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Dom, Sep

Política

Luego de un atentado contra un supermercado cercano a la familia de Lionel Messi, en Rosario, con extremo oportunismo la derecha busca instalar en la agenda pública la problemática del narcotráfico. El propósito es “hacer de la violencia un modo de hacer política en un año electoral”, dijo Champa Galiotti, del PC rosarino.

La escalada mafiosa del narcotráfico en Rosario alcanzó repercusión internacional luego del ataque perpetrado la semana pasada contra un supermercado local, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Para la ocasión, con el oportunismo de siempre, la derecha montó un show con el imprescindible apoyo de los medios de comunicación, que de algún modo adelanta el tono que se le intentará dar a la campaña presidencial este año. Al respecto, Norberto Champa Galiotti, secretario del Partido Comunista de Rosario, señaló que “la derecha actúa con oportunismo sobre una problemática que efectivamente se expande en la ciudad y en la provincia”.

Mientras la massmedia y la derecha se proponen instalar en la escena nacional una mirada sumamente sesgada sobre la cuestión y que carga las tintas contra el gobierno nacional del Frente de Todos, otros acontecimientos vinculados a la misma problemática son invisibilizados. Por ejemplo, Galiotti indicó que “antes de la balacera contra el supermercado de la familia Rocuzzo se detuvo a una mujer policía que trabajaba en una banda de sicarios, liderada por su hijo, de la que se sospecha que cometió al menos cincuenta asesinatos”.

En efecto, según el dirigente del PC “la matriz impuesta en Rosario pretende ser exportada a todo el país” ¿De qué matriz se trata? De “una matriz mafiosa asentada en los negocios del contrabando y el lavado y que incorporó en los últimos años a las mafias del narcotráfico”. En ese sentido, remarcó que “lo que ocurre en la zona de Rosario y Gran Rosario, es un acelerado proceso de colonización por parte del poder económico que incorporó a las mafias del narcotráfico en su modelo de negocios”.

Y explicó que, “para ello, los grupos económicos como Vicentín, cuentan con el beneplácito de un sector del Poder Judicial y con el apoyo logístico de las fuerzas de seguridad como la policía, la Prefectura y la Gendarmería”, como así también “con la complicidad o complacencia de la derecha política”.

La medición de Vicentín no es caprichosa. Al respecto, Galiotti explicó que “la droga ingresa y sale, fundamentalmente, por los puertos de Rosario”. Por eso, “recuperar la Hidrovía es una política estratégica de primer orden para desarticular el narcotráfico,” dado que por el Río Paraná es por donde llega la materia prima de la cocaína y por donde los laboratorios la exportan al resto del mundo.

En esa dirección, hizo hincapié en que pese a lo que se denuncia en los grandes medios, “el negocio del narcotráfico nunca fue el mercado interno, sino que está orientado a la exportación”. Esto quedó demostrado, argumentó, el año pasado cuando se encontró en un galpón en un barrio de Rosario mil seiscientos kilos de cocaína que iban a ser enviados a Catar desde los puertos de Vicentín. Al mes siguiente se encontró en España un cargamento de una tonelada y media de cocaína que había partido desde el puerto rosarino de Vicentín. “No casualmente -explicó- las cargas de los cargamentos eran coincidentes, hay un patrón que indica un proceso muy organizado”.

 

Decisión acertada, política errada

 

Por estas circunstancias es que el dirigente comunista celebró la decisión del presidente, Alberto Fernández, quien anunció en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el llamado a licitación para, finalmente, construir el Canal de Magdalena en la provincia de Buenos Aires.

Galiotti enfatizó, por ejemplo, que “el Canal de Magdalena es necesario para sostener la soberanía alimentaria”, ya que si bien “el dragado del canal no puede equipararse a las necesidades requeridas para que transiten buques de gran porte”, luego de su construcción “podrán transitar buques medianos y pequeños” que, no obstante, provocarán un fuerte impacto positivo en los costos de transporte, contribuyendo a su reducción.

Para calibrar la importancia de la obra sobre el costo del transporte, explicó que un tren, por ejemplo, lleva veinte veces lo que puede transportar un camión. Pero un buque transporta veinte veces lo que puede trasladar un tren. La diferencia es exponencial en lo que respecta a la capacidad del transporte, con la importante ventaja además de que permitirán conectar directamente el tránsito fluvial y el marítimo hacia los puertos argentinos en la costa atlántica.

Por estos motivos es que también “el Canal de Magdalena podría contribuir a reducir la restricción externa, pero para ello habría que recuperar el control del comercio exterior y para eso se necesita decisión política”. Y, al respecto, recordó que “el año pasado en los puertos del rosafe las empresas privadas facturaron, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, 42.300 millones de dólares”. Y exclamó: “la pelea es por ver quién administra esos dólares, si las empresas o el Estado”.

Para ganar la batalla, consideró, “hay que desarticular el Estado neoliberal”. En 1992 con la sanción de la Ley de Reforma del Estado se disolvieron las empresas marítimas y portuarias, que pasaron a ser oficinas de control. Sobre la reforma del Estado se consolidó el poder económico de las empresas multinacionales.

Sin embargo, “en la actualidad Argentina cuenta con la capacidad técnica y operativa para conformar una empresa nacional que asuma las tareas de dragado y balizamiento”, dijo el dirigente del PC de Rosario y añadió que no se trata sólo de una expresión de deseo. En efecto, las empresas que explotan el sector lo hacen gracias a la capacidad y la infraestructura del Estado, por eso lamentó que el anuncio del presidente no haya contemplado la conformación de una empresa del Estado para llevar a cabo la construcción del Canal.

Sucede que, tal como lo hacía la empresa belga que administraba Hidrovía SA, “las empresas privadas que ganen la licitación van a tener que contratar los buques de dragado argentino y a trabajadores altamente calificados, también argentinos”. Por eso, la decisión de licitar la construcción resulta un despropósito, ya que “las empresas no ponen infraestructura ni capital, todo lo pone el Estado y el sector privado se llevan ganancias netas”.

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Diputados dio un paso adelante y la semana que viene el proyecto se va a considerar en comisiones. “La problemática es muy delicada y preocupa la posición que tiene al respecto el gobierno de Javier Milei”, advirtió Pedro Waldo, Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de Catamarca.

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Con la misma perseverancia con la que se sostienen los reclamos del sector semana a semana frente al Congrso y por distintas puntos del país, los jubilados barilochenses también marcan el camino de este proceso de resistencia popular. “Pese a que muchas veces nos dicen que tenemos la batalla cultural perdida, mientras sigamos luchando no tenemos absolutamente nada perdido, porque aquí la única batalla que se pierde es la que se abandona” dijo uno de los integrantes de la Asamblea, el militante comunista Maxi Schneebeli.

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En ese camino, y tras el paro de docentes universitarios realizado ayer, se prevé la realización de clases públicas en las distintas casas de estudio de todo el país y un acto central ante el Palacio Pizzurno. “Continuamos pensando y proyectando un horizonte de construcción de una universidad para todos y todas, para el acceso de los y las obreras y de sus hijos: este debe seguir siendo nuestro objetivo”, subrayó desde el MUI de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Sol Guirin Chapitel.

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En el marco del Día de la Industria, Apyme advirtió sobre el escenario catastrófico al que las políticas del gobierno de Javier Milei están arrastrando al país y demandó medidas de emergencia tendientes a frenar la ola de cierres de fábricas y comercios. También planteó que hay que reconstruir un modelo basado en la industria, el empleo, salarios, crédito productivo, ciencia y tecnología.

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El presidente fue a un encuentro empresarial el último viernes y los productores yerbateros lo esperaban en las calles para protestar contra la desregulación que provoca la destrucción del Instituto Nacional de Yerba Mate. “Hay que seguir presionando en las calles”, dijo desde el Movimiento Campesino de Liberación Rodolfo Almeida y reclamó que la Legislatura apruebe el Proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera.

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La Cámara de Diputados buscará este miércoles abrir paso al tratamiento de la emergencia crediticia de las familias, mientras el oficialismo maniobra para impedirlo. Más de veinte millones de personas están endeudadas y millones acumulan atrasos en un escenario marcado por la caída de los ingresos, la desregulación financiera y el encarecimiento del crédito. Jóvenes y jubilados aparecen entre los más golpeados por una coyuntura que obliga a tomar crédito a tasas leoninas para sostener los gastos cotidianos. Frente a semejante cuadro, el gobierno de Javier Milei pretende reducir el problema a una relación entre particulares y rechaza cualquier intervención pública. El endeudamiento doméstico para subsistir se ha convertido así en una de las expresiones más crudas del ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

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Este sábado en Avellaneda se realizó un mural colectivo en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro. De la actividad participaron varias organizaciones, entre ellas el Partido Comunista, quienes reafirmaron su solidaridad con Cuba. En relación al bloqueo recrudecido contra la Isla mediante el cerco energético de Trump y a las amenazas imperialistas de una agresión militar, Leonardo Baster, responsable de la delegación diplomática cubana en nuestro país, reafirmó que su pueblo está dispuesto a resistir “hasta la victoria”.

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En una cadena nacional que buscó apropiarse de la causa Malvinas, Javier Milei se presentó como defensor de una soberanía que en los hechos su gobierno vulnera sistemáticamente. El discurso presidencial quedó desmentido por su propia política exterior, por la subordinación a Washington y por la creciente presencia militar estadounidense en el Atlántico Sur. El Partido Comunista y su Secretario General, Jorge Kreyness, salieron al cruce de una puesta en escena que, detrás de una repentina retórica nacionalista, pretende ocultar la entrega del país.

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La CTA de los Trabajadores Regional Ribera del Paraná exigió ayer que el Legislativo zarateño investigue “las responsabilidades políticas y administrativas de la fuga de datos” que permitió la operación de prensa  montada por el medio Enlace Crítico contra el Secretario Político del PC de la Provincia de Buenos Aires, Christian Poli.

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Desde el MJL, Claudio Cabrera salió al cruce del Ministro de Economía, que anunció un plan de créditos hipotecarios destinados a sectores medios-altos para el que piensa echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

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Esta es la pregunta que hacen los trabajadores de Luz y Fuerza que demandan que el gobernador, Martín Llaryora, diga por qué busca que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba emita obligaciones negociables por cincuenta millones de dólares. “Epec no debe convertirse en una caja negra para el gobierno o los empresarios amigos del poder”, advirtió desde la CoNAT Rodolfo Leyría.

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Con esta consigna se volverá a movilizar para protestar contra la privatización del noventa por ciento de las acciones de AySA. El gobierno prevé que el martes 15 de septiembre se abran las ofertas. “Si se avanza en esto el agua va a dejar de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía”, advirtió Emanuel Ríos, Subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de Suteba. La firma israelí Mekort, que ingresó con fuerza a nuestro país durante el gobierno del Frente de Todos, asesora el proceso de privatización de esta empresa nacional estratégica.

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La semana pasada pararon durante una jornada en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. “Es una necesidad que los profesionales de la medicina estén bien pagos”, sostuvo desde el Partido Comunista pampeano Edgar Soria, quien reclamó que “se democratice nuestra obra social pero también la Anses, con la plena participación de los jubilados en la administración y el control de esas instituciones”.

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La historia del comunista Filippo Di Benedetto religa migración, trabajo, militancia sindical, lucha contra la dictadura y cuidado compañero. Su participación en redes clandestinas de solidaridad y protección revela una política fundada en el cuidado de la existencia. Su recuerdo nos interpela: ¿qué implica organizarse cuando el campo nacional y popular carece de una ética vinculada a una política de transformación radical? Por Rocco Carbone (*)

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La suspensión del desalojo de las comunidades Kinxikew y Melo constituye un triunfo de la resistencia popular frente al avance sobre los territorios, la extranjerización de la tierra y la violencia estatal. Para Walter Zamorano, dirigente del Partido Comunista de Neuquén, los desalojos forman parte de una ofensiva sistemática contra las comunidades mapuche y las organizaciones rurales, que debe ser enfrentada desde la organización popular y la defensa de la soberanía territorial.

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“Tenemos el derecho de no ser tolerantes con los intolerantes” sostuvo la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina al reflexionar acerca de los recientes dichos vertidos por el presidente en su aparición en una de las sedes porteñas de ese colegio, donde llevó su anticomunismo a niveles insólitos, calificando al marxismo como “teoría satánica”, y volvió a arremeter contra los periodistas.

Leer más…Milei en la ORT: el Icuf salió al cruce

El gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para poner hasta 2 billones de pesos a disposición de los bancos con el fin de que hagan negocios privados con créditos hipotecarios. Mientras las jubilaciones mínimas continúan perdiendo poder adquisitivo y millones de hogares se hunden en el endeudamiento, Luis Caputo presentó como política de vivienda una operación que coloca recursos previsionales al servicio del sistema financiero y la especulación inmobiliaria. El Movimiento Jubilados de Liberación denunció el nuevo avance y reclamó el control de trabajadores y jubilados sobre el FGS. “La plata de lxs jubiladxs no es para los bancos”, advirtió.

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El puerto de Ushuaia está intervenido por el gobierno nacional y ahí recaló el petrolero británico VS Promise. Mientras, la israelí Navitas avanza con el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las concesiones del mileísmo son argumentos en contra de nuestros permanentes reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Por Horacio López (*)

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