El Máximo Tribunal avaló una de las condenas dictadas en el marco del lawfare que tiene a la dirigente de la Tupac como a una de las principales víctimas. “Ratificó una condena brutal que, incluso con las causas inventadas, es injustificable”, denunció la secretaria de Género del Partido Comunista, Solana López.
Hoy se cumplen 3411 días desde el momento en que Milagro Sala se convirtió en presa política cuando fue encarcelada por medio de una maniobra en la que el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, actuó en tándem con el Supremo Tribunal en el que acababa de designar a dos de sus principales acólitos. Desde ese instante, en lo que representa un caso paradigmático de lawfare, se sucedieron las causas contra la líder de la Tupac Amaru, en las que en un juego de pinzas, el Poder Judicial de la Nación y fundamentalmente el esquema encabezado por la Presidencia Macri, tomaron revancha de clase contra quien en su provincia encabezó un derrotero que luchó y desnudó a buena parte de lo más criminógenos que ahí expresa la clase capitalista.
En este contexto la semana pasada la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimó un planteo realizado por la defensa de Milagro Sala y, de esta manera, dejó firme la pena única de quince años de prisión e inhabilitación absoluta que había dictado el 10 de febrero de 2023 el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy.
Como secretaria de Géneros del Partido Comunista y coordinadora de la Corriente Nacional Lohana Berkins, Solana López está entre quienes visitan regularmente a Milagro Sala en su cautiverio y destaca que “es una presa política y todas las causas que armaron contra ella forman parte del lawfare, inventadas con el único fin de perseguir políticamente a quien es en Argentina una de las dirigentas con más representación a partir de la construcción de poder popular que lideró”.
En este sentido, recordó que se trata de una práctica “que comenzó antes de Javier Milei, durante el gobierno de Macri, pero que incluso durante el último año de la presidencia de Cristina Fernández, tuvo al Poder Judicial convirtiéndose en un brazo ejecutor desde una política de persecución total y absoluta a militantes del campo popular y dirigentes políticos”, algo que “en el caso de Milagro se vio con claridad”, ya que se la persiguió “por ser indígena, mujer y llevar adelante un proyecto político basado en una propuesta de construcción de poder popular, como fue el desarrollo de la Tupac Amaru en Jujuy”.
Por eso es que no sorprende el nivel de persecución que tuvo por parte del gobierno que encabezaba Morales, “cuyo corolario es esta condena firme que da cuenta de los compromisos que tiene la Corte Suprema con el poder real”, pero que además “en el momento que vive el país, cobra más relevancia porque las persecuciones políticas aumentan, se profundizan y agravan con el gobierno de Milei”. Y, entonces, el paso que dio la Corte, “ratifica una condena brutal que, incluso con las causas inventadas, es injustificable, si no se entiende que va de la mano de de un proyecto de derecha que busca amedrentar”.
Y de lo que se trata, “es de disciplinar…de ir propiciando una subjetividad contraria a la organización popular y la lucha”, ya que “el accionar del gobierno va encaminado a la construcción de una Argentina atravesada por la pérdida de garantías democráticas”. Ante lo cual, la dirigente comunista remarcó la importancia de establecer lazos “de solidaridad activa y militante que sea capaz de contrarrestar el objetivo político que está detrás de actos como esta persecución que sufre Milagro”.
