provincia norteña y el segundo vinculado a la apropiación de menores. En este caso, el represor que se sienta en el banquillo de los acusados es el ex capitán del Ejército Carlos Alberto Vega.
Se trata de un juicio que busca determinar las responsabilidades penales que Vega tiene en los hechos de sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de identidad perpetrados contra Marcos Eduardo Ramos y su medio hermano mayor, Elías Ismael Suleiman. Marcos recuperó su identidad en 2018 y pudo saber gracias a la incansable búsqueda de Elías y de Abuelas de Plaza de Mayo, junto al excelente trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que era hijo de Rosario del Carmen Ramos y Pastor Dante Campos, ambos desaparecidos, y reencontrarse por fin con su hermano. Al declarar recientemente en el juicio, sintetizó que lo que vivió en la casa de sus apropiodores “fue un infierno”, y contó que allí sufría reiterados castigos psicológicos y físicos, que incluían latigazos en la espalda.
Tras ser llevados de San Miguel, donde fueron secuestrados, a una casa en Tafí Viejo, los hermanos fueron separados. Elías, ocho años mayor que su hermano, logró huir, pero Marcos fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, personal civil de Inteligencia, quien lo inscribió falsamente como hijo suyo y de su esposa, Ilda Sánchez, ambos ya fallecidos. En tanto, la fiscalia sostiene que Sánchez y su esposa actuaron bajo las órdenes y con el aval de Vega, actual imputado. Este delito imprescriptible tuvo lugar durante 1976 en la capital tucumana cuando este genocida se desempeñaba como jefe de Actividades Especiales del Destacamento de Inteligencia 142.
Precisamente desde esa provincia, el dirigente del Partido Comunista local Silvano Frutos destacó “el significado que tiene la realización de un nuevo juicio de este tipo en la provincia donde fue el Operativo Independencia, ese ensayo de la represión del Terrorismo de Estado”. Por lo que “es relevante que cincuenta años después se sigan esclareciendo casos y juzgando a los represores”. Algo que, de todos modos, reclamó que “debería haber pasado hace muchos años”.

Por sobre todas las cosas, Frutos hizo hincapié en “el significado positivo de todo esto, que deja ver que todavía y pese a todos los años que han pasado, hay un espíritu, una reivindicación de lo que se sintetiza en Memoria, Verdad y Justicia”. Sin embargo, advirtió que “no debemos dejar que esas palabras sean vaciadas”, más aún cuando el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel pretende desandar aquello que la lucha popular consiguió en materia de Derechos Humanos.
En tal sentido, subrayó que la lucha contra el gobierno incluye, por supuesto, y aunque desde distintos sectores pseudo opositores hoy coqueteen con ella, a la vicepresidenta Villarruel, “quien quiere presentarse como ‘opositora’ y es una fascista que reivindica a la dictadura y a esa casta militar que nace de un concepto de clase oligárquica que, por lo tanto, está en contra de todos los trabajadores y por eso odian al comunismo”.
Luego de insistir con que “hay que tener cuidado con quienes quieren presentar a Villarruel como una alternativa”, puntualizó que el juicio que tiene a Vega en el banquillo “es un pequeño triunfo de los luchadores, de los pobres, los trabajadores y los excluidos”. La lucha se abre paso entre el negacionismo y hace avanzar a la Memoria. Aunque haya algunos que quieran borronearla y sumar a una supuesta alternativa frentista contra el gobierno a uno de los máximos exponentes de la política nacional que, cincuenta años después, siguen reivindicando la dictadura genocida: nada menos que a la vicepresidenta Victoria Villarruel.