Con brutales tarifazos en los servicios de gas y electricidad el gobierno nacional favorece a un puñado de integrantes de la clase capitalista y perpetra una brutal transferencia de riqueza desde el resto de la sociedad.
En menos de un mes el Ente Nacional Regulador del Gas va a dar conocer el esquema de aumentos para el cuadro tarifario del servicio que presta, para el que las empresas distribuidoras y transportadoras pidieron incrementos de hasta el 704 por ciento. Conforme a eso, las nuevas tarifas van a comenzar a regir con la facturación de marzo, esto es, cuando comienzan a bajar las temperaturas y con esto una mayor demanda de gas.
También quedó establecido que, ya sin subsidios, la actualización del cuadro tarifario se va a hacer de forma mensual indexado con el IPC que elabora el Indec, lo que sin dudas se constituye en un insumo clave para alimentar la inflación que durante enero ese organismo midió por encima de los veinte puntos.
Pero esto no es todo. La semana pasada, la Secretaría de Energía de la Nación dispuso otro aumento, en este caso del 204 por ciento para los precios máximos de referencia de las garrafas de diez, doce y quince kilos que están incluidas dentro del Programa Hogar. Las nuevas listas de precios comenzaron a regir el jueves pasado junto con su publicación de la resolución en el Boletín Oficial.
Cabe recordar que se trata de las garrafas, que se ven obligados a utilizar quienes viven en zonas a las que no alcanza la red de gas natural, algunas de ellas a menos de cien kilómetros de Ciudad de Buenos Aires. Y que suele ser el recurso que los sectores más empobrecidos tienen para cosas básicas como calentarse y cocinar.
La cosa es sencilla: el tarifazo perpetrado sobre un costo fijo como son los servicios de gas y electricidad, castiga al conjunto de la sociedad, pero además lo de las garrafasbusca golpear fundamentalmente a quienes están más agredidos por el sistema. Del otro lado de la moneda aparecen las empresas a las que se les cedió el negocio que representa prestar este servicio, algo que hacen de forma alarmantemente deficitaria firmas extranjeras y ligadas a la clase capitalista que actúa en el país, que tienen mercados internos cautivos que les permiten obtener una jugosa rentabilidad y la remisión de utilidades al exterior.
Y esto de la rentabilidad lejos está de ser un tema menor en esta historia, ya que buena parte de lo que sacan del país, tiene un correlato en la falta de inversión que provoca que dos o tres días de alta temperatura dejen un tendal de usuarios sin energía eléctrica como recurrentemente pasa cada verano. Esto en un escenario en el que con una merma de doce por ciento de la capacidad industrial instalada, la demanda de electricidad es considerablemente inferior a la de años anteriores.
Entonces el caso de las prestadoras de este servicio es paradigmático. La semana pasada, la Secretaría de Energía estableció los nuevos cuadros tarifarios que desde abril deberán pagar los usuarios cautivos de las distribuidoras Edenor y Edesur en la zona Amba, que presenta aumentos de hasta un 150 por ciento. Así el gobierno nacional atendió el reclamo de las empresas que, como si fuera una letanía, repiten que vienen perdiendo rentabilidad.
¿Pero será tan así? Transener está en manos de Pampa Energía cuyo principal propietario es Marcelo Mindlin y posee el 85 por ciento del transporte de alta tensión, lo que la convierte en la práctica en un monopolio. De acuerdo a sus balances, durante el bienio 2022/2023 duplicó su rentabilidad.
Hace un año y en medio de una situación que dejó a alrededor e doscientos mil usuarios sin luz durante varios días, el grupo En el anunció su intención de desprenderse de Edesur. Hasta ahora nada de eso pasó y de acuerdo a los datos disponibles que remiten a los primeros ocho meses de 2023, tuvo ganancias de casi el ocho por ciento, lo que se ubica en un rango que está por encima de la renta que obtienen empresas similares en Europa, nada mal para una cuyo servicio es desastroso como el que padecen los usuarios de Edesur. Y en el caso de Edenor, el holding Vila-Manzano, informó ganancias por 132.729 millones de pesos durante los primeros nueve meses de 2023.
El sueño húmedo de Milei
Los que pasa con las concesionarias de la prestación del servicio de energía, exhibe drásticamente muchas de las limitaciones que tiene el Estado Liberal Burgués, para ponerle al universo del capital algunos límites que permitan armonizar su inagotable voracidad por maximizar su tasa de rentabilidad.
Y esta situación se profundiza con la orgía que esa misma clase capitalista lleva a cabo en La Rosada desde el 10 de diciembre de 2023, que aleja toda posibilidad de que se
sea el Estado quien conciliar la codicia de las empresas prestadoras con los intereses de la sociedad, en este caso, con los que le asisten a los usuarios del servicio.
Es que al parecer, ahora mismo, la Presidencia Milei viene a querer cerrar una suerte de destino circular de una historia que comenzó con el esquema de privatizaciones que se impuso bajo el gobierno encabezado por Carlos Saúl Menem, que destruyó Segba para otorgar la concesión del servicio en la zona Amba a Edesur y Edenor, lo que constituyó un escenario regido por dos monopolios que atraparon a quienes habitan en el área más densamente poblada del país.
Durante las tres décadas que sucedieron la prestación siempre fue deficitaria y, en todos los casos, la ecuación se resolvió a favor de la maximización extrema de la tasa de rentabilidad de las multinacionales y de la clase capitalista de actuación local que tienen a su cargo la concesión. Así se les permitió ajustar costes vía salario y recorte de personal (¡el sueño húmedo de Milei!), lo que trajo aparejada una merma en su capacidad de respuesta rápida y eficiente ante cualquier contingencia adversa, al tiempo que la inversión que hicieron siempre estuvo por debajo, incluso, del escaso rango que demanda el esquema de privatizaciones.
En este contexto, mientras la levantaban con pala, recibieron ayuda extra por parte del Estado que se efectivizó durante todos los gobiernos de las últimas tres décadas por medio de subsidios millonarios y condonación de deudas como la que hace poco más de un año benefició a Edesur, Edenor y otras distribuidoras cuando el Ministerio de Economía determinó que pagaran 80.210 millones de una deuda de 219 mil millones que tenían y que, encima, lo hicieran en 96 cuotas.
Por su lado, durante la Presidencia Macri, estas concesionarias fueron beneficiadas con un tarifazo del 3700 por ciento. Con todos estos datos resulta prudente preguntar dónde fue a parar el producto de tales beneficios, porque está claro que poco y nada se derivó a inversión que debería garantizar una mejor calidad y sustentabilidad del servicio. Y, lejos de eso, lo que se impone es más tarifazo que busca garantizar una nueva ronda de maximización de la tasa de rentabilidad de los dueños de las empresas prestadoras del servicio.
