La violencia institucional y el Gatillo Fácil no para de crecer en Argentina. En simultáneo, las demandas de “mayor seguridad” que realiza una parte muy significativa de la población retroalimenta la represión y los discursos de odio, que se dirigen casi siempre contra personas jóvenes y de la clase trabajadora. En el medio, siempre la maldita policía.
Lucas González en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Elías Garay de la comunidad mapuche Lof Quemquentrew, Río Negro. Alejandro Martínez en San Clemente, Buenos Aires. Lautaro Rosé en Corrientes. La lista es triste y se repite. Son los nombres de las personas asesinadas en los últimos diez días en Argentina por la policía o por bandas delictivas en complicidad con las fuerzas de seguridad. Y seguramente la lista no da cuenta de todos los casos.
El Gatillo Fácil y la violencia institucional son dos de los grandes problemas que aquejan al país. En Argentina cada veinte horas una persona es asesinada por las fuerzas represivas. Mientras una porción muy grande de la población reclama “seguridad” pero, al mismo tiempo, señala a la policía como parte del problema.
El caso de Roberto Sabo, el quiosquero de Ramos Mejía asesinado a sangre fría por dos personas que le quisieron robar, la semana previa a las elecciones de noviembre último, resulta paradigmático. Miles de personas se movilizaron entre el hastío y el dolor hasta la comisaría de la bonaerense, señalaban la complicidad de la policía y peticionaban mayor seguridad a las autoridades. Pero la pregunta que sobresale es ¿cómo y para quiénes?
La izquierda debe afrontar el problema y evitar las dicotomías del progresismo culposo, como así también batallar incesantemente contra el punitivismo y los discursos de odio de la derecha fascistoide en crecimiento. La cuestión de la “seguridad” o la “inseguridad” es un problema al que se enfrentan todos los gobiernos, como la restricción externa, pero como ocurre con esta última no todos la abordan de la misma manera. Y hay quienes sin resolver nada obtienen rédito político de la situación -el caso de Patricia Bullrich resulta ilustrativo-, mientras otros se enmarañan y ven en la problemática de la inseguridad el talón de Aquiles de los gobiernos populares en Argentina para, finalmente, caer en la resignación y el posibilismo.
El asesinato de Lucas González concentra todas las dificultades del problema que intentamos plantear. Un joven que, junto a sus amigos, recibe una balacera policial a tres kilómetros del Obelisco luego de entrenar en un club deportivo, uno de los espacios de contención social para la juventud más robustos en la Argentina.
A Lucas lo asesinó una banda de policías de la Ciudad que actuaban de civil a bordo de un auto sin patente ¿Por qué de civil y en un vehículo sin identificación? El ataque de falsa bandera que a principios de esta semana realizó un grupo de personas contra la sede del diario Clarín en Constitución confirmó lo que unas horas antes el diario había publicado en su portal web.
En una excelente nota, escrita desde el territorio y con testimonios de los vecinos, el cronista detalló el accionar de este grupo policial, al que todos conocían: pedían coimas, regenteaban el delito común y perseguían a los jóvenes con detenciones ilegales, amenazas y apremios.
¿Quién autorizaba el accionar de esta banda policial? ¿Por qué, al igual que ocurre en las movilizaciones populares, en los barrios operan policías de civil?
Queda claro, entonces, que el eje que se planteó al inicio de esta nota no es caprichoso. La violencia institucional, el Gatillo Fácil y la denominada “inseguridad” son, por distintos factores, problemas asociados que mientras se edifican los cimientos de un cambio revolucionario y socialista requieren una solución integral dentro de los márgenes del Estado de derecho burgués ¿Se puede? Al menos habría que intentarlo.
No es aceptable resignarse a que casi cuatrocientos pibes al año, la mayoría de ellos de los sectores populares, mueran en manos de la policía en situaciones de violencia institucional.
Tampoco es aceptable que por problemas que no se resuelven vinculados al delito, entre ellos porque no se reforman las fuerzas policiales que lo propician, haya personas que mueran en situación de robo mientras esperan un colectivo para ir a trabajar por menos de dos salarios mínimos.
Además de señalar y combatir los discursos de odio de la derecha hay que atacar las causas sociales de los problemas sobre los que se montan y que, en buena parte, justifican su circulación y lamentable crecimiento.
Sería un error no visualizar cómo desde las derechas se interpela a la población. Esto bien los saben todos aquellos que militan en el barrio y el territorio y que desde hace tiempo vienen advirtiendo que además de los problemas del acceso al trabajo, a la salud y la educación en los barrios también se pide “seguridad” para “vivir más tranquilos”, aunque inmediatamente se advierte que más policía en el barrio sería un problema porque implica, entre otras muchas cosas, persecución contra la juventud.
