En Ciudad de Buenos Aires se exigió este viernes una Ley de Emergencia Habitacional junto al cese de la represión social y la estigmatización de la pobreza que llevan a cabo en tándem la gestión porteña a cargo de Jorge Macri y el gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, se repudió el aumento de la especulación inmobiliaria. La Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista estuvieron presentes.
El último viernes por la tarde-noche se realizó la Marcha de las Escobas contra los desalojos y la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires. En un recorrido de diez cuadras por el centro porteño que partió de la intersección de las avenidas Corrientes y Callao y concluyó ante las puertas del tradicional Edificio del Plata, ubicado frente al Obelisco y donde por largas décadas funcionaran distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad antes de ser vendido por el macrismo al grupo IRSA, propiedad de Daniel Elztain; confluyeron distintos sectores agredidos por el modelo socio-económico que se impone en el país y la Capital. El reclamo central pasó por exigir “políticas públicas integrales que garanticen el derecho a la vivienda” en una ciudad que les niega sistemáticamente a miles de personas la posibilidad de acceder a una vivienda digna y que, no conforme con impedirles ese derecho elemental, las criminaliza por tener que sobrevivir en situación de calle, en inquilinatos, casas tomadas y villas, como se vio hace poco tiempo atrás con el Operativo Tormenta Negra y como puede verse en la publicidad xenófoba que invade las calles para demostrar que el macrismo se preocupa por la seguridad de “los porteños de bien”.

Nada tuvo de azaroso el lugar hacia el que se dirigió la marcha, que contó con la presencia de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del Partido Comunista, entre distintas organizaciones sociales, de DDHH y colectivos que militan por el derecho a una vivienda y a un hábitat dignos en la ciudad más rica y desigual del país. El Edificio del Plata es una construcción de 42 mil metros cuadrados, está ubicado sobre la avenida 9 de Julio y fue adquirido en subasta al Estado porteño por IRSA, el mismo holding propietario del Banco Hipotecario que preside Eduardo Elsztain, integrante del Grupo Llao-Llao y uno de los principales mentores de Javier Milei.
En agosto de 2023 IRSA se quedó con el Edificio del Plata pagando 68.114.000 dólares, pero se vio beneficiado por el “Plan de Transformación y Reconversión del Microcentro Porteño” que se sancionó a instancias del entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. De esta manera, Elsztain prevé recuperar buena parte de su inversión, porque junto a otro de los ganadores del momento, Alfredo Coto, espera transformar el edificio en un complejo de viviendas suntuarias, algunas para alquileres turísticos, además de comercios, por lo que amparado por la norma dictada por Rodríguez Larreta se va a beneficiar con una rebaja de impuestos de alrededor de los catorce mil millones de pesos. En simultáneo, los porteños de a pie no dejan de padecer los aumentos constantes en alquileres, ABL y servicios básicos.
Esta maniobra fue denunciada oportunamente por María Eva Koutsovitis, Ingeniera Civil, Secretaria de Hábitat del Frente Nacional Territorial de la CTA Autónoma y fundadora del Movimiento la Ciudad Somos quienes la Habitamos y del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Koutsovitis, que fue candidata a legisladora en las últimas elecciones porteñas de medio término por Confluencia, en alianza con el PC, estuvo presente en la marcha del viernes y recordó que Rodríguez Larreta “mal subastó el Edificio Del Plata” y que ahora su sucesor, Jorge Macri, echa mano a las arcas estatales para perdonarle catorce mil millones de pesos a IRSA a través de la Ley 6508, “que otorga el camuflaje jurídico a este fraude, carente de justificación constitucional”.
Del otro lado de la moneda hay alrededor de doce mil personas a las que no les queda otra que estar en situación de calle y, de ellas, más de 1.300 son niños en edad escolar y otros tantos son adultos mayores. Todos ellos no están, desde ya, incluidos entre “los porteños de bien” para los que dice gobernar Macri ni entre “los argentinos de bien” para los que dice gobernar Milei. Además de verse obligadas a sobrevivir en la intemperie, estas miles de personas son foco constante de la actitud represiva de las administraciones porteña y nacional. Dos claros ejemplos de ello son lo que se sintetiza en el Operativo Tormenta Negra y el Proyecto de Ley sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, con pluma de Federico Sturzenegger, que incluye modificaciones absolutamente regresivas en los procesos de desalojos, además de reformas de normas como el régimen de integración socio-urbana de barrios populares.
Este combo constituye un esquema sumamente violento, atravesado por la xenofobia, la discriminación, el drástico incremento de desalojos, el avance de la gentrificación y la proliferación de personas en situación de calle, que está destinado a apuntalar una fenomenal transferencia de riqueza hacia algunos de los sectores más concentrados de la clase capitalista que actúa en el país, como las corporaciones de Elsztain y Coto en este caso puntual y emblemático.
Con este telón de fondo se hizo la Marcha de las Escobas, que con su nombre rememora la huelga de inquilinos o Huelga de las Escobas, que en1907 expresó la bronca popular por la subida del precio de los alquileres y las terribles condiciones que existían en los conventillos. La iniciativa del viernes pasado, fundamentalmente se organizó para denunciar que la Ciudad debe ser considerada en “Emergencia Habitacional”, algo que queda claro a la luz del constante incremento de las personas en situación de calle y el aumento de la población hacinada en hoteles y villas que deriva del aumento de desalojos, pero también de lo que sucede con los alquileres que, como consecuencia de la desregulación impuesta por el gobierno nacional, se dispararon hasta un cuatrocientos por ciento. Todo mientras en la Capital Federal las casas y departamentos vacíos siguen también aumentando año a año, como mecanismo de la especulación inmobiliaria. Esas viviendas “ociosas”, según un informe de la organización “Inquilinos Agrupados” son ya alrededor de 300 mil y no pagan ningún impuesto extra por esa condición.
Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció esta situación y advirtió acerca de “las dificultades, cada vez mayores, para acceder a una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires”. Ante esto, repudió “la falta de respuestas estatales frente a la profunda crisis habitacional y las políticas impulsadas por los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei que persiguen y criminalizan a las personas en situación de calle”. En este marco, subrayó que “expresamos nuestra preocupación y desacuerdo por la utilización de la Guardia de Auxilio en procedimientos vinculados a desalojos y por el avance de medidas que vulneran los derechos a la vivienda digna y que priorizan la propiedad privada por encima de los derechos humanos”.