A pocos meses de las elecciones generales y sobre el final del mandato presidencial de Macri, el balance del programa económico del gobierno es contundente: aumento exponencial de la deuda externa, fuga masiva de capitales y una situación económico-social insostenible para millones de trabajadores.
El futuro económico-social a corto y mediano plazo en la Argentina estará ordenado y condicionado por el peso de la deuda externa contraída por el macrismo en el período 2016-2019. Si bien el endeudamiento externo masivo y la fuga de capitales no son fenómeno nuevo en la historia argentina, si constituyen el rasgo característico del modelo económico neoliberal del gobierno de Cambiemos.
Las cifras al respecto son elocuentes. Según datos del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-Umet) la emisión total de deuda por parte del gobierno de los Ceos en los últimos tres años asciende a 163 mil millones de dólares, casi el triple del monto total del crédito de alto acceso que negoció Macri con el Fondo Monetario, vía Trump. En el mismo período, la formación neta de activos externos, es decir la fuga de capitales, trepó hasta 88 mil millones de dólares, más de la mitad del endeudamiento total y 20 mil millones más que el crédito del FMI.
Estos números constituyen apenas el recorte parcial de una serie histórica de larga data en el país. Como demostró el economista Eduardo Basualdo en Endeuda y fugar, durante los últimos cuarenta años el endeudamiento externo y la fuga de capitales modelaron la estructura económico-social de la Argentina: “la problemática de la deuda externa y la fuga de capitales locales al exterior han signado, de una forma u otra, el comportamiento económico, social y político de las últimas cuatro décadas en nuestro país”.
La serie histórica se inició con la puesta en marcha por parte de la dictadura y el plan económico de Martínez de Hoz de un nuevo patrón de acumulación en el país centrado en la valorización financiera del capital. En la actualidad es este el patrón de acumulación que el gobierno de Macri intenta consolidar. El programa económico del gobierno y el balance de cuentas entre ganadores y perdedores no hacen más que confírmalo.
Una de las principales medidas que tomó el gobierno para consolidar el proyecto inaugurado por la dictadura fue permitir y estimular la desregulación financiera. Los dos primeros años del gobierno de Macri estuvieron signados por la timba financiera. La “bomba de las Lebacs” fue un latiguillo que ocupó el centro de la escena de los diarios y portales económicos en ese período. La emisión de estas letras en pesos –junto a las Letes en dólares– había generado una oportunidad propicia para la formación de grandes masas de capitales especulativos. Argentina tenía la tasa de interés más alta del mundo “en vías de desarrollo” para letras de este tipo y la masa total de Lebacs había duplicado la base monetaria nacional. En paralelo, el proceso inflacionario y las devaluaciones del peso, sumado a la desregulación imperante en el sistema financiero, estimularon las corridas y las grandes fugas de capitales. Basta recordar la maniobra del JP Morgan en abril de 2018 cuando compró, junto a otros fondos de inversión, más de 10 mil millones de dólares y lo fugaron al exterior. Esta movida, generó una devaluación brutal en pocos días: el dólar pegó un salto desde los 20 a los 25 pesos. Por esa maniobra fueron denunciados Sturzenegger y Caputo por montar un esquema fraudulento que benefició a fondos especulativos.
Las consecuencias de esa maniobra, que desde Nuestra Propuesta caracterizamos como propia del modelo económico del gobierno y no como daño colateral o “error”, tuvo –y aún tiene– en el corto plazo consecuencias terribles: inflación interanual de casi el 60 por ciento y el préstamo del Fondo destinado a que el gobierno pueda cumplir con los compromisos asumidos en el mercado de crédito, saciar a los “mercados” y llegar a las elecciones de este año con condiciones mínimas que le permitan ser competitivos frente al “fantasma del populismo”.
Deuda externa y deuda social
Junto a la calamitosa crisis social –aumento de la carestía de la vida, déficit alimentario, desempleo, pobreza e indigencia– la deuda externa constituye el lastre más pesado para la administración del Estado en el período 2020-2023. Según un estudio realizado por el centro de análisis Economía Política para la Argentina (Eppa), el próximo gobierno tendrá que afrontar una deuda total que asciende a los 160 mil millones de dólares. Se trata de vencimientos de intereses y bonos para los que la futura administración, del signo político que sea, no contará, por ejemplo, con los dólares del crédito de alto acceso del Fondo Monetario.
Un simple repaso general que dé cuenta del uso que hizo el gobierno de Macri sobre los dólares que ingresaron al país vía endeudamiento externo, despeja todo tipo de dudas en torno a las intenciones de la política macroeconómica de Cambiemos. En menos de cuatro años, según el ODE-Umet el gobierno nacional adquirió 163 mil millones de dólares en el mercado internacional de crédito. Según el Indec el stock de deuda externa total en 2018 alcanzó los 277.921 millones y el ratio sobre el PBI el 72 por ciento (66 por ciento más respecto al 2015)
De los 163 mil millones emitidos por el macrismo, 88 mil se destinó a financiar la fuga de capitales; en lo que va del 2019 ya se retiraron más de 7 mil millones. Por su parte, el peso de los intereses de la deuda sobre las cuentas públicas cada vez es más asfixiante: solo en el primer cuatrimestre de 2019 se pagaron más de un millón de pesos por minuto en concepto de intereses de deuda pública (190.500 millones de pesos).
Si el endeudamiento externo es la principal variable del modelo económico del macrismo, es preciso señalar que el mismo tributa a un objetivo superior: la fuga de capitales. Si durante la época de la colonia el saqueo se efectuaba directamente sacando el oro y la plata por los puertos de América hacia Europa, en la actualidad ese mecanismo se ha perfeccionado no ya para llevarse metales preciosos –que por supuesto se sigue haciendo- sino para succionar la riqueza y el valor generado por los trabajadores en la economía nacional. El sistema financiero internacional está diseñado para ello.
Así se opera la verdadera transferencia de recursos que ansía el bloque de poder dominante: del trabajo al capital y del centro a la periferia.
“La deuda fue desde el inicio 2016 un pilar del gobierno de Macri y lo transformó en el mayor tomador de deuda de la historia. Las consecuencias de más tres años de endeudamiento dejan resultados muy negativos en términos económicos y sociales y comprometen el margen de maniobra de las futuras administraciones. Record de fuga de capitales, altísima exposición externa y crecimiento descontrolado con relación al PIB; y un costo social que se hace cada mes más duro para la sociedad son resultado de las políticas erradas que han caracterizado la gestión de Macri”, remarcó Nicolás Trotta, rector de la UMET
Queda claro más que nunca que todo es pérdida para los sectores populares y ganancia para los que viven de la valorización financiera del capital y la especulación. Las cuentas públicas quedan en rojo, el déficit fiscal aumenta, las erogaciones de dinero público para hacer frente a los intereses de deuda se incrementan sin cesar mientras disminuye los fondos destinados a programas y políticas sociales, salud, educación y ciencia y tecnología.
Así las cosas el próximo gobierno heredará, entre otros índices, una tasa de política monetaria por las nubes –en torno al 70 por ciento–, un índice de pobreza de 32 por ciento y el mercado interno y la industria local destruidas.
En este contexto la única grieta que se ensancha, y a pasos acelerados, es la que separa a ricos de pobres, a trabajadores de los sectores patronales aliados a este gobierno.
La política económica del gobierno no solo es incapaz de poner un freno a la inflación y la fuga de capitales sino que la incentiva generando condiciones estructurales (dolarización de tarifas de servicios públicos, alta tasa de interés y desregulación del sector financiero, entre otras medidas ejecutadas por el gabinete) muy difíciles de revertir en el marco de la consolidación de una burguesía transnacional de carácter especulativa.
Los desafíos de un próximo gobierno antineoliberal, en el caso de que se concrete la victoria del Frente de Todos en las elecciones generales, no serán fáciles de afrontar y requerirá afectar los intereses de esa burguesa transnacional de carácter especulativa y sus socios locales. Hablamos, entre otras medidas, de renegociar las condiciones -pago de intereses y plazos- con el Fondo Monetario, desdolarizar la economía (especialmente tarifas y los precios de productos de consumo interno que también se exportan), motorizar las exportaciones de productos con valor agregado -lo que supondrá la reactivación industrial-, el desarrollo científico-tecnológico del sector productivo -que implicará un enfrentamiento con las empresas que ostentan la explotación de patentes en el sector de la industria del conocimiento, como así también en el sector bioquímico, etc.-, y el fortalecimiento del mercado interno a través de una política de consumo expansivo de los sectores populares.
