¿Qué pasa con la energía?

“Argentina necesita una planificación energética urgentemente, en línea con un proyecto de país que centre su desarrollo en el trabajo nacional y, necesariamente, en su industria”, es lo que concluye el Ingeniero Electricista y dirigente del Partido Comunista de San Luis, Juan Larrea, quien el miércoles que viene va a ser uno de los expositores del coloquio titulado “Infraestructuras, sus redes en crisis” organizado por la Multisectorial Federal en el marco de su Universidad Popular de Invierno 2025.

En la oportunidad, Larrea estará acompañado por el ingeniero Bruno Capra, el Ingeniero en Construcción y Vías de Comunicación, Hugo Alberto Varela, y la doctora en Geografía Celmira Esther Rey quien se desempeña en el Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Unne. Respecto a los tópicos que convocan a este coloquio, Larrea sostuvo que “dar un punto de vista sobre tal tema en la Argentina, significa definir qué tipo de país pensamos desarrollar, en definitiva, sobre qué modelo”, por lo que resulta preciso “tener en cuenta donde estamos parados y cuántos somos”, ya que “estamos sobre 2,78 millones de km2, solo en el continente americano, siendo el sector Antártico reclamado de 1462 km2, estimando una poblacional a fines del presente año, de 47,68 millones de habitantes”.

Sobre estos datos “se debe concluir que si le reconocemos a esa población y a su descendencia el derecho a una vida digna y que se logra sobre la base de la plena ocupación laboral, el papel de la energía suministrada en tiempo y forma, es la única manera de que tal objetivo pueda ser asegurado”. Y, añade, “lograrlo implica el abandono del actual modelo de desarrollo ‘extractivista’ en todas sus versiones: agropecuaria, minera y/o de combustibles u otros energéticos de diverso origen”.

Por lo que “ello significa sostener, a toda costa, un modelo industrial” y vuelve necesario “tener claro que el objetivo trazado por la burguesía local carece de propuestas de trasformación productiva en el territorio nacional y solo fija su objetivo de realizarla en el extranjero, o sea, no haciendo uso de la mano de obra nacional”.

Queda claro entonces, puntualiza Larrea, que para el actual gobierno nacional, tal como pasó con algunos anteriores, “los intereses de esa clase social y los de sus similares del extranjero solo tienen como objetivo saquear las riquezas producto de nuestro suelo y nuestro trabajo”.

Así las cosas, el dirigente comunista resalta que “los energéticos argentinos deben ser usados, en primera instancia, para su permanente desarrollo industrial y el uso directo de su población, todo ello sujeto a un plan dentro del cual y solo luego de ser satisfecho tal objetivo planificado, dedicar el resto al mercado internacional”. Entonces, “queda claro que tal planificación debe ser estatal y el aseguramiento de su realización y control de desarrollo debe también estar en sus manos, lo cual no indica la inexistencia de empresas del rubro tanto nacionales como extranjeras, pero sí la presencia de la empresa de Bandera con tamaño y acción mayoritaria en los procesos y capacidad de monitoreo en las actividades de sus socios”.

Por otra parte, al referirse a la evolución de la matriz energética argentina entre 1990 y 2019, Larrea explicó que en lo inherente a combustibles fósiles pasó de 50 a 63 por ciento, la hidráulica de 43 a 20, la renovable de 0 a 13, la nuclear de 7 a 4 por ciento. Y añade que “esto con un parque instalado en condiciones de generar con la siguiente distribución porcentual: térmica fósil 63 por ciento, hidráulicas 25, renovables 13 y nuclear 4 por ciento”.

Con este panorama, subraya que “esto da una idea del uso del recurso, básicamente desde 1907 con el descubrimiento del petróleo, la entrada en servicio de las grandes centrales hidráulicas en los 80, el agotamiento del yacimiento de gas convencional de Loma de la Lata 2004, la interrupción de las exportaciones por tubo a Chile e importación, por el mismo medio, del fluido boliviano; el descubrimiento del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, la imposibilidad de satisfacer la demanda nacional, con picos de 156 millones de metros cúbicos de gas por día cuando no puede transportar más de 11 millones de m3 diarios el gasoducto Néstor Kirchner, a causa de las obras inconclusas por decisión de la actual administración de gobierno nacional”.

A todo esto, enumera Larrea, se le suma “ la baja de producción por resolución de las petroleras, caso de Aguada Pichana y La Calera, la suspensión de los acuerdos con Petronas para la construcción de una planta de licuefacción en Bahía Blanca y su reemplazo por barcos licuefactores en Punta Colorada, donde nada existe, no cumpliendo tampoco una función industrializadora, sino solo exportadora sin valor agregado porque los barcos no son argentinos, mientras las plantas en tierra sí, lo cual obligará a la construcción de ductos dedicados a la exportación”. Esta situación, para el ingeniero Juan Larrea, no hace más que poner de relieve “el perfil desindustrializador de la actual administración gubernamental, para la cual sobran 30 millones de habitantes”.

Conclusión

Así las cosas, el dirigente del PC y ex diputado provincial puntano, afirma que “con el actual equipamiento no se puede garantizar el gas para el uso interno, ya que no existe la compresión suficiente ni la cantidad necesaria como para que este fluya”. Por lo tanto, precisa Larrea, “la producción va a la baja”. Y esto lo demuestra apoyado en cifras, ya que disminuyó la producción diaria promedio de 154 a 137 millones de m3 por día entre agosto del 24 a abril del 25, “período en el cual YPF abandonó sus inversiones en los campos maduros” contextualiza Larrea y añade que “esta situación obligó a importar GNL a precios del día superiores a 47 dólares por millón de BTU(Ndr: medida universal utilizada para cuantificar la energía que se libera al quemar gas natural), cuando el máximo autorizado era de ocho dólares por millón de BTU, siendo el costo real del extraído de Vaca Muerta del orden 2.3 dólares por cada millón de BTU”.

Por eso es que sin durarlo denuncia que “estos números evidencian que está en juego un verdadero saqueo que se expresa en costos industriales y residenciales no competitivos a los del orden mundial, duplicando los valores históricos de la Unión Europea” y explica que “en 2015 el valor promedio del MWH (Megavatio por hora) en Argentina fueron de 71 dólares, mientras que en Europa los más bajos oscilaban entré 20 y 30 dólares y los más caros entre 45 y 55”. Entonces, insiste Larrea, “no se trata de cuadros tarifarios sino de un saqueo planificado”.

Con relación a las energías renovables, apuntó que desde 2009, “GENREN, ley 26190, (Ndr: un proyecto que buscaba impulsar la generación de energía renovable en Argentina),  enfrentó obstáculos que impidieron su pleno cumplimiento y se fijó un objetivo de consumo sobre esta base de 8 por ciento en 2018 y 20 en 2025, lográndose en 2016, 1.8 y 5 en 2019”. Mientras que actualmente “la demanda se satisface sobre este origen en un 20 por ciento aproximadamente, con un régimen de primer lugar en el despacho y una ‘tarifa’ altamente favorable”.

Larrea destaca que “se debe recordar que estos contratos (de energías renovables) han sido fuertes nichos de negociados durante la administración macrista y que el exceso de uso de estas tecnologías sin las adecuadas protecciones son fuente segura de cortes, como de demostró durante la pasada primavera boreal en España y parcialmente en Francia”.

Asimismo, plantea el dirigente del Partido Comunista de San Luis e ingeniero electricista, “el sistema de transmisión en 500KV, en manos de Enarsa y en vías de privatización es insuficiente, se han dejado de lado las ampliaciones necesarias, con financiamiento externo asegurado por la República Popular China para el caso del nuevo enlace entre el Amba y Mar del Plata, a un costo de 1100 millones de dólares, que la actual administración pretende cargar en la tarifa”.

Por último, al referirse a la política tarifaria, resalta que “además de la permanente dolarización, la quita de los susidios en la segmentación y en la zona fría, la carga de los fideicomisos para obras, se agrega el resultado que tendrá la libre contratación de la energía ante la liquidación de Cammesa    (Compañia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico  Sociedad Anónima), de mayoría estatal, generando un Mercado Eléctrico Mayorista, ‘manejado’ por la ‘mano invisible del mercado’, la cartelización total, tiene como propuesta, mantener y/o incrementar el precio de la energía eléctrica, base de la tarifa , pero reducir su peso, de forma tal de incrementar el del VAD (Valor Agregado de Distribución), invirtiendo la actual relación y creando nuevos cargos, por ejemplo en los residenciales ‘uso de red’, injustificado para ese tipo de usuario”.

En definitiva, concluye Juan Larrea, el modelo energético que propone el gobierno de Milei “está en línea con su modelo económico: exportar todo lo que se pueda, con altas tarifas internas”. Y agrega que  “la baja del consumo nacional provoca una fuerte reducción de la producción, alza de la desocupación y baja de salarios en el marco de un agudo proceso de desindustrialización y saqueo de las riquezas naturales”.  De manera que de la mano de este plan energético el gobierno de Milei también avanza en el objetivo de “volvernos una colonia, donde dos de cada tres habitantes pasen hambre”.