Al desplome de precios inmobiliarios que Occidente ve como crisis, China lo gestiona como política pública. Desacoplar el acceso a la vivienda digna de las lógicas del mercado para garantizar este derecho social fundamental es una de las claves que explica la fuerte cohesión entre el gobierno y el pueblo de la RPCh.
“Las viviendas son para vivir y no para especular”. Esta famosa frase, pronunciada por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en 2017 sintetiza meridianamente la política habitacional de su gobierno, que considera el bienestar del pueblo y la clase trabajadora como ejes principales del crecimiento. Mientras que las viviendas en China no paran de bajar de precio y se ponen a disposición del pueblo; Occidente, en el derrotero de la crisis civilizatoria capitalista que afecta hasta el derecho a la vivienda digna, concibe un modelo dependente de los vaivenes del mercado inmobiliario, que alimentan la especulación y enriquecen a unos pocos.
China prioriza la estabilidad y el bienestar social por sobre los intereses del mercado. Sus políticas de vivienda reflejan un modelo híbrido Estado-mercado, donde el Partido Comunista actúa como planificador central y garante del bien común. Los proyectos de vivienda accesible no solo responden a necesidades básicas, sino que son herramientas de ingeniería social y control urbano, alineadas con los objetivos de modernización y cohesión nacional para la construcción del Estado socialista chino.
Los planes quinquenales establecen sistemáticamente metas para la construcción de viviendas y acceso a las mismas a nivel provincial y municipal. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural supervisa el cumplimiento de los objetivos establecidos. Cabe destacar que mediante los planes quinquenales concebidos con el marxismo como guía, la RPCh ha logrado sacar a aproximadamente 800 millones de personas de la pobreza extrema en las últimas cuatro décadas, todo un hito que ha sido destacado hasta por organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial.
Este avance se ha consolidado con la erradicación oficial de la pobreza extrema en el país el 25 de febrero de 2021, tras siete décadas de revolución con políticas económicas y sociales enfocadas en el desarrollo inclusivo. El crecimiento del grupo de ingresos medios en China también se ha convertido en uno de los procesos sociales más significativos de las últimas décadas, reflejando el impacto duradero de las reformas económicas iniciadas en 1978, de la mano de Deng Xiaoping..
Volviendo a la cuestión habitacional, vale remarcar el rol de los bancos estatales, como por ejemplo el Banco de Desarrollo de China, que ofrecen créditos blandos para proyectos de vivienda social. Esto se complementa con la coordinación entre gobiernos locales y empresas públicas. Un caso testigo puede ser el de Shanghai Shentong Group (empresa estatal), que construyó líneas de metro junto a complejos de vivienda asequible.
El llamado a "viviendas para vivir, no para especular" lanzado en 2017 es un signo discursivo y político crucial del gobierno de Xi Jinping. El Estado, desde una centralidad nacional y a través de gobiernos locales y empresas públicas, mixtas y privadas, asume un rol de productor directo o indirecto de viviendas asequibles, desacoplándolas en todos los casos del circuito de la mercancía capitalista.
¿De dónde viene este proceso?
El derecho a la vivienda está vinculado a la "prosperidad común" y la estabilidad social, principios cardinales del PCCh, fortalecidos desde la reforma y apertura de 1978. Para llegar a los actuales resultados hubo un proceso de transición determinante, desde el sistema de vivienda pública y asignada exclusivamente por el Estado (1949-1998), al modelo de mercado con intervención estatal (post-1998).
Este modelo actual consiste en la eliminación de la asignación estatal de viviendas como única vía para garantizar este derecho humano y el fomento direccionado de emprendimientos privados, donde el Estado mantuvo control sobre el suelo y reguló precios y subsidios a desarrolladores para viviendas al alcance de todos.
Asimismo, la “Planificación urbana masiva” (2000-2010) consistió en una rápida urbanización impulsada por la migración campo-ciudad. donde la meta del PCCh se basó en construir 36 millones de unidades de vivienda accesibles para toda la sociedad, meta lograda en 2017.
Por otra parte, la lucha contra los "núcleos urbanos deteriorados" (2013-actualidad) puso el foco en barrios por entonces aún postergados y viviendas precarias y reubicó a 50 millones de personas en viviendas y hábitats dignos entre 2013-2020.
La meta del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) se basó en construir 6.5 millones de unidades de vivienda económicas y confortables y ponerlas en alquiler. En el actual plan quinquenal se le da continuidad a esta política habitacional enmarcada también en el “desarrollo verde”, para el cuidado del medio ambiente.
Otro factor saliente en todo esto es cómo el Partido no deja de poner énfasis de manera transversal en el futuro de sus país, ocupándose del bienestar de los jóvenes y los trabajadores esenciales. Con el programa "Vivienda para Talentos" se asignaron 1.5 millones de subsidios a jóvenes profesionales en ciudades como Xi'an y Hangzhou. Mientras que en 2023, se construyeron y reservaron 400.000 hogares para médicos, maestros y personal de servicios, tras su destacado papel en la pandemia de Covid19.
El suceso Evergrande y la salida socialista
La crisis de Evergrande, la mayor empresa inmobiliaria china, es la cristalización de las contradicciones secundarias acumuladas que fueron corrigiéndose desde el Estado para impedir un modelo de “crecimiento” basado en la toma de deuda y la especulación financiera sobre la tierra y la construcción.
La respuesta de Beijing no fue un rescate capitalista clásico, donde el "salvataje" es siempre para el capital, sino que se trató de una intervención planificada y coercitiva para gestionar una quiebra ordenada, priorizando la estabilidad sistémica sobre los intereses de accionistas extranjeros.
El enfoque tuvo varias fases. El aislamiento del riesgo financiero pasó fundamentalmente por el hecho de que las autoridades le permitieron a Evergrande entrar en un default controlado, pero, a la vez activaron mecanismos centralizados para contener el contagio al sistema bancario, mayoritariamente estatal. Se forzó así una reestructuración dirigida por el Estado y no por el mercado.
La prioridad a los intereses "sociales" fue otra de sus fases principales. En ella se presionó a la empresa para que completara las viviendas ya vendidas y no entregadas, protegiendo en todo momento a los hogares y no dando margen a la especulación y la estafa; al tiempo que se gestionó la deuda con proveedores y contratistas nacionales para evitar una cascada de quiebras.
El tercer aspecto central en la gestión de aquella crisis pasó por una liimpieza sectorial. Es decir, la crisis se usó como oportunidad para una consolidación forzosa del sector con una orientación marcada y muchas empresas privadas, débiles, quebraron o fueron absorbidas. Empresas estatales o semiestatales de construcción de viviendas (como Poly y China Vanke) ganaron terreno, fortaleciendo el control estatal directo sobre un sector estratégico para el desarrollo y el bien común, categorías que en la RPCh se entrelazan dialécticamente.
Mientras que el gobierno chino centraliza y expande su rol como planificador y financiador de viviendas sociales, el gobierno argentino de Javier Milei (que había jurado que no iba a hacer negocios con los comunistas chinos y tuvo luego que tragarse sus palabras y renovar el swap) descentraliza y reduce al mínimo la intervención del Estado nacional, a excepción, claro está, de sus funciones represivas, donde sí está más que presente.
Con el Decreto 70/2025, para citar un caso paradigmático en relación al tema planteado, en el mes de febrero se consumó el cierre de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y de tres fondos fiduciarios destinados a la vivienda social. El ejemplo chino reafirma en los hechos que la vivienda es un derecho inalienable y una herramienta para la prosperidad común y la estabilidad, con el Estado como garante. Con más de 1400 millones de habitantes no se ve a una sola persona durmiendo en la calle en toda China. Algo que contrasta enormemente con lo que sucede en los países capitalistas, que concentran la riqueza y expanden la pobreza cada vez más, y en especial en nuestro país, donde bajo el gobierno de Milei la gente sin techo que sobrevive como puede a la intemperie se encuentra a cada paso en las principales ciudades del país.
En el mundo capitalista occidentental, y en esta Argentina de remate en particular, una casa es una mercancía de lujo y alquiler un departamento es un desafío cada vez más complicado para la clase trabajadora. Sin embargo, como punta de lanza en la batalla cultural que despliega la ideología dominante (es decir, la clase dominante), reducir la intervención estatal en la sociedad se vende (y se compra) como una garantía de "libertad” y eficiencia.Se trata, en definitiva, de dos sistemas con diferencias antagónicas. En uno de ellos la vida digna de los seres humanos es el eje articulador de sus políticas y en el otro la explotación del hombre por el hombre nos niega hasta el derecho elemental de poder acceder a una vivienda.
Fuentes: Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS): Datos de urbanización 2023.
XIV Plan Quinquenal (2021-2025): Capítulo de Vivienda y Desarrollo Urbano.
https://www.gov.cn/
