Diferentes organizaciones piden que sea declarada la inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Entre ellas está Suteba, cuya subsecretaria de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Alba Werenchuk, advirtió que la norma “apunta a criminalizar a los menores pobres”.
“Repudiamos esta ley porque apunta a criminalizar a los menores pobres”, señaló la subsecretaria de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del Suteba, la integrante de La Violeta Alba Werenchuk, al referirse a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Esta ley, que establece un régimen que permite fijar penas a partir de los 14 años, fue sancionada por el Congreso pocas semanas antes de que se cumpliera el 50 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar. Werenchuk, en nombre del colectivo que impulsó la campaña No a la Baja y que ahora lucha por declarar la inconstitucionalidad de la reforma regresiva y punitivista aprobada, señaló que pese a no contar una correlación de fuerzas favorable en el Congreso Nacional “vamos a militar para que se caiga”.
Sus declaraciones tuvieron lugar a poco de que Suteba fuera una de las organizaciones que se dio cita en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria para dar a conocer detalles acerca de la presentación judicial que hizo un grupo de defensorías públicas que pretenden que se declare la inconstitucionalidad de esa norma. Entre otros aspectos reaccionarios, esta norma habilita que sean llevados a prisión jóvenes desde catorce años de edad. Para sumarse al repudio a esta avanzada que acentúa la criminalización sobre adolescentes que el mismo sistema capitalista margina y sumar respaldo a la iniciativa de declarar la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ante la Comisión Provincial por la Memoria también se dieron cita la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la CTA Autónoma, el Instituto Gino Germani de la UBA, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Foro por los Derechos de la Niñez, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y Defensa de los Niños Internacional.
Al respecto de este tema y de la disputa que protagoniza el Suteba, Werenchuk añadió que desde la asunción presidencial de Javier Milei, “las políticas de destrucción del Estado Nacional han avanzado de manera muy brutal y tienen una particular incidencia en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, por cual “los niños, niñas y adolescentes padecen día a día todo este deterioro que alcanza no sólo al sistema educativo, sino también al acceso a un sistema sanitario que atienda la salud física y la mental”.
Tras lo cual puntualizó que “este vaciamiento y ajuste se ve también en lo inherente a programas vinculados a políticas de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, algo que ha provocado empobrecimiento y ruptura de lazos sociales de contención, porque se han cerrado muchos programas que se vehiculizaban a través del sistema educativo”, como por ejemplo, indicó, “aquellos vinculados a la tecnología, la cultura, el arte y el deporte”.
En tanto que recalcó que “todo esto genera una falta de expectativas para, niños, niñas y adolescentes, al tiempo que afecta a las comunidades educativas”, por lo que “estos chicos quedan expuestos a la cooperación y manipulación de bandas criminales y esto es utilizado por el gobierno nacional para profundizar un sistema punitivista”. Asimismo, alertó que “esa desprotección va a hacer que los menores pobres, porque esto afecta fundamentalmente a las barriadas populares, sean los victimas de esta reforma nefasta que quiere implementar el gobierno fascista de Milei”.
Cabe recordar que oportunamente Sutba dio a conocer un documento en el que plantea por qué se opone a esta ley, en el que subraya que la misma “viola el principio de no regresividad vigente en el derecho internacional de los derechos humanos: no se puede retroceder en un derecho ya adquirido”. Mientras que también indica que hace lo propio con “la prohibición enunciada por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos que integran tratados con jerarquía constitucional”. Finalmente, el documento del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires con el que fijó posición respecto a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, aclara que el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes menores de dieciséis años “es ínfimo”, por lo que la medida “no resuelve la inseguridad y profundiza la estigmatización”.
