Van a cumplirse cinco meses desde la última vez que fue visto Loan Danilo Peña y el Partido Comunista de Corrientes apunta contra el gobernador, Gustavo Valdés, al tiempo que denuncia que se persigue a quienes trabajan por esclarecer el caso.
“Dejaron de buscar a Loan, para empezar con una persecución política”, denunció el Partido Comunista de Corrientes, cuando se están por cumplir cinco meses desde que fuera visto por última vez Loan Danilo Peña en el paraje Algarrobal ubicado en 9 de Julio. Y, en este sentido, el PC provincial advirtió que la investigación por la desaparición del menor, “se está transformando en un claro de ejemplo de lawfare contra todas las personas que expresaron su solidaridad con la familia desde un primer momento”, pero también contra las que desde entonces señalaron la responsabilidad que tiene en este caso el gobierno encabezado por Gustavo Valdés “cuando quiso intervenir irregularmente”.
Después de varias semanas en las que la massmedia nacional se encargó de planchar el caso, días atrás, volvió a las primeras planas cuando los representantes legales de los padres del menor y del ex comisario Walter Maciel, quien está detenido a raíz de esta causa, denunciaron penalmente al presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, “por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación”.
Y lo hicieron después de que Vera prestara una declaración testimonial en la causa, ante la jueza Cristina Pozzer Penzo, que el propio titular de La Alameda calificó como “más una indagatoria que una testimonial”, por la forma violenta en que se le hicieron las preguntas y por los datos que quienes indagaban querían saber. “Me preguntaban si me reunía con Burlando y a qué partido político pertenecían mis fuentes”, dijo Vera y se mostró sorprendido porque recordó que hasta no hace mucho mantenía “una buena relación con la jueza, de hecho fuimos los primeros en presentar una denuncia federal por trata y ahora me atacan para limpiar al poder”.
Entre las llamativas preguntas que se le hicieron a Vera, estuvo aquella referida a la presidenta del PC de Corrientes, Sonia López, quien junto al Partido no ocultó desde un principio su compromiso con la tarea de trabajar para que se pudiera esclarecer la causa. “Rechazamos el interrogatorio realizado por la jueza a Vera, en el cual se le hacen preguntas sobre la ideología política y pertenencia partidaria de nuestra presidenta”, señala el PC provincial y recuerda que Sonia López es abogada de Vera en un expediente. Y denuncia que esta situación demuestra que se está usando al Juzgado Federal de Goya para hacer inteligencia contra dirigentes políticos de la oposición.
Con este telón de fondo, el PC local repudia “la metodología propia de la Santa Inquisición que utiliza el Juzgado, que cita decenas de testimoniales para después convertirlas en indagatorias en las cuales si los testigos no dicen lo que espera la jueza o los abogados de la querella, son acusados de falso testimonio o de cualquier otra cosa buscando nuevas víctimas de esta suerte de lawfare descontrolado que están haciendo”.
En este sentido recordó que el propio gobernador “con la complicidad del abogado José Codazzi y el senador provincial Diego Pellegrini, intentó plantar la teoría falsa del accidente trayendo a la tía de Loan, Laudelina Peña, a un juzgado provincial un viernes de madrugada cuando la causa ya había sido girada a un fuero federal”. Y que en ese momento “cual patrón de estancia, Valdés dijo ‘caso resuelto’, sin contar con la movilización popular que, en pocos días, dejó al descubierto esa maniobra política para desviar la investigación de posibles bandas de trata de personas o narcotráfico”.
Por otra parte, lamentó que desde que el secretario de Gobierno, Carlos Vignolo, recibió a integrantes de la familia del nene desaparecido, algo que también hizo Valdés, la causa Loan “se encuentra dominada por el poder político, algunos abogados que responden directamente al gobierno provincial y funcionarios judiciales”.
Y al tiempo que hizo público su repudio al pedido de detención hecho por el abogado Sebastián Pardo contra Vera, recuerda que este letrado es un dirigente político vinculado a Valdés que, además, “se atreve a mencionar de manera calumniosa a Sonia López y otras personas”. Por lo que el PC de Corrientes se pregunta si la próxima campaña electoral del actual gobernador “va a ser realizada en los juzgados y si los jueces se prestarán a ello”.
Por lo que convoca a organismos de Derechos Humanos a defender a las personas que resultan perseguidas en este nuevo capítulo que tiene el lawfare “desatado por el Juzgado Federal de Goya en coordinación con los abogados querellantes y el gobierno provincial”, tras lo que insta a que los colegios de abogados de Corrientes protejan la tarea de los letrados actuantes en esta causa y todas las que se le relacionan, en las que son “acusados, denunciados, presionados y perseguidos”.
