El juez Federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en marcha, hace dos años, la entonces ministra de Seguridad. “El Protocolo es una señal política que dice que ‘está bien’ reprimir a los manifestante y esta resolución judicial va en sentido contrario a ese criterio”, reflexionó el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry.
El juez Federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Cels y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en marcha hace dos años la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su disposición, también advirtió que tal medida avanza sobre facultades que le pertenecen al Congreso Nacional. Ante esto, el gobierno anticipó que va a apelar el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 y, de manera amenazante, recalcó que “no vamos a dar un paso atrás”.
Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) su vicepresidente, el abogado Gerardo Etcheverry, recordó que la medida judicial llega a dos años de que comenzara a aplicarse este mecanismo represivo. Al reflexionar que en términos políticos esta determinación no influye lo mismo que si se hubiera adoptado cuando Bullrich era ministra, reconoció que, en definitiva, “siempre es mejor que una decisión así llegue”. En tanto que acerca de la apelación que anunció la Presidencia Milei, evaluó que la instancia superior puede concederla suspendiendo la aplicación del protocolo o sin hacerlo.
Al profundizar sobre el tema, aportó que “lo que el juez analiza correctamente, más allá del tiempo que se tomó, es que un protocolo de actuación es una norma reglamentaria que, en realidad, sólo debería tener importancia para el personal al que está dirigida”. Pero lo grave de todo esto, alertó, es que “bajo el nombre de ‘protocolo’, lo que se hizo es una modificación de derechos constitucionales y de una cantidad de leyes”, algo que “es claramente inconstitucional”.
Dicha afirmación, como definió con justeza, se sostiene en que “el protocolo es una simple resolución de la ministra, que vale menos que un decreto y que, a su vez, vale menos que una ley y cualquier ley vale menos que la Constitución Nacional”. Siguiendo esta línea lógica de razonamiento si se permite que una resolución adoptada por un ministro modifique a la Constitución “eso quiere decir que estamos muy mal y el problema es que durante estos dos años eso se permitió”.
En el medio, a caballo del mentado protocolo y de la habilitación implícita al gatillo fácil para “poner orden” en las calles, se asesinaron a dos trabajadores en el NOA (Fernando Gómez en Salta y Rodrigo Torres en Jujuy), se baleó en la cabeza a un fotorreportero en Plaza Congreso (Pablo Grillo), se les hizo perder de un balazo la visión de un ojo a un abogado y a un hincha de fútbol (Matías Auferi y Jonathan Navarro respectivamente) en manifestaciones contra la Ley Bases y en apoyo a los jubilados, se reprimió en más de una ocasión a un cura que hacía y hace lo propio los miércoles por la tarde y abraza el evangelio para la defensa de los pobres (Francisco “Paco” Olveira), se gaseó en la cara con gas pimienta a una nena de diez años (Fabricia, también frente al Congreso Nacional), se empujó al suelo y se mandó al hospital a una jubilada de casi 90 años (Beatriz Bianco) y se reprimió a personas con discapacidad, entre una larga lista de hechos de violencia protagonizados por las llamadas fuerzas de seguridad contra la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto.
¿Pero entonces mientras esté vigente, este fallo judicial puede ser una herramienta que fortifique la posición de las víctimas de la aplicación del Protocolo Bullrich que iniciaron causas o quieran hacerlo? “Es un argumento adicional”, sostuvo Etcheverry y añadió que “seguramente que esos casos se van a sumar a los que ya había” ya que, recordó, “el Protocolo en ningún momento autorizaba a poner en riesgo la vida de las personas, que es lo que se hizo, y tampoco autorizaba a vaciar de manifestantes a la plazas, porque sólo hablaba de despejar la circulación del tránsito de vehículos”.
Por lo que el vicepresidente de la Ladh, fue tajante al sostener que “toda la actuación surgida a partir de la aplicación del Protocolo, que fue mucha, golpeando y reprimiendo a quienes estaban en plazas y veredas, estaba totalmente fuera del Protocolo”. Dado que, como aclaró, “en realidad fue una excusa para que las fuerzas policiales aplicaran una brutalidad todavía superior a la que están acostumbradas a utilizar”.
Luego de lo cual, recordó que durante diciembre de 2017, cuando en el Congreso Nacional se debatía el proyecto de reforma previsional que impulsaba Mauricio Macri, “en base al anterior protocolo que Bullrich había anunciado, pero que durante ese gobierno nunca fue publicado como resolución oficial, hubo una represión brutal de las policías Federal y de la Ciudad”. En este sentido, subrayó que “todo esto es lo que pasa cuando se da la señal política de que hay que salir a reprimir y eso es lo central del Protocolo”, ya que “más allá de lo que diga su texto, es una señal política de que ‘está bien’ reprimir a los manifestantes”. Mientras que afirmó que la decisión del juez Cormick “es una señal que va en sentido contrario a ese criterio y concretamente en una parte dice que todos los que fueron afectados por el Protocolo, pueden hacer las denuncias penales que corresponda”.
Nada de esto es casual. Las leyes y los fallos judiciales, por supuesto, también están sujetos a la presión social y a correlación de fuerzas concreta en cada momento determinado. Correlación que, como enseña la historia, puede siempre modificarse favorablemente con la lucha. Al fin y al cabo, esta noticia de fin de año, nos llama a seguir uniendo y fortaleciendo en las calles durante 2026 las reivindicaciones de nuestro pueblo por una vida digna.
