Agenda popular y el desafío de avanzar

Con un gran acto de apoyo popular al gobierno del Frente de Todos en la Plaza del Congreso, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró ante la Asamblea Legislativa el período ordinario de sesiones en el Congreso. En las calles, una nutrida participación del Partido Comunista acompañó la apertura del año legislativo, con consignas que exclamaban “La deuda es con el pueblo” y “Libertad a los presos políticos”, entre otras.

En su discurso frente a la Asamblea, Alberto Fernández ratificó la orientación general del gobierno y las nuevas prioridades del Estado, que implican un cambio radical frente a lo que fue la política económica, social y cultural del macrismo en el período 2015-2019. Entre las definiciones más importantes, se destacó sin dudas el anuncio del envío al Congreso “en los próximos diez días” de un proyecto de legalización del aborto en todo el país, lo que supone una victoria del movimiento feminista y del campo popular. También, el presidente se refirió a la deuda externa, focalizó en la lucha contra el hambre, anunció una reforma del sistema nacional de inteligencia y de la justicia federal, ratificó el compromiso del Estado nacional en los juicios por delitos de lesa humanidad de la última dictadura y dio algunas definiciones en materia económica en los que, más allá de los títulos de algunos proyectos, no se dieron precisiones sobre los alcances y objetivos de algunas de estas en áreas importantes como la extracción de hidrocarburos, minería, industria, sector agropecuario y cadenas de valor y formación de precio. Respecto a esto último, tampoco hubo precisiones sobre la política energética y tarifaria del gobierno, la cual debe ser definida cuanto antes para aliviar el bolsillo de los trabajadores y recaudar recursos, más que necesarios en el contexto de crisis económica, entre las empresas prestadoras de servicios públicos, que fue uno de los sectores que más se benefició con la política económica de Macri.

Deuda ¡Nunca más!

Un capítulo importante del discurso, sin dudas el más relevante de acuerdo a la grave crisis económico-social que atraviesa el país, fue el dedicado al problema de la deuda externa. En este pasaje, el presidente recordó que la Argentina enfrenta una deuda pública “récord en monto y concentración temporal de vencimientos”. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan 48.968 millones de dólares, a lo que debe adicionarse 14.838 millones de dólares en concepto de intereses.

Frente a esta escenario, enfatizó que “la deuda pública que heredamos es, sin lugar a dudas, el mayor escollo que enfrentamos” y dijo que el Banco Central se encuentra analizando “de modo pormenorizado” los conceptos bajos los que el gobierno de Macri recibió esas divisas y el destino que estas tuvieron, pero no anunció una investigación estructural de la deuda, la cual no solo es necesario para determinar las responsabilidades políticas y penales del endeudamiento, sino también para encarar el proceso de negociación con el Fondo Monetario. Sí mencionó el presidente que “todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda” y expresó que “debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas”.

En este sentido, Fernández hizo exclamó “nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo; nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso”.

El Estado, protagonista

Otro punto importante del discurso fue la revalorización del Estado como actor fundamental en la Argentina, mucho más, después de cuatro años de un gobierno que anuló todos los instrumentos de regulación, que erosionó la infraestructura y patrimonio del Estado y que, con el desembarco de “supuestos gerentes de alta calidad”, atacó y estigmatizó a los trabajadores estatales y a las políticas públicas que estos implementan.

Frente a esta situación el presidente remarcó que “hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional”, especialmente, en lo que refiere a la lucha contra el hambre y destacó las acciones llevadas a cabo por el Estado a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, como por ejemplo, el incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, el incremento salarial para el sector estatal, el Bono de Emergencia de 5.000 pesos para jubilados en los meses de enero y diciembre, el subsidio extraordinario de 2.000 pesos en el mes de diciembre por cada hijo de las titulares de la Asignación por Embarazo y de la la Asignación Universal por Hijo como así también la baja de la tasa de interés en los créditos de Anses, de tarjetas de crédito y bancaria, y los relanzamientos de los programas Precios Cuidados y Remediar, entre otras iniciativas que vuelven a poner al Estado como actor fundamental en la reactivación de la economía y la contención social.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, mientras se recuperan los resortes estructurales de la economía, para asistir a las millones de personas que cayeron a la pobreza y la indigencia. El presidente enfatizó, justamente, en que la FAO reveló que la inseguridad alimentaria tuvo un incremento del 71 por ciento entre 2015 y 2018 en nuestro país, siendo este uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial. Por ello, la lucha contra el hambre es una de las prioridades en el primer año de gobierno “para que comer no sea un privilegio”, y valorizó algunas iniciativas, especialmente la puesta en marcha en todo el país de la tarjeta Alimentar y el Plan Argentina contra el Hambre cuyo objetivo es “motorizar la economía de abajo hacia arriba”.

Inflación

A la lucha contra el hambre se la combate enfrentando decididamente al proceso inflacionario en el que está sumergido el país desde hace muchos años ya, esto es, atacando a los formadores de precios, las empresas productoras de alimentos y desdolarizando la economía lo más que se pueda. En este punto, el presidente remarcó que el gobierno tiene un plan “para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación”, cuyo trabajo ya está dando algunos resultados, y remarcó que esta debe estar acompañada de “una política de defensa del consumidor que evite los abusos”.

Para ello, el gobierno se encuentra analizando “las estructuras de costos de los eslabones de la producción, para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de posición dominante”, pero más allá de los pedidos de buena voluntad, no se hicieron anuncios concretos en pos de evitar esos abusos. Fernández afirmó que el Estado va emprender la lucha contra la inflación “usando todas las herramientas legales con las que cuenta”, ya que “no es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo”.

En ese sentido, la historia reciente de Argentina y América Latina demuestra que a los especuladores y las grandes empresas productoras de alimentos, agroexportadores y petroleras no se las enfrenta con pedidos de buena voluntad, sino con férrea política de control al tiempo que se estimula la economía cooperativa y popular, los mercados regionales y de cercanía, etc.

 Aborto

Frente a la Asamblea Legislativa Alberto Fernández se comprometió a enviar en los próximos diez días un proyecto de ley para la legalización del aborto en Argentina. Al respecto, basó la decisión del poder Ejecutivo en que “un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud” y remarcó que “la legislación vigente no es efectiva” ya que “cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma” sancionada en 1921, ya que “el aborto sucede” y “condena a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma”. Por ello, puntualizó que en el siglo 21 “toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”.

Según adelantó el presidente, el proyecto de Ley legalizará el aborto en el período inicial del embarazo -pero no puntualizó los tiempos- y permitirá a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar. Al mismo tiempo, anunció el lanzamiento de un programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado, como así también el lanzamiento del Programa 1000 días que garantizará la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida.

Derechos humanos y justicia

En materia de derechos humanos, y luego de cuatro años de ataque durante el gobierno macrista a la lucha de memoria, verdad y justicia del campo popular, Alberto Fernández ratificó el compromiso del Estado nacional con la reactivación y desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura, tanto por el personal militar como el poder civil, lo que supone que el Estado volverá a ser querellante. También, anunció que en el marco de la Ley Nacional de Sitios de Memoria, se va a impulsar la creación del espacio de memoria El Campito, en Campo de Mayo.

También anunció la transformación del sistema nacional de inteligencia y de la justicia federal, tándem que durante los últimas décadas se transformó en el brazo ejecutor del poder económico en Argentina, entregado a los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel en la región.

Balance

Si el discurso del presidente implicó en el plano simbólico un avance importante que supone un cambio de ciento ochenta grados respecto a las prioridades del Estado nacional con relación al gobierno anterior, lo cierto es que en el plano de la economía real, es decir, en lo que atiene al bolsillo de los trabajadores, jubilados y pensionados, como así también al comercio y la pequeña y mediana industria, los anuncios suenan escasos frente al saqueo que sufrió la economía nacional en el período 2015-2019, mucho más, si se tiene en cuenta las cuantiosas ganancias que en esos mismos años obtuvieron los agroexportadores, los bancos, las empresas prestadoras de servicios públicos -especialmente las energéticas- y los grandes medios de comunicación.

El Partido Comunista se movilizó como parte integrante del Frente de Todos y llevó sus consignas y propuestas, que son claras frente al escenario político, económico y social que vive el país. En este punto, la consigna “la deuda es con el pueblo” es un imperativo que fija las prioridades, bien remarcadas por el presidente en su discurso ante la Asamblea, pero que también interpela a todas las fuerzas populares, especialmente a las que apoyan o integran el gobierno, a discutir e impulsar un programa de acción que apunte a reconstruir la economía nacional recuperando los recursos que fueron saqueados durante los cuatro años de gobierno de Macri. Es contra los bancos, los grandes agroexportadores, las energéticas y los oligopolios mediáticos contra los que hay que avanzar para ganar las batallas materiales y simbólicas que permitan ampliar derechos y consolidar la democracia.