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Mar, Mar

Derechos Humanos

Poco fue lo que se avanzó en el caso del asesinato de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Mientras tanto, “se multiplican los discursos de odio con Milei y sus satélites repetidores de las redes y los medios”, lamenta Andrea Mossano, desde la Corriente Lohana Berkins.

Se cumplió un año del Triple Lesbicidio de Barracas y pese a las instrucciones que oportunamente recibió de las instancias superiores, el juez Edmundo Rabbione persiste en negar que el caso del asesinato de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante encuadra dentro de lo que debe ser tipificado como un crimen de odio, por lo que la causa sigue tramitándose lentamente y bajo la carátula de “Homicidio Agravado”.

Vale recordar que durante la noche que fue del 5 al 6 de mayo de 2024, Andrea Amarante estaba junto a su pareja Sofía Castro Riglos, en la pieza que compartían en ese momento con Cobbas y Figueroa, cuando sin mediar palabra fueron atacadas por Justo Barrientos, quien arrojó dentro de la pieza un cóctel incendiario.

Rápidamente el fuego arrasó el cuarto. Sólo Sofía logró sobrevivir aunque con secuelas terribles por las que durante los últimos doce meses debió recibir asistencia médica y psicológica. El agresor, que tal como lo señalan varias personas que vivían en el mismo inquilinato, actuó por el odio que despertaban estas dos parejas de lesbianas, no sólo arrojó el coctel incendiario, sino que impidió que sus víctimas pudieran huir del lugar que era abrasado por las llamas.

Fue un triple lesbicidio. Sofía Castro Riglos sobrevivió, pero además de las secuelas físicas que quedaron, debió soportar en principio la revictimización a la que fue sometida cuando el juez Rabbione no le permitía ser querellante, ya que no asumía su vínculo con Andrea. Esta situación se superó cuando ante un pedido de recusación presentado por Sofía, a fines de diciembre pasado, la instancia superior ratificó al juez Rabbone aunque le ordenó que la acepte como querellante.

Pero, pese a esto, el magistrado persistió en su determinación de no enmarcar la causa como un crimen de odio y en sostener la imputación de Barrientos bajo la carátula de homicidio agravado, “como si se hubiera tratado de un conflicto entre vecinos, porque desconoce el trasfondo realmente grave que tiene este triple lesbicidio, que es el asesinato de tres lesbianas a manos de un hombre violento que toma sus vidas, literalmente las prende fuego, por ser lesbianas, sin otra razón”, recalca desde la Corriente Lohana Berkins, Andrea Mossano.

Esta actitud fue reprochada la semana pasada por la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, en respuesta a la apelación de la querella de Sofía Castro Riglos y a la que representa a un hijo menor de edad de Roxana Figueroa, le dijo a Rabbione que debe considerar que los tres crímenes fueron motivados por el “odio desmedido” que el asesino tiene por quienes fueron sus víctimas.

Es que con los elementos que tiene este caso puestos sobre la mesa, queda claro que se está ante un crimen que fue motivado por el odio, pero asimismo “en un contexto en el cual en nuestro país se multiplican los discursos de odio con Milei y sus satélites repetidores de las redes y los medios”, lamenta Andrea Mossano y advierte que no resulta casual que en los días que corren, “el colectivo lgtbq+ esté más vulnerado que hasta hace un tiempo”, ya que “hay un retroceso tremendo a nivel institucional que, ciertamente, afecta la calidad de vida”.

El cierre del Ministerio de la Mujer y del Inadi, los ataques constantes contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Micaela y la Ley de Educación Sexual Integral, son apenas una muestra que habla elocuentemente de lo que se está viviendo. Y, en este sentido, lo que la Presidencia Milei destruye en el plano institucional, tiene un correlato en un aparato ideológico que las sustenta.

Poco antes del crimen, el biógrafo y amigo personal de Milei, Nicolás Márquez, celebró públicamente que con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, el Estado dejara de “promover, incentivar y financiar la homosexualidad”, pero fue todavía más lejos el 15 de mayo de 2024, cuando al responder un posteo en el que la periodista Olga Wornat señalaba que “las mataron por lesbianas”, con absoluta crueldad pontificó: “entonces no te hagas lesbiana así no te matan. Buen motivo para reivindicar la heterosexualidad”.

 

Contexto de precarización

“Hay que tener presente que Andrea, Roxana y Pamela fueron asesinadas porque eran lesbianas”, insistió la representante de la Corriente Lohana Berkins y añadió que las ultimaron “en su casa…en la habitación que ocupaban, donde estas cuatro mujeres vivían en un contexto de precarización”.

En este sentido, sostuvo que es preciso ver ese contexto “desde una perspectiva de clase”, ya que “ellas vivían compartiendo una pieza de una pensión, se habían amuchado a nivel familiar la una con la otra…precarizadas laboralmente, porque las personas del colectivo Lgtb tienen una historicidad de desarraigo y desprecio, no en todos los casos, pero sí gran parte”. Y puntualizó que “a veces son expulsadas de sus núcleos familiares y también padecen dificultades para acceder a un trabajo digno a raíz de la discriminación…la misma que en este caso acabó asesinándolas”.

Por otra parte, este marco se condice con la gravedad que tiene el hecho de que el Poder Judicial, en este caso representado por el juez Rabbione, persista en negar el enfoque de género que, necesariamente, debe llevar a que esta causa sea tratada como un crimen de odio”, ya que “eso haría que se siente un precedente sobre otras causas futuras”, algo que resulta imprescindible en el actual contexto que aparece atravesado por una constante escalada de odio propiciada desde la propia Presidencia de la Nación.

“Ese discurso presidencial junto al grupo de sus secuaces y repetidores contra el colectivo lgtbq+, envalentonan a personas que tienen grandes problemas de odio en su existencia, habilitando a que alguien te insulte, te hostigue, te rompa una ventana, te grite barbaridades por la calle y también atente contra tu propia vida”, alertó Andrea Mossano y recordó el reciente atentado perpetrado contra la secretaria de Género del Partido Comunista, Solana López y su familia (Ver “Este hecho no debe quedar impune”).

Pero pese a esto, a un año del triple lesbicidio, la causa aparece bastante planchada, algo que va a tono con un espíritu de época que -hay que repetirlo- se fomenta desde el propio gobierno. “Es un dato más del recrudecimiento fascista”, asevera Andrea y remarca que “este tipo de acciones y conductas son puramente fascistas y es lo que se promueve desde lo institucional ahora mismo”.

Por lo cual advierte que “cuando el fascismo domina los discursos, acciones y el poder, ya sabemos que muchas personas dejan de existir o viven mal”, al tiempo que “ciertos colectivos pasan a ser demonizados para inducir a la sociedad a que vea en ellos algo que debe ser destruido porque es amenazante”. Y puntualiza que “este tipo de construcciones sabemos que acaban con 30 mil desaparecidos y genocidios por goteo”.

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En la siguiente columna,  Julio “Pucho” Martínez, apoderado del Partido Comunista de Córdoba y abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se refiere al hallazgo de los restos de doce militantes secuestrados-desaparecidos en La Perla, donde se identificó a los comunistas  Ramiro Sergio Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes y da cuenta de una historia de décadas de lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la provincia. 

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En el municipio de La Banda, Santiago del Estero, se llevan a cabo diversas actividades de cara al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Su director de Derechos Humanos, Marcelo Meza,  define que “los Derechos Humanos no son solamente una política pública, sino que son un espacio de producción, formación y construcción de la ciudadanía”.

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Este sábado, 14 de marzo, la Asociación de Detenidos y Sobrevivientes de Campo de Mayo, junto a militantes de diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos realizarán un acto en el predio de Campo de Mayo.

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En la provincia de Santa Fe, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista transitan el camino rumbo al 24 de marzo llevando a cabo una nutrida agenda de actividades. En ese marco bordaron en un pañuelo blanco el nombre de su camarada Danilo Nadalutti, asesinado mientras hacía la colimba en Catamarca, que por primera vez se sumará a la bandera central de lxs 30 mil que marchará hacia Plaza de Mayo.

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En el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica, en la provincia de Córdoba se confirmó el hallazgo de los restos de doce personas donde funcionara el centro de desaparición, tortura y exterminio “La Perla”. La Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista colaboran en la causa junto al Equipo Argentino de Antropología Forense para la identificación de los restos de los compañeros enterrados clandestinamente por el terrorismo de Estado que niega el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. 

Por Julio “Pucho” Martínez(*) 

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En la ciudad de Salta se rindió tributo a la memoria del ex gobernador, a medio siglo de su secuestro y desaparición. Ahí estuvo la Liga Argentina por los Derechos Humanos y también Fernando Pequeño, nieto de Miguel Ragone, quien recordó a su abuelo como alguien que “trascendió la posición política del peronismo al que pertenecía”.

Leer más…Homenaje a Ragone, el médico del pueblo

En este contexto se prevé señalizar el predio conocido como El Camino de las Moras, donde hace cincuenta años fueron masacradas las trabajadoras y militantes políticas Olga Sánchez, María Cristina Mattioli, Graciela Siryi y Gladys Lucía Gómez. “No olvidamos a nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas y no nos vamos a reconciliar jamás”, puntualizó desde el PC corondino Maru Regué.

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Con esta consigna en todo el país se va a marchar el 24 de marzo. Se trata de “una forma de poner en el centro a los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos”, dijo desde la Liga Malena Sylveira. Desde Federalizar la Memoria, Víctor Giavedoni subrayó que “resistimos y exigimos que los represores aporten los datos que poseen”.

Leer más…“Que digan dónde están”

La docente y militante jujeña Josefina Mamani publicó Tumbaya en la memoria. Historia de luchas y esperanzas en la Quebrada, una investigación que reconstruye la organización del Partido Comunista en el pueblo y la represión desatada en 1976. El libro recupera la historia de los siete jóvenes desaparecidos y reafirma, frente al negacionismo, su identidad política y su compromiso con las luchas populares.

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Esto es lo que afirma el dirigente del Partido Comunista Rogelio Roldán, cuando se refiere a la posibilidad de que Javier Milei avance con un intento de indultar a los genocidas que están condenados por delitos de lesa humanidad. 

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Crece la versión de que el domingo ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei podría hacer un anuncio en tal sentido. “Esto ataca directamente al proceso de Memoria, Verdad y Justicia que en Argentina ha sido un ejemplo a nivel internacional, un proceso que durante mucho tiempo consideramos que sería una garantía de no repetición”, advirtió desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos el abogado José Legarreta.

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La Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) denuncia a través de un comunicado de prensa, que reproducimos a continuación, el agravamiento en las condiciones de detención de Milton Tolomeo, masajista deportivo y socorrista profesional que además trabaja como ayudante de una portería en CABA, y que fue detenido el sábado pasado, acusado de ser una de las personas que tiraron bombas molotov hacia el cordón policial durante la manifestación contra la infame ley de reforma laboral.

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En la ciudad de Mar del Plata, organizaciones populares resisten el proyecto que busca autorizar la construcción de un polo gastronómico dentro del predio del Faro, donde durante la última dictadura funcionara un Centro Clandestino de Detención y Tortura.

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Miguel Ángel Arévalo Clodoveo fue uno de los responsables del secuestro de Iris Pereyra y de su hijo, Floreal “Negrito” Avellaneda, militante de la Fede desaparecido con catorce años por la última dictadura. Medio siglo después la hija y el nieto del represor se acercaron a la casa de Iris para abrazarla y solidarizarse con su lucha inclaudicable. “Lo de ellos fue una muestra de coraje y humildad que dieron al querer venir a conocerme, por eso es que al agradecerles les pedí que no se olviden del Negrito”, cuenta en esta entrevista la Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

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En la ciudad de Corrientes, el gobierno provincial quiere privatizar el Espacio de Memoria que funciona donde durante la última dictadura estuvo el Centro Clandestino de Detención Regimiento 9. Hubo un abrazo de organizaciones sociales y políticas para proteger el predio. El Partido Comunista dijo presente.

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Así lo manifestaron la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de DDHH por medio de una declaración conjunta en la que se puntualiza que antes que “profundizar un régimen heredado de la dictadura”, es preciso “garantizar el acceso a derechos fundamentales” para niños y adolescentes.

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Solana López, Secretaría de Géneros del Partido Comunista y delegada del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, advierte en  este artículo sobre el avance en la quita de derechos que se expresa no sólo en la reforma laboral, sino también en la baja de la edad de punibilidad. “Esta  ley constituye un nuevo paradigma sobre niñez y adolescencia, sobre el alcance de sus derechos y la responsabilidad social ante la acuciante realidad que atraviesan nuestrxs jóvenes”, asegura. 

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A partir de mañana César Albarracín, Rubén Escobar, Patricio Finnen y Julio Casanova Ferro se van a sentar en el banquillo de los acusados para responder por los crímenes que cometieron en los Centros Clandestinos operados por la SIDE y la patota de Aníbal Gordon. Estos represores son algunos de los responsables del secuestro y desaparición de los militantes del PC Carmen Román, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez y Juan Arano. 

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La hicieron pública la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista ante las amenazas del “Gordo Dan” contra esta abogada que representa a Pablo Grillo y es una reconocida activista del “No a la baja”.

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Organismos de Derechos Humanos pidieron que Rogelio Frigerio los reciba para plantearle su “profunda preocupación” por el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad,  que viene siendo vaciado por las políticas del mandatario provincial, en sintonía con el ajuste y el negacionismo del gobierno nacional.

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“Son perversos”. Así definió Iris Pereyra de Avellaneda a la diputada Lilia Lemoine y los mileístas que se burlaron públicamente de las víctimas de los Vuelos de la Muerte. Familiares de víctimas pidieron, con la adhesión de organismos de Derechos Humanos, que Lemoine sea expulsada del Congreso y la denunciaron por el delito de apología del terrorismo de Estado.

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El juez Federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en marcha, hace dos años, la entonces ministra de Seguridad. “El Protocolo es una señal política que dice que ‘está bien’ reprimir a los manifestante  y esta resolución judicial va en sentido contrario a ese criterio”, reflexionó el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry.

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En la continuidad de lo que fue el celebrado en Concepción del Uruguay, esta vez la cita fue en la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde organismos de Derechos Humanos de ambos márgenes del Río de la Plata, reflexionaron sobre el Plan Cóndor su impacto y vigencia.

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Dieciséis represores fueron sentenciados a cadena perpetua en el contexto de la Megacausa del Comando V del Éjercito por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “La justicia tarda en llegar y el reloj corre a favor de estos genocidas, por eso es muy importante lo de este juicio”, dijo desde el PC bahienese Guillermo Colantuono, quien sostuvo además que “para que lo de Memoria, Verdad y Justicia sea una realidad plena es necesario construir una estrategia de poder popular”. Por su parte, el diario La Nueva Provincia deberá rectificar lo publicado entonces en sus páginas, cuando presentara a estas víctimas del secuestro y la desaparición como “ultimadas en enfrentamientos en la vía pública”.

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua impuesta al ex gendarme Eduardo Abelardo Britos por el homicidio del campesino Wenceslao Pedernera, cometido en 1976 durante la última dictadura militar en La Rioja.

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“2025 fue un año de lucha en el que no tuvimos la fuerza suficiente para frenar todas las iniciativas del gobierno, pero nunca dejamos de luchar y continuaremos haciéndolo”, recalcó en la ocasión Gerardo Etcheverry, el vicepresidente de la LADH. En tanto que su presidenta, Iris Pereyra de Avellaneda, destacó las condenas que en el cierre de este año obtuvieron los responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo y la resistencia contra los cierres de los sitios por la Memoria, como la que ella misma protagoniza desde la Comisión de Campo de Mayo.

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Militares e integrantes de distintas fuerzas de seguridad que actuaron en Comodoro Rivadavia desde principios del año 1976 en el centro clandestino Las Casitas y en otros escenarios, como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, fueron condenados por sus crímenes en la dictadura. 

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Así lo recalcó la secretaria de Géneros de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, Analía Fonzalida, al reflexionar sobre la campaña nacional con la que Ctera pide que se lleve a juicio a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “Isauro fue el maestro que no sólo enseñó una asignatura, sino también a pensar”, definió.

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Ante un nuevo aniversario de este caso emblemático, Nuestra Propuesta dialogó con uno de los abogados querellantes que tuvo la causa, Duilio Ramírez, quien reflexionó sobre las enseñanzas que deja el proceso que llevó a las condenas de nueve de los responsables de la Masacre; un ejercicio indispensable en momentos en los que desde el gobierno nacional se pretende borrar todo lo vinculado a la lucha por los Derechos Humanos.

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Diciembre es, en la Argentina y en todo el continente, un mes de lucha y de memoria. En ese marco, se realizó en Buenos Aires un nuevo foro latinoamericano por la libertad de los presos del Imperio en el continente, junto con diversas actividades y comunicados conmemorativos a cuarenta años de la sentencia dictada por el tribunal que llevó adelante el Juicio a las Juntas.

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