Los vecinos, junto a integrantes de organizaciones sociales y políticas, lograron extender por seis meses el plazo para abandonar el edificio.
Los moradores de Casa Santa Cruz consiguieron frenar, al menos por seis meses, el desalojo del edificio ubicado en Parque Patricios que había dispuesto el juez Fernando Cesari y que el martes pasado estuvo a punto de llevarse a cabo en medio de un desproporcionado operativo a cargo de personal de la Policía de la Ciudad, que cercó un amplio perímetro en torno a la que desde hace más de una década es el hogar de unas cien familias.
En ese contexto y después de varias horas de tensión, se acordó abrir una mesa de trabajo con representantes gubernamentales que deberá encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas que actualmente habitan el edificio, entre las que hay un centenar de niños.
Lo acordado también establece que el Gobierno de la Ciudad realice durante los seis meses que viene un pago al empresario hotelero Leonardo Ratuschny, que es el dueño legal del edificio, para que “no presione y tolere el plazo de tiempo” hasta que las personas consignan una vivienda alternativa y puedan irse de ahí.
En el lugar estuvieron presentes referentes la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, desde donde se señaló que la jornada “tuvo un desenlace positivo para los integrantes de la Casa” que es “el resultado de la lucha que venimos llevando”, así como legisladores nacionales y de la Ciudad, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el asesor tutelar Gustavo Moreno, integrantes del Instituto de la Vivienda y militancia de organizaciones sociales y políticas, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista.
Precisamente desde el PC del barrio porteño de Parque Patricios, se valoró positivamente la presencia de jóvenes comunistas que vienen acompañando a los vecinos de Casa Santa Cruz y que “estuvieron en primera fila desafiando al poder”, en lo que definieron como “un real enfrentamiento de clase”.
Cabe recordar que se trata de un edificio que está habitado por familias que lo recuperaron para transformar en sus hogares a esta construcción donde funcionó la hilandería Selsa que cuando abandonó la actividad hizo lo propio con el edificio, dejándolo vacío y abandonado en pésimo estado.
Desde entonces, la Casa Santa Cruz 140, se transformó en un emblema de resistencia a los intentos de desalojo que llevaron a cabo las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Y la cosa empeoró con la sentencia de desalojo que fue firmada por el titular del Juzgado Civil 60, Fernando Jorge Virginio Cesari que instruye a que el ejecutivo de la Ciudad brinde una alternativa habitacional a los habitantes del edificio, algo que la Gestión PRO nunca hizo.
También vale citar que el edificio fue subastado durante 2010 y aunque sus actuales habitantes intentaron conseguir un crédito para comprarlo, no lo lograron. Quien lo adquirió fue Ratuschny, quien pagó 1.550.000 pesos e inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo. Cinco años después, las familias que viven en el edificio lograron que se realice una audiencia en la que también participaron Ratuschny y el IVC.
Ahí propusieron llegar a un acuerdo de venta. Pero el empresario valuó el lugar en treinta millones, una cifra descabellada si se tiene en cuenta que, por entonces, el Tribunal de Tasaciones de la Nación lo había hecho en ocho millones y una inmobiliaria de la zona lo tasó en quince millones.
