“Vamos a insistir nuevamente ante la Fiscalía para pedir explicaciones sobre tal situación de la causa y para preguntar por qué no nos dan ninguna información al respecto”, advirtió la secretaria de Derechos Humanos del PC de Santa Fe, Graciela Paccot.
A principios de mes el gobierno de la provincia de Santa Fe aumentó a diez millones de pesos la recompensa que se ofrece a quien pueda suministrar información que permita esclarecer el crimen de Florencia Gómez Pouillastrou, femicidio que fue perpetrado durante la tarde del 12 de octubre de 2020 a pocas cuadras del centro de la localidad de San Jorge, donde habitaba y llevaba a cabo una intensa tarea militante como feminista y responsable de Géneros de La Fede santafecina.
De acuerdo a lo anunciado, la medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad y Justicia ante la solicitud de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, y establece que “la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial”.
Esta nueva determinación deja en claro al menos dos cosas. Una es que no se ajustaba a la realidad el fiscal Omar De Pedro cuando en abril de 2023 y para bajarle el precio al Juicio Popular por el femicidio que en esos días había convocado el PC, planeó que tenía pistas firmes para esclarecer la causa, por lo que en esa ocasión sostuvo que “no podemos permitir que se diga que la causa está parada”. Pasaron veinte meses y el gobierno santafecino sube el monto de la recompensa, con la esperanza de tentar alguien que a cambio de dinero brinde alguna pista a una investigación que desde un principio evitó reconocer el papel político que tenía Florencia y, por lo tanto, desechó la posibilidad de indagar sobre cualquier hipótesis que considerara ese dato de la realidad: la pregunta continúa siendo por qué el Poder Judicial obró de tal manera.
La otra es que vuelve a tomar relevancia la postura que pocas horas después de que se perpetrara el femicidio, fijó el PC al solicitar que se le permita constituirse como parte querellante, porque Florencia llevaba a cabo una “reconocida militancia social y política por los derechos de los más vulnerables”, tal como lo explicó en su momento el pedido. Y esto no debe soslayarse a la hora de ponderar las posibles motivaciones que pueden esconderse detrás del crimen, entre las que cobra particular relevancia el frontal combate que la víctima protagonizó contra la trata de personas en una zona donde ese delito presenta ramificaciones que la imbrican con un entramado mafioso del que no están exentos actores de los universos judicial y político.
Pero esa vez el juez a cargo de la investigación del femicidio, Pablo Ruiz Staiger, cerró la puerta a esa posibilidad y así impidió que los abogados del PC pudieran tener acceso al expediente de la causa y que se garantice que esa línea investigativa no sea descartada. Y entonces, otra vez, la pregunta es por qué el Poder Judicial obró de esa forma.
Pese a todo esto el PC nunca dejó de demandar en todos los terrenos justicia para Florencia. Por eso el camino que comenzó con el pedido de ser aceptado como querellante, continuó con el Juicio Popular de abril de 2023 que se hizo en Rosario y con la permanencia del reclamo en cada acto, marcha y movilización donde está presente el Partido y sus organismos.
Pero también siguió en el ámbito judicial donde, a mediados de octubre el Comité Provincial del PC de Santa Fe presentó ante la fiscal general, María Cecilia Vranicich, una solicitud de audiencia pública “para exigir avances en la investigación, el esclarecimiento del femicidio y el pedido de justicia por Florencia Gómez Pouillastrou”.
En la delegación que hizo esa presentación estuvo la secretaria de Derechos Humanos del PC de Santa Fe, Graciela Paccot, quien sostuvo que “se cumplieron cuatro años del femicidio de nuestra camarada de San Jorge y las autoridades del Comité Provincial resolvimos presentar un pedido de audiencia pública, porque no tenemos ninguna información sobre el caso”.
Al respecto, indicó que desde la Fiscalía “quedaron en dar contestación”, pero ante la demora “pasamos de nuevo para ver si había una alguna respuesta y nada fue positivo”, tras lo que “nos enteramos lo de la recompensa que aparece como una respuesta totalmente contundente a los que, cuando hicimos el Juicio Ético y Popular, nos decían que ese evento iba a contramano con la posibilidad de que había de encontrar culpables, pero a casi un año de eso nos enteramos de que no hay nada…ninguna respuesta”.
Con este telón de fondo, no sorprende la responsable de Derechos Humanos del PC provincial cuando señala que “realmente estamos muy angustiados con toda esta situación”, pero tampoco cuando deja en claro que nada de esto va a hacer que el Partido baje los brazos. Y en este sentido, hizo hincapié en que “vamos a insistir nuevamente ante la Fiscalía para pedir explicaciones sobre tal situación de la causa y para preguntar por qué no nos dan ninguna información al respecto”.
