Militares e integrantes de distintas fuerzas de seguridad que actuaron en Comodoro Rivadavia desde principios del año 1976 en el centro clandestino Las Casitas y en otros escenarios, como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, fueron condenados por sus crímenes en la dictadura.
“Con esta sentencia no se termina, sino que se abre”. Esta frase fue dicha por el fiscal Teodoro Nürnberg, al solicitar que se condene a los acusados en la Causa 8008 por los delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en Comodoro Rivadavia, desde principios del año 1976, con epicentro en la sede del Regimiento de Infantería 8 del Ejército, donde funcionó el centro clandestino Las Casitas.
De los dieciséis imputados que originalmente tenía la causa, sólo siete estuvieron en condiciones de transitar el juicio oral en su contra. Ellos son los militares Raúl Pantaleón Cruz, Eduardo Rodríguez y Fernando Pedernera; los policías de Santa Cruz Mario Pérez, Francisco Sevilla, Rafael Manuelides y el prefecto Alfredo Lisseri. Cruz fue condenado a once años de cárcel, Sevilla a seis y Pérez a siete, al tiempo que Lisseri y Rodríguez recibieron penas de tres años y seis meses.
“La expresión del fiscal Nürnberg es de las más importantes”, destacó desde el Partido Comunista de Comodoro Rivadavia, Elena González, tras lo que recordó que “hace varios años, denunciamos frente al edificio de la Prefectura de nuestra ciudad, que durante la dictadura en ese lugar, dos compañeros chilenos, los hermanos Lucho y Chamaco Levicoy, habían estado detenidos ilegalmente ahí, tal como Eugenio Obreque, que en ese momento era secretario del Partido Comunista en Caleta Olivia y fue luego trasladado a Rawson”.
Junto con esa denuncia también se recogió otra que da cuenta de que en una sede de la Policía Federal ubicada en esta ciudad chubutense, también funcionó un centro clandestino de detención “por lo que hace algunos años lo señalizamos”. Y más recientemente, con declaraciones como las hechas por Edita Rubilar y Mirta Silveira, se pudo constatar que cuando las secuestraron, ambas fueron llevadas primero a la sede de la Policía Federal “donde se las torturó y violó”.
Todo esto, insistió Elena González, “demuestra que lo que nosotros sabíamos sobre esa sede policial, se pudo ir reconstruyendo, pero sobre lo de Prefectura teníamos menos información, aunque con alguna ya contábamos y eso es lo que veníamos denunciando”. En este sentido, refirió que otros detenidos que fueron llevados a la Prefectura pudieron dar su testimonio y esto ayudó a reconstruir la historia que hasta hace poco no tenía un correlato judicial y ahora lo tiene con esta sentencia.
“Por eso es que coincido con el fiscal cuando dice que este juicio lejos de cerrar algo, en realidad abre nuevas líneas investigativas”, que quedaron habilitadas durante el juicio que culminó la semana pasada y que se sustanciaba por los crímenes cometidos en el centro clandestino Las Casitas, que es como fue bautizado el Regimiento de Infantería 8 y en otros escenarios como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, pero también en algunos ubicados en la provincia de Santa Cruz dentro de un mismo esquema represivo en la Patagonia.
Por otra parte, Elena González, hizo hincapié en que de los testimonios brindados ante el tribunal, “queda constatado que ha existido una verdadera red muy bien organizada por la dictadura, en la que además de militares, participaban todas las Fuerzas de Seguridad que actuaban sobre toda la sociedad incluyendo policías y conscriptos”
