Derechos Humanos

Poco fue lo que se avanzó en el caso del asesinato de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Mientras tanto, “se multiplican los discursos de odio con Milei y sus satélites repetidores de las redes y los medios”, lamenta Andrea Mossano, desde la Corriente Lohana Berkins.

Se cumplió un año del Triple Lesbicidio de Barracas y pese a las instrucciones que oportunamente recibió de las instancias superiores, el juez Edmundo Rabbione persiste en negar que el caso del asesinato de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante encuadra dentro de lo que debe ser tipificado como un crimen de odio, por lo que la causa sigue tramitándose lentamente y bajo la carátula de “Homicidio Agravado”.

Vale recordar que durante la noche que fue del 5 al 6 de mayo de 2024, Andrea Amarante estaba junto a su pareja Sofía Castro Riglos, en la pieza que compartían en ese momento con Cobbas y Figueroa, cuando sin mediar palabra fueron atacadas por Justo Barrientos, quien arrojó dentro de la pieza un cóctel incendiario.

Rápidamente el fuego arrasó el cuarto. Sólo Sofía logró sobrevivir aunque con secuelas terribles por las que durante los últimos doce meses debió recibir asistencia médica y psicológica. El agresor, que tal como lo señalan varias personas que vivían en el mismo inquilinato, actuó por el odio que despertaban estas dos parejas de lesbianas, no sólo arrojó el coctel incendiario, sino que impidió que sus víctimas pudieran huir del lugar que era abrasado por las llamas.

Fue un triple lesbicidio. Sofía Castro Riglos sobrevivió, pero además de las secuelas físicas que quedaron, debió soportar en principio la revictimización a la que fue sometida cuando el juez Rabbione no le permitía ser querellante, ya que no asumía su vínculo con Andrea. Esta situación se superó cuando ante un pedido de recusación presentado por Sofía, a fines de diciembre pasado, la instancia superior ratificó al juez Rabbone aunque le ordenó que la acepte como querellante.

Pero, pese a esto, el magistrado persistió en su determinación de no enmarcar la causa como un crimen de odio y en sostener la imputación de Barrientos bajo la carátula de homicidio agravado, “como si se hubiera tratado de un conflicto entre vecinos, porque desconoce el trasfondo realmente grave que tiene este triple lesbicidio, que es el asesinato de tres lesbianas a manos de un hombre violento que toma sus vidas, literalmente las prende fuego, por ser lesbianas, sin otra razón”, recalca desde la Corriente Lohana Berkins, Andrea Mossano.

Esta actitud fue reprochada la semana pasada por la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, en respuesta a la apelación de la querella de Sofía Castro Riglos y a la que representa a un hijo menor de edad de Roxana Figueroa, le dijo a Rabbione que debe considerar que los tres crímenes fueron motivados por el “odio desmedido” que el asesino tiene por quienes fueron sus víctimas.

Es que con los elementos que tiene este caso puestos sobre la mesa, queda claro que se está ante un crimen que fue motivado por el odio, pero asimismo “en un contexto en el cual en nuestro país se multiplican los discursos de odio con Milei y sus satélites repetidores de las redes y los medios”, lamenta Andrea Mossano y advierte que no resulta casual que en los días que corren, “el colectivo lgtbq+ esté más vulnerado que hasta hace un tiempo”, ya que “hay un retroceso tremendo a nivel institucional que, ciertamente, afecta la calidad de vida”.

El cierre del Ministerio de la Mujer y del Inadi, los ataques constantes contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Micaela y la Ley de Educación Sexual Integral, son apenas una muestra que habla elocuentemente de lo que se está viviendo. Y, en este sentido, lo que la Presidencia Milei destruye en el plano institucional, tiene un correlato en un aparato ideológico que las sustenta.

Poco antes del crimen, el biógrafo y amigo personal de Milei, Nicolás Márquez, celebró públicamente que con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, el Estado dejara de “promover, incentivar y financiar la homosexualidad”, pero fue todavía más lejos el 15 de mayo de 2024, cuando al responder un posteo en el que la periodista Olga Wornat señalaba que “las mataron por lesbianas”, con absoluta crueldad pontificó: “entonces no te hagas lesbiana así no te matan. Buen motivo para reivindicar la heterosexualidad”.

 

Contexto de precarización

“Hay que tener presente que Andrea, Roxana y Pamela fueron asesinadas porque eran lesbianas”, insistió la representante de la Corriente Lohana Berkins y añadió que las ultimaron “en su casa…en la habitación que ocupaban, donde estas cuatro mujeres vivían en un contexto de precarización”.

En este sentido, sostuvo que es preciso ver ese contexto “desde una perspectiva de clase”, ya que “ellas vivían compartiendo una pieza de una pensión, se habían amuchado a nivel familiar la una con la otra…precarizadas laboralmente, porque las personas del colectivo Lgtb tienen una historicidad de desarraigo y desprecio, no en todos los casos, pero sí gran parte”. Y puntualizó que “a veces son expulsadas de sus núcleos familiares y también padecen dificultades para acceder a un trabajo digno a raíz de la discriminación…la misma que en este caso acabó asesinándolas”.

Por otra parte, este marco se condice con la gravedad que tiene el hecho de que el Poder Judicial, en este caso representado por el juez Rabbione, persista en negar el enfoque de género que, necesariamente, debe llevar a que esta causa sea tratada como un crimen de odio”, ya que “eso haría que se siente un precedente sobre otras causas futuras”, algo que resulta imprescindible en el actual contexto que aparece atravesado por una constante escalada de odio propiciada desde la propia Presidencia de la Nación.

“Ese discurso presidencial junto al grupo de sus secuaces y repetidores contra el colectivo lgtbq+, envalentonan a personas que tienen grandes problemas de odio en su existencia, habilitando a que alguien te insulte, te hostigue, te rompa una ventana, te grite barbaridades por la calle y también atente contra tu propia vida”, alertó Andrea Mossano y recordó el reciente atentado perpetrado contra la secretaria de Género del Partido Comunista, Solana López y su familia (Ver “Este hecho no debe quedar impune”).

Pero pese a esto, a un año del triple lesbicidio, la causa aparece bastante planchada, algo que va a tono con un espíritu de época que -hay que repetirlo- se fomenta desde el propio gobierno. “Es un dato más del recrudecimiento fascista”, asevera Andrea y remarca que “este tipo de acciones y conductas son puramente fascistas y es lo que se promueve desde lo institucional ahora mismo”.

Por lo cual advierte que “cuando el fascismo domina los discursos, acciones y el poder, ya sabemos que muchas personas dejan de existir o viven mal”, al tiempo que “ciertos colectivos pasan a ser demonizados para inducir a la sociedad a que vea en ellos algo que debe ser destruido porque es amenazante”. Y puntualiza que “este tipo de construcciones sabemos que acaban con 30 mil desaparecidos y genocidios por goteo”.

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Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.

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Con epicentro en Plaza de Mayo ayer jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, fustigó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de DDHH, ya que “es una persona que justifica lo hecho por la dictadura con el argumento falaz de ‘la historia completa’”.

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Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.

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En Quilmes, militantes del Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins restauraron un mural que honra la memoria de Florencia Gómez.  Y coincidieron en afirmar que, a través del arte y el muralismo “renovamos nuestro compromiso de seguir exigiendo verdad y justicia por Flor”.

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Fue en Avellaneda,  donde se pintó un mural y se festejó el cumpleaños del fotorreportero herido de gravedad en marzo pasado por la gendarmería al mando de Patricia Bullrich en el marco de una protesta de jubilados. Mientras continúa con su recuperación, Pablo envió un saludo a quienes estuvieron presentes en la jornada, en la que participaron el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  

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La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada. 

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Ayer 7 de diciembre recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Oscar Castelnovo, un militante por los Derechos Humanos que tendió siempre su mano solidaria a los presos políticos sin importar su ideología o filiación partidaria. Periodista y escritor, hizo de su oficio una tribuna para la defensa encendida de los luchadores perseguidos por el mismo sistema que los marginaba y para amplificar el ideal de una sociedad con garantías y derechos universales consagrados en la realidad concreta de los pueblos. Apasionado por sus convicciones, vivió para entregarse sin especulaciones a las causas justas. Militó en el PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue redactor del Diario Sur y de Nuestra Propuesta allá por la década neoliberal del 90´. Ya en este siglo, fundó la Agencia Rodolfo Walsh y la Agencia para la Libertad. Y a cada artículo, cada libro y cada palabra escrita a lo largo de su vida les puso siempre el cuerpo.

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El próximo jueves por la tarde la Plaza de Mayo va a volver a ser el escenario de una jornada convocada “con los Pañuelos Blancos como bandera” en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

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“Como decimos siempre, a donde vayan los iremos a buscar, tengan la edad que tengan”, dijo desde La Violeta, Julieta Alonso, al celebrar que Ctera lleve a cabo la campaña nacional para exigir que se juzgue a los acusados del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia.

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.

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El jueves 11, Plaza de Mayo va a volver a pintarse de resistencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. “La idea es reforzar el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia y reafirmar el compromiso que hemos hecho durante las últimas cuatro décadas”, puntualizó Malena Silveira desde la Liga.

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Fue en Tafí Viejo, Tucumán, en un nuevo aniversario del fallecimiento de este joven militante de la Fede, baleado por una patota de Antonio Domingo Bussi en 1987. Ante su tumba, integrantes del Partido Comunista y familiares lo recordaron, exigiendo justicia y reafirmando el compromiso de seguir levantando sus banderas.

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Se sustanció en Resistencia un nuevo Juicio por la Verdad. En este caso se pudo establecer qué pasó con el militante misionero Carlos Tereszecuk. “Estos procesos son un aporte contrario a la corriente de crueldad que parece imperar, porque si por el poder fuera, nombres como los de Tereszecuk y tantos otros seguirían en el olvido”, sostuvo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.

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Un docente de bioquímica fue sancionado por reivindicar el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Índice de Abuelidad, instrumentos científicos que han hecho un aporte clave para devolverles su identidad a decenas de Nietes recuperados por Abuelas. Contundente reacción solidaria por parte de organizaciones de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista.

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Un represor organiza una marcha hacia Plaza de Mayo para pedir que larguen a los genocidas condenados. Por primera vez desde 1983 un militar va a estar al frente del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Derechos Humanos defiende en la ONU el “Protocolo Antipiquetes” y la “memoria completa”.

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“Frente a un gobierno que desprecia el sistema democrático y busca silenciar opositores, es indispensable organizar una activa oposición a este proyecto, para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos y garantías”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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Lo dijo desde La Violeta Emanuel Ríos, al referirse a la campaña nacional por la que Ctera exige que se juzgue a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “La dictadura los asesinó pretendiendo cortar de cuajo aquello por lo que luchaban”, puntualizó.

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El gobernador de Salta paraliza el Comité contra la Tortura que es una instancia autárquica que monitorea el accionar de fuerzas policiales y penitenciarias en la provincia. La Mesa de Derechos Humanos advirtió que peligra su funcionamiento ya que el ejecutivo no llama a concurso para cubrir los cargos que vencen dentro de tres meses.

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El Tribunal 1 de Rosario absolvió a los acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados contra obreros durante la represión del Villazo. “Es un hecho vergonzante por parte del Poder Judicial que se mostró obsecuente con un clima de época que sopla desde la derecha”, lamentó desde el Partido Comunista de Villa Constitución, Matías Pereyra.

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Comunidades mapuche radicadas en la zona de Bahía Blanca alertaron sobre el daño ambiental que pueden provocar los ejercicios que tropas estadounidenses llevan a cabo en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

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Se llevó a cabo en Rosario el cuarto Encuentro Provincial de Derechos Humanos en el que participó la Liga junto a otros organismos como Hijos, Familiares y la Apdh. En el debate también estuvo presente la causa Villazo y la demanda de justicia por Florencia Gómez.

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Mientras mañana va a tener lugar en Rosario el Encuentro de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, el martes se prevé que en los Tribunales Federales se lea la sentencia en la Causa Villazo. Por su parte, la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación confirmó este miércoles que recibirá al PC para responderle a su reclamo de información en la investigación sobre el femicidio de Florencia Gómez, una conquista que es consecuencia de la lucha militante sostenida a lo largo de cinco años.

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Avanza la campaña que lanzó Ctera para demandar que comience el juicio que debe poner en el banquillo de los acusados a los responsables del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia. “Es primordial explicar a la sociedad el porqué de la lucha de aquellos militantes y dirigentes, que como Isauro y Arturo dieron sus vidas”, sostuvo Pablo Moren desde La Violeta de Lanús. 

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Sigue la campaña nacional de Ctera para exigir que inicie el juicio por el asesinato de los hermanos Arancibia. “Es preciso que esta campaña culmine con el juzgamiento y condena de los responsables del fusilamiento de nuestros compañeros”, subrayó desde La Violeta, la secretaria de Derechos Humanos integrante de Amsafé, Maru Regué.

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Con los votos de Rosatti y Rosenkrantz el máximo tribunal anuló la prórroga de la prisión preventiva que pesaba sobre el integrante de la CNU, Carlos Castillo. La Liga y otros organismos de Derechos Humanos repudiaron tal decisión.

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Se espera que en el banquillo se sienten veintitrés ex militares y ex policías que deben responder por su responsabilidad en la comisión de 63 delitos de lesa humanidad cometidos contra 71 víctimas de la ciudad de Río Cuarto.

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Esto es lo que reclamó Rogelio de Leonardi, secretario de Derechos Humanos de Ctera, ante el lanzamiento de la campaña nacional para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

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Fue el sábado pasado y junto a la Liga se dieron cita integrantes de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares, Amigos y Compañeros de Campo de Mayo.

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Una instancia judicial confirmó el criterio de la Subsecretaría del Interior en el caso del refugiado político  italiano que Javier Milei y Giorgia Meloni quieren poner tras las rejas. El estado de salud de Leonardo Bertulazzi enciende luces de alarma ya que acaba de tener un nuevo ACV.

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De esto va la reciente creación, por decreto presidencial, del Centro Nacional Antiterrorista que nace bajo la órbita de la cartera que preside Patricia Bullrich y “vuelve a meter a las Fuerzas Armadas, por la ventana, en cuestiones internas”, según lo advirtió el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Gerardo Etcheverry.

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