Con los votos de Rosatti y Rosenkrantz el máximo tribunal anuló la prórroga de la prisión preventiva que pesaba sobre el integrante de la CNU, Carlos Castillo. La Liga y otros organismos de Derechos Humanos repudiaron tal decisión.
“Repudiamos el fallo de la Corte sobre las prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad”, sostienen diferentes organismos de Derechos Humanos que por medio de una declaración dada a conocer el viernes pasado, fijaron su postura respecto a la anulación de la prórroga de la prisión preventiva que pesaba sobre Carlos Castillo, alias Indio, quien fuera integrante de la banda parapolicial de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), que actuó en La Plata y Mar del Plata antes del golpe de Estado de 1976 y en cuyo contexto perpetró delitos de lesa humanidad, por los que este personaje fue condenado a prisión perpetua en 2017.
El largo prontuario de Castillo lo ubica, entre otras de sus páginas oscuras, como integrante de la Triple A, represor durante la dictadura en el centro clandestino Pozo de Banfield, responsable de la patota que secuestró a los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices, pistolero de la banda de Aníbal Gordon, con la que incluso continuó operando ya restablecida la institucionalidad democrática, y como golpista Carapintada. Cabe además resaltar que el año pasado fue visitado en Campo de Mayo por diputados de la LLA, que le prometieron su libertad.
El fallo en cuestión fue apelado y aunque aún no revisó esa condena, la Corte revocó una decisión de la Cámara de Casación que había prorrogado la prisión preventiva de Castillo, argumentando que el Estado “no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo”, al tiempo que pidió a los jueces de instancias inferiores que fundamenten con “indicios concretos” las razones por las cuales una persona debe seguir detenida y también ponderó la elevada edad del genocida.
La determinación fue adoptada por los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que como recuerdan los organismos de Derechos Humanos, son también los responsables de impulsar el 2x1 con el que se intentó beneficiar a genocidas durante el gobierno de Mauricio Macri, así como por los conjueces Abel Sánchez Torres de la Cámara Federal de Córdoba y Alejandro Tazza, quien revista en la Cámara Federal de Mar del Plata. “El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden impunes, que los juicios sean realizados e impedir que los genocidas obstaculicen las investigaciones”, señala la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto al resto de los organismos. A la vez que recuerdan que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en la clandestinidad, “valiéndose del aparato del Estado y con la participación de muchas personas, la mayoría de las cuales aún no fueron identificadas”. Por tal motivo se presenta una gran complejidad para juzgar a sus responsables, “lo que se refleja en el reclamo de Justicia que lleva más de cuarenta años”.
En otro de sus pasajes se advierte que los genocidas y partícipes civiles continúan obstaculizando las investigaciones “a través de los pactos de silencio con los que se niegan a aportar información sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y de las trescientas víctimas del Plan Sistemático de robo de bebés que siguen sin conocer su verdadera identidad”, lo que en sí mismo constituye “un entorpecimiento de la investigación”.
En referencia a este punto, subrayan que tal aseveración “no es una alusión genérica: es un hecho cierto y concreto, como lo es que desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López”, ya que “desaparecer a testigos amedrenta a otros y en ambos casos se obstaculiza la investigación”.
Asimismo, recuerda la publicación que desde que se reinició el proceso histórico de juicio y castigo (a instancias de un proyecto de Ley presentado por el Partido Comunista) son más de cien genocidas identificados “los que se fugaron de la Justicia y muchos de ellos aún permanecen prófugos”. Ante esta situación “debió crearse un programa específico para buscarlos que fue desmantelado por Patricia Bullrich”. La declaración conjunta de los organismos de DDHH denuncia además que mientras la Corte “se preocupa por limitar la prisión preventiva de los genocidas, casi la mitad de la población privada de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal está detenida bajo esta modalidad (preventiva) y en condiciones de hacinamiento”; al tiempo que en el caso de los genocidas, la prisión preventiva se extiende por el tiempo que insume investigar la gran cantidad de delitos cometidos. “La demora en la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad y en la confirmación de las condenas es responsabilidad del Poder Judicial que la Corte encabeza”, subraya el comunicado de repudio.
Tras lo cual aclara que, “específicamente, la confirmación de las condenas depende de la Corte, que elige discrecionalmente qué casos tratar y cuándo hacerlo, sin rendir cuentas a nadie” y en tal sentido recuerda que, entre otras, la Corte tiene pendiente la confirmación de la condena a perpetua de Castillo quien, por esa razón, sigue momentáneamente en prisión preventiva.
Por último, concluye que el fallo de la Corte que beneficia a Castillo va en sintonía con el “plan del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, sostenido por un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el ex juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, para conseguir distintos beneficios para personas investigadas y/o juzgadas por crímenes de lesa humanidad y poner fin a los juicios”. Este hecho, afirman los organismos de Derechos Humanos, “implica un nuevo retroceso inadmisible”. Por todo ello, “a casi cincuenta años de la comisión de los crímenes de lesa humanidad, exigimos un Poder Judicial que esté a la altura y se tome con responsabilidad la investigación, juzgamiento y sanción de todos los genocidas y partícipes civiles”.
Junto a la Ladh, suscriben esta declaración Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
