Pese a los reiterados anuncios se sigue postergando a la agricultura familiar. “Con un gobierno al que aparentemente no le interesa la soberanía alimentaria, se va por un camino peligroso, ya que la agricultura familiar puede acabar desapareciendo”, advirtió el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván.
“A nosotros todavía no nos han dicho nada”, señaló el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván, al referirse al anuncio hecho por el Gobierno nacional, sobre la apertura de líneas de financiamiento para el desarrollo rural y de la agricultura familiar, que se hizo recientemente tras el encuentro que la delegación argentina encabezada por el secretario de Planificación del Desarrollo y Competitividad Federal del Ministerio de Economía, Jorge Neme, tuvo en Roma con autoridades del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida).
De acuerdo a la información oficial, se trata de proyectos tendientes a que se fortalezca la agricultura a pequeña escala, así como el desarrollo rural inclusivo y la modernización de las cadenas de valor que el Fida financiaría con el aporte de veinte millones de dólares.
Con este telón de fondo, Galván que también en miembro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, recordó que “desde hace mucho tiempo venimos planteando que los fondos para garantizar el desarrollo de la agricultura familiar, tienen que salir de los que más ganan con la tierra”, esto es “de los que toda la vida se beneficiaron con la concentración de la tierra en Argentina, es decir del agronegocio, y no por medio de más endeudamiento para nuestro pueblo”.
Y, en este sentido, Galván hizo hincapié en que “es ahí donde está el dinero que se necesita para desarrollar la agricultura familiar”, tras lo que recalcó que “el pueblo argentino somos acreedores de esos sectores muy concentrados que siguen apropiándose de una renta extraordinaria a partir del uso de la tierra, por eso es que es ahí donde hay que ir a buscar los fondos necesarios para el desarrollo de la agricultura familiar, en lugar de seguir endeudando al país con créditos que acaba pagando siempre nuestro pueblo, mientras que el agronegocio se queda con la parte del león”.
Vale recordar que en junio de 2022 se reglamentó la Ley 27.118, por la que se declara “de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena” y crea un régimen de reparación histórica para el sector que, de acuerdo a lo que anunció el propio presidente Alberto Fernández, consistiría en cien millones de dólares destinados a promover la actividad de este sector.
Pero la Ley 27.118 todavía no fue reglamentada, lo que entre otras cosas, exhibe que hay profundas diferencias de velocidad a la hora de responder a los sectores de la agricultura familiar y al agronegocio. “La Mesa de Enlace presiona, pide subsidios y se los dan como ahora mismo con el caso de la sequía donde el Gobierno afloja sin hacer diferenciación sobre quien perdió y quien no cuando está claro que quiénes menos capacidad tenemos para responder a una catástrofe como la que deja la sequía, somos los campesinos pobres”.
Los dichos de Galván nada tienen de antojadizos, ya que los actores representados por la Mesa de Enlace a los que ahora el Estado vuelve a subvencionar, son los mismos que hasta hace apenas seis meses estaban sentados arriba de los silobolsa especulando para que se les otorgue un tipo de cambio diferencial.
“Con ese Dólar Soja obtuvieron beneficios equivalentes o mejores a que si les hubieran sacado las retenciones”, resaltó el titular de los Poriajhú y añadió que, “en lugar de buscarse fórmulas que hagan que sean esos sectores los que paguen la crisis que pasa la agricultura familiar, de la que son cómplices, los premian con más prebendas que pagamos como pueblo”.
Y, mientras tanto, “para nosotros lo que queda es créditos y más deuda lo que va a traer consecuencias malas para el futuro de una agricultura familiar que necesita cambios estructurales muy fuertes”, ya que “la solución no es sólo con subsidios sino que hay que ir a fondo y tener una política clara con respecto al tema de la tierra y las infraestructuras que necesita la agricultura familiar para poder desarrollarse adecuadamente”.
Tras lo que sostuvo que para pensar este escenario, es preciso que se avance hacia un cambio del modelo productivo que no se tenga a la agricultura familiar sólo como un objeto a asistir, sino como un sujeto, un actor clave para modificar las relaciones existentes impuestas por el sistema en la producción, consumo y realización de alimentos, algo que Galván consideró difícil que suceda “con un gobierno al que, aparentemente, no le interesa la soberanía alimentaria y, entonces, va por un camino que desarrolla una política peligrosa, ya que puede que la agricultura familiar acabe desapareciendo”.
