Periodistas

“¡Recuerdo eterno al héroe de la lucha contra la infección del nazismo, que debemos vencer!”, postuló el Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa al rendir homenaje al periodista Rostislav Zhuravlev (foto), quien fue asesinado por bombas de racimo cuando se desempeñaba como corresponsal de guerra de la agencia de noticias RIA Novosti en la zona del Donbass.

Ante esto, el presidente Vladimir Putin, concedió al periodista la Medalla al Valor a título póstumo, que es una de las más altas distinciones que entrega la Federación Rusa, una medalla de tipo militar que viene desde la época soviética y se concede a civiles a los que se reconoce el coraje demostrado en combate.

Como se recordará, el 7 de julio pasado el presidente de EE.UU., Joseph Biden, oficializó el suministro de bombas de racimo al régimen de Kiev y, poco después, el vocero de la Casa Blanca, James Kirby, aseguró que las fuerzas que responden a Volodímir Zelenski ya las estaban utilizando “de manera eficaz” contra las líneas defensivas rusas.

Este tipo de proyectil está diseñado para estallar cuando impacta contra el suelo, pero también cuenta con un dispositivo que libera y dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas en una amplia zona. Muchas de ellas no detonan inmediatamente, por lo que acaban enterradas y pueden estallar después de varios años cuando alguien las pisa, toca o mueve.

De acuerdo a la organización Handicap International, cuyas investigaciones son referencias sobre este tema, entre el veinte y el treinta por ciento de las bombas de racimo que fueron disparadas en diferentes puntos del planeta durante casi ocho décadas, no estallaron en el momento de su utilización.

Durante los últimos 75 años, sólo 23 gobiernos usaron este tipo de armamento y lo hicieron en 41 países, de los que los casos paradigmáticos son Laos y Camboya. Y, en este contexto, 123 formaciones estatales firmaron la Convención de Oslo sobre Municiones en Racimo, que prohíbe “todo tipo de uso, producción, almacenamiento y transferencia de estas armas”. Washington y Kiev no suscribieron el acuerdo.

Significativamente, entre los firmantes, aparecen socios de Ucrania y EE.UU. como Gran Bretaña y Francia que ante el empleo de este armamento letal en territorio europeo, con singular hipocresía, coincidieron en señalar que comprenden la decisión tomada por Washington “en su deseo de ayudar a Ucrania”.

Se trata de gobiernos que como los de Londres y Paris se presentan como una suerte de “campeones de la libertad de prensa”, pero que ni siquiera cuestionan el ataque perpetrado por el régimen de Kiev contra el vehículo identificado como perteneciente a una cadena de noticias, que le costó la vida a Zhuravlev.

Pero tampoco alzan sus voces para denunciar la situación que atraviesa el periodista español, Pablo González, que desde hace dieciséis meses es prisionero del gobierno de Polonia, que lo detuvo cuando llevaba a cabo su tarea profesional cerca de la frontera polaco-ucraniana, en la localidad de Przemysl.

Aunque no pudo aportar ni una sola prueba que avale sus argumentos ni haya hecho una acusación formal, el régimen que encabeza Andrzej Duda, lo tiene encarcelado en una unidad especial ubicada en las proximidades de la ciudad de Ramdom, donde debe permanecer aislado en una celda sin luz natural durante 23 horas al día y la hora restante sólo accede a un patio donde no se ve el sol. Durante todos estos meses sólo se le permitió ver a su compañera, Oihana Goiriena, en dos ocasiones.

Informalmente, lo acusan de ser espía al servicio de Rusia ¿Por qué? Sencillamente porque es español pero también ruso, simplemente por ser descendiente de uno de los niños que la Unión Soviética rescató del fascismo en el ocaso de la guerra civil española. Pese a esto, el Gobierno español que encabeza Pedro Sánchez, poco y nada hace para lograr que su socio en la UE y la Otan, Andrzej Duda, libere al periodista Pablo González antes de que sea demasiado tarde.