Esta ciudad fue designada “Zona sujeta a investigación especial”, lo que la convierte en un territorio al servicio del experimento de Patricia Bullrich. “Se ensaya algo muy complicado con la excusa de controlar el delito del narcotráfico, cuando en realidad lo están regulando, no controlándolo”, advirtió Norberto Galiotti.
El secretario del Partido Comunista de la provincia de Santa Fe, Norberto Champa Galiotti, cuestionó que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, celebrara la decisión del gobierno nacional de formalizar la elección de esa ciudad como una suerte de laboratorio para la aplicación, por primera vez en el país, de la Ley 27.786, que pone a Rosario “Zona Sujeta a Investigación Especial”.
La decisión impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, que también está respaldada por el gobernador Maximiliano Pullaro, impone la aplicación de la que desde el oficialismo se suele denominar “Ley Antimafias” o “Ley de Organizaciones Criminales” ¿Pero de qué va esta norma? Lo que desde la cartera a cargo de Bullrich se pretende presentar como una herramienta destinada a facilitar “un abordaje integral del crimen organizado”, lo que fomenta en la práctica no es otra cosa que entregarle un poder extremo al Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales a su cargo para actuar contra “organizaciones criminales”.
De acuerdo a la Ley 27.786, se puede caracterizar como una “organización criminal” a cualquier grupo de tres o más personas “que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves” ¿Quién evalúa en el territorio que esas personas están actuando de tal manera? Sí, el Ministerio de Seguridad de la Nación y sus agentes federales.
“Lo primero que hay que decir es que desde el Plan Bandera, los negocios del narco siguen creciendo en Rosario, sólo que se han organizado y emprolijado”, advirtió Galiotti y recordó que a partir del momento en que Bullrich, Pullaro y Javkin presentaron ese dispositivo en Rosario, en diciembre de 2023, “ahora la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura más la mafiosa policía de Santa Fe tienen un incremento en su participación de este Plan cuyo verdadero objetivo es el control social”.
En este sentido, el secretario político del PC de la provincia de Santa Fe puntualizó que nada tiene de casual que ahora se elija a Rosario para hacer este experimento. “Milei dice que quiere volver al país del siglo 19, estamos hablando del país en el que a Rosario le decían ‘la Chicago de Argentina’ y ‘el primer puerto del mundo’, porque era un paradigma de un modelo económico como el que quieren imponer ahora, basado en la reprimarización de la economía”.
Tras lo que remarcó que “está claro que, para ese diseño, un factor importante de concentración va a ser Rosario y su zona de influencia con sus puertos y los negocios del lavado, el narcotráfico y el contrabando”, para lo que “necesitan tener un control y orden sobre esta zona”.
Es por eso, afirma Galiotti, que “se está ensayando algo muy complicado y lo hacen con la excusa de controlar el delito del narcotráfico, cuando en realidad lo están regulando, no controlándolo”.
Asimismo, el dirigente del PC hizo hincapié en que “lo grave de esta ley es que cualquier partido político u organización sindical puede ser criminalizado, ya no sólo sus dirigentes, porque dice que si a alguien se lo acusa por ser parte de una organización mafiosa, paga toda la organización”, pero también resulta gravísimo “que las investigaciones sean secretas, por lo que pueden utilizar servicios de inteligencia no contra el narco, sino contra dirigentes y militancia política y sindical. Es decir, contra el pueblo, lo que implica una forma de control social absolutamente peligrosa que en tándem lleva a cabo el intendente Javkin, alineado con el gobernador Pullaro y la nefasta ministra Patricia Bullrich”.
