Marcela Belardo es investigadora del CONICET, especializada en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. En esta columna para Nuestra Propuesta profundiza sobre el saqueo estructural del sistema de salud en nuestro país, que quedó expuesto con el reciente caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.
Un mes. Eso fue lo que tardó Luis Oscar Ricardo en cambiar de vereda. En junio de 2024 coordinaba el plan anual de adquisiciones del Ministerio de Salud, elaboraba pliegos de licitación, decidía qué empresas podían participar de los concursos públicos. En julio ya estaba del otro lado: empleado de Suizo Argentina S.A., la droguería que hoy protagoniza el mayor escándalo de corrupción sanitaria del gobierno de Milei.
Ricardo sabía todo: los tiempos, los montos, las condiciones técnicas que favorecían a determinados oferentes. Ahora, desde su nuevo escritorio en Suizo Argentina, se dedica a la "planificación de compras" y el "análisis de demanda futura". Es decir: sabe cuánto va a comprar el Estado y cuándo lo va a necesitar. Una información que vale millones.
La historia de Ricardo no es excepcional. Es el manual de instrucciones de cómo funciona el lobby farmacéutico en Argentina: un entramado que articula poder político, complicidad judicial y concentración empresarial para convertir la salud pública en negocio privado.
Los números de la captura
Los datos no mienten. Las 10 mayores farmacéuticas controlan el 49% del mercado argentino, pero esa cifra esconde una concentración aún mayor: apenas 4 distribuidoras manejan el 95% de las ventas mayoristas. No es casualidad. Los grandes laboratorios participan del capital de estas distribuidoras, controlan los precios, manejan la información y, según documenta la CEPAL, "controlan buena parte de los flujos financieros de toda la cadena".
El mercado de medicamentos de alto costo -donde opera Suizo Argentina S.A.- es más brutal: solo 18 empresas se reparten las licitaciones públicas de prestaciones especiales. Un círculo cerrado donde la competencia es una ficción y los sobreprecios la regla. En el caso de esta droguería, los números hablan: 27% de sobreprecios en medicamentos básicos, contratos que se multiplicaron con la llegada de Milei, y un esquema de coimas que llega hasta la hermana del presidente de la nación.
Pero hay un dato más: el 89% de los medicamentos biotecnológicos de alto costo que compran las obras sociales argentinas son drogas innovativas con patente vigente, propiedad de multinacionales. Solo el 10,3% corresponde a biosimilares nacionales. Es decir: el Estado argentino financia mayoritariamente las ganancias de laboratorios extranjeros que imponen precios monopólicos.
La justicia como socio silencioso
Este sistema necesita garantías. Y las encuentra en una justicia que opera con precisión. El juez Casanello encarna esta lógica: en agosto de 2023 se presentó una denuncia por contratos direccionados de 30.000 millones de pesos a favor de Suizo Argentina. Cuatro meses después, la causa fue archivada sin más trámite.
Cuando finalmente los escándalos se hicieron públicos y Casanello tuvo que ordenar allanamientos, estos fueron filtrados un día antes a través de redes sociales. Los Kovalivker tuvieron tiempo de sobra para borrar evidencias y resguardar el dinero robado. En apenas cuatro meses el fiscal Rívolo pidió el archivo de la causa a pesar de las pruebas presentadas por los denunciantes, de la estrecha y comprobada relación entre los Menem y la familia Kovalivker. Casanello hizo lugar al pedido del fiscal sin más trámite y al archivar la causa ya no se puede reabrir.
Las mismas filtraciones que en otros casos sirven para enjuiciar y estigmatizar a dirigentes sociales inmediatamente, aquí funcionaron como servicio de inteligencia para cubrir a empresarios. "Para los ricos todo, para los pobres ni justicia", resume el saber popular que Casanello ejecuta con rigor institucional.
El círculo perfecto
La fortaleza del sistema radica en la articulación de sus partes. Los funcionarios políticos diseñan marcos regulatorios favorables, luego capitalizan esa información en el sector privado. Las corporaciones farmacéuticas aprovechan esta protección para imponer sobreprecios que el Estado valida como "precios de mercado". El poder judicial garantiza que las denuncias millonarias se archiven mientras persigue a quienes organizan respuestas populares a la crisis.
Esta lógica se replica a escala global. América Latina representa apenas el 0,9% de las exportaciones farmacéuticas mundiales, pero sus importaciones quintuplicaron las exportaciones entre 2018 y 2020. La región importa principalmente desde Europa (41%), Estados Unidos (17%) y, cada vez más, desde Asia: China (10%) e India (6%).
La concentración del poder farmacéutico es abrumadora: las empresas de Estados Unidos y Europa controlan casi el 70% de los nuevos productos químicos y biológicos, dominando un mercado global que facturó 1,4 billones de dólares en 2021. Sus patentes les garantizan monopolios de 20 años, otorgándoles un poder de negociación extraordinario frente a Estados que dependen de sus productos para garantizar el acceso a la salud.
La pandemia desnudó las consecuencias: la dependencia regional del abastecimiento externo de vacunas no es técnica sino política, resultado de décadas de subordinación al lobby internacional. Paradójicamente, Argentina cuenta con 11.500 litros de capacidad de bioprocesos -la más importante de América Latina- y un sector que invierte 2,4% de sus ventas en investigación, más del doble que el promedio industrial. Pero estas capacidades permanecen subutilizadas, subordinadas a una lógica importadora que privilegia las ganancias externas sobre el desarrollo local.
El ajuste como pantalla
Mientras Milei exhibe su motosierra contra jubilaciones y prestaciones sociales, los sobreprecios farmacéuticos permanecen intocables. Los verdaderos perjudicados son siempre los mismos: personas con discapacidad que ven reducidas sus prestaciones, jubilados que aportan para subsidiar ganancias corporativas, trabajadores que financian con sus contribuciones un sistema diseñado contra sus intereses.
El escándalo de la Suizo Argentina no es una anomalía sino el funcionamiento normal de un sistema donde la salud se subordina al lucro y el Estado actúa como garante de ganancias privadas. Cada medicamento es una oportunidad de saqueo, cada enfermedad un negocio, cada prestación social una fuente de enriquecimiento para quienes controlan el entramado.
Un mes le bastó a Ricardo para cambiar de bando. Al sistema le llevó décadas perfeccionar esta máquina de saqueo sanitario. Mientras este entramado mantenga su capacidad de captura del Estado, los escándalos serán la regla y los sectores populares seguiremos el costo de convertir la salud en mercancía.
