La organización israelí de Derechos Humanos (B’Tselem) acusó al gobierno de Israel de convertir al sistema penitenciario en centros de tortura en los que de forma rutinaria maltrata física, psicológica y sexualmente a presos palestinos.
La organización no gubernamental Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem), acaba de publicar un informe en el que documenta cómo el sistema penitenciario del Estado de Israel se convirtió en “una red de centros de tortura”, en los que el maltrato físico, psicológico y sexual a los presos palestinos resulta una práctica naturalizada, rutinaria y aceptada por el Estado.
El título del informe es elocuente: "Bienvenidos al infierno" y en él se da cuenta de los testimonios hechos por más de medio centenar de palestinos que fueron detenidos por las autoridades israelíes después del 7 de octubre y que, antes de ser liberados, permanecieron encarcelados durante varias semanas sin que se hiciera ninguna acusación formal en su contra.
Los datos que aporta el relevamiento de B’Tselem coinciden con las conclusiones a las que arribó un grupo de expertos de la ONU que, no hace mucho, condenó la tortura generalizada perpetrada contra palestinos en Israel. Se trata de un informe que se hizo después de que el Canal 12 de la televisión de ese país, difundiera imágenes en las que se puede ver a soldados israelíes abusando sexualmente de un prisionero palestino, en la base militar de Sde Teiman, donde se encuentran recluidos y en condiciones inhumanas miles de gazatíes.
“La violencia que se ejerce en las cárceles israelíes es sistémica, constante y está avalada por el Estado”, advirtió la coordinadora de incidencia internacional de B’Tselem, Sarit Michaeli, quien también hizo hincapié en que la naturalización de esta situación exhibe "la crueldad y la sed de venganza que se registra, cada vez con más fuerza, entre la población israelí" y sin dudarlo añadió que "quisieran tener vía libre para hacer cualquier cosa que se les ocurra con la población palestina".
Los datos que aporta el trabajo de B’Tselem y, más precisamente lo que asevera Sarit Michaeli, sirven para graficar en qué se sustenta el régimen genocida que encabeza Benjamín Netanyahu que, desde diciembre de 2023, destruyó la mayor parte de la infraestructura civil de la Franja de Gaza y asesinó a más de 40.600 personas en ataques sistemáticos que ya dejaron una cifra superior a los 94.000 heridos y alrededor de diez mil desaparecidos, así como unos 250 mil desplazados.
Todos estos datos son provisorios ya que fueron relevados por el Ministerio de Sanidad gazatí, que se desempeña en condiciones muy precarias. Lo cierto es que un trabajo recientemente publicado por el sitio web de The Lancet, advierte que la cifra de gazatíes que fueron ultimados podría ascender a 186 mil, que es la cantidad que surge cuando se consideran las muertes directas e indirectas que provoca el ataque israelí. El trabajo está firmado por la investigadora del American Advocate Aurora Health Institute y del Instituto de Salud Pública de la Universidad Beir Zeit, en Cisjordania ocupada, Rasha Khatib, también por Martin McKee quien es catedrático de Salud Pública Europea de la London School of Hygiene & Tropical Medicine y miembro del Comité Asesor Internacional del Instituto Nacional Israelí de Investigación sobre Políticas de Salud, y el profesor de la Universidad McMaster y de Ciencias de la Salud de Hamilton en Canadá, Salim Yusuf.
Pero no son estas las únicas voces que, incluso desde dentro de Israel, se alzan en un intento por frenar el genocidio. De esto saben mucho los integrantes del Partido Comunista Israelí, que son víctimas de una sistemática persecución atravesada por allanamientos a los locales partidarios, detenciones de militantes y que llevó a que durante febrero pasado, se intentara echar del Parlamento al diputado comunista Ofer Cassif, cuyo único pecado fue apoyar públicamente la denuncia por genocidio contra Israel que el Estado de Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia.
Con este telón de fondo, durante los últimos días la agresión israelí arreció contra la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, zona que Israel ocupa ilegalmente, así como en sur del Líbano. Desde que durante 1967 Tel-Aviv ocupó militarmente la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, más de un millón de palestinos -sobre una población de 4,5 millones- fueron detenidos. Y en lo que va del siglo 21 hasta que comenzó su última incursión militar en territorio gazatí, Israel había encarcelado a más de diez mil niños palestinos en Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza, de los que una cifra superior al sesenta por ciento fue sometido a torturas, tal como consta en un informe presentado por la Asociación de Presos Palestinos.
Como potencia ocupante del territorio de Palestina, las fuerzas militares de Israel llevan a cabo esta política sistemáticamente y amparadas en una legislación que, basada en un criterio supremasista, es aplicable únicamente contra la población palestina. De ahí que muchas de las detenciones sean perpetradas bajo las categorías de “detención administrativa” lo que por la legislación israelí, permite la captura por tiempo indefinido, sin que se presenten cargos ni se someta a juicio al prisionero, algo que transgrede los fundamentos del debido proceso y varias convenciones de carácter internacional.
