¡Es por abajo!

Aunque el 12 de septiembre el Gobierno se tuvo que tachar La Doble, la semana pasada comenzó a exhibir que sigue teniendo el cubilete en la mano y está dispuesto a jugar sus mejores dados. Así, aunque todavía no llegó a la hiperquinesia que caracterizó algunos de los períodos presidenciales de su mismo espacio político, durante los días que sucedieron al relevo de ministros, disparó una batería de medidas que promete continuar esta semana.

En este contexto, desde La Rosada todos hacen hincapié en que los cambios producidos en el Gabinete y los subsiguientes anuncios no tienen un fin electoral sino que, mas bien, pretenden enviar señales y recorren caminos de cara al día después de las Legislativas y a la segunda mitad del mandato del gobierno del Frente de Todos. Y, cuando dicen esto, no mienten.

La flexibilización de las regulaciones sanitarias que incluye la vuelta del público a las canchas de fútbol, señalan un momento en el que de la mano de la vacunación masiva augura un quiebre de la pandemia que puede mejorar el humor social, tal como lo hace el Programa Previaje, al menos para los que todavía pueden tomarse vacaciones y disfrutar de espectáculos públicos y restaurantes.

Otro dato fuerte es la decisión del Ministerio de Seguridad, de enviar fuerzas federales a Rosario y Santa Fe. El debut fue inmediato con un amplio operativo policial, que incluyó allanamientos en barrios rosarinos y en las cárceles de Piñero y Marcos Paz donde se aloja a líderes narcos como Máximo Cantero.

Asimismo, hubo anuncios vinculados a la obra pública y la ayuda directa a Municipios, pero la mayor atención estuvo puesta sobre aquellos que incumben a los universos del trabajo y el capital. Ahí se inscriben el establecimiento de un nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) que en febrero va a alcanzar los 32 mil pesos, la extensión del Plan Repro II, así como la posibilidad de que puedan jubilarse de forma anticipada personas que ya cuentan con treinta años de aportes y se encontraban desocupadas al 30 de junio de 2021.

También la puesta en marcha del Programa Registradas, la suba del piso salarial para Ganancias y el incremento en lo que perciben quienes están incluidos en el Programa Potenciar Trabajo. En esta línea se espera que esta semana haya novedades sobre el otorgamiento de un bono para jubilados y pensionados que cobran la mínima, como así acerca de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Toda esta parte de la artillería de anuncios desplegada hasta ahora, que ayuda a mejorar la capacidad de compra de los sectores de salarios formales medios y bajos, afecta algo así como setenta mil millones, lo que equivale al 0,2 por ciento del PIB ¿pero alcanza?

Antes de seguir, hay que recordar la otra parte de los anuncios, es decir, la que apunta al universo del capital. Ahí está el de retenciones cero, a partir de 2022, para las exportaciones de la industria de servicios, que es el segundo complejo exportador después del oleaginoso-cerealero y que pagaba una alícuota del doce por ciento, a raíz de una medida adoptada por el Gobierno Cambiemos. Y un régimen  similar se le otorgó a las exportaciones de autos y autopartes.

En esta misma línea, se inscribe la fumata blanca que -al parecer y por ahora-, hubo ente La Rosada y la Mesa de Enlace, algo que se selló con el levantamiento casi absoluto de los cupos para exportar carnes.

Pero la vedette de este segmento es el Proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, que Alberto Fernández presentó junto a Cristina de Kirchner, Juan Manzur y Julián Domínguez, iniciativa en la que el ejecutivo viene trabajando desde hace meses con los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino y que, junto al Proyecto de Ley de Hidrocarburos, explica el rumbo estratégico que el Gobierno del FdeT pretende imprimirle a la matriz productiva de Argentina (Ver Crecer, pero desde el pie).

Mucho ruido ¿cuántas nueces?

En esencia el Proyecto se propone generar condiciones que fomenten la producción agroindustrial -y por ende todo lo que ésta podría traccionar-, mediante un fuerte beneficio impositivo que como contrapartida debería tener fundamentalmente la adquisición de bienes de capital.

¿De qué va todo esto? El Estado percibiría menos pesos (ya que en esta moneda cobra los impuestos), a cambio de que el complejo agroindustrial ingrese a la economía doméstica, una parte considerable de los dólares que recibe por lo que exporta, de una manera más fluida que la que lleva a cabo mediante la liquidación de divisas. Y, además, se espera que esto sea un incentivo para que este complejo amplíe su horizonte de exportaciones.

Lejos, en el tiempo y las aspiraciones, quedó la idea que efímeramente recorrió los pasillos de La Rosada, cuando estalló la estafa perpetrada por el Gobierno Cambiemos y los empresarios de Vicentin, de posicionar a YPF-Agro como una empresa testigo de la actividad.

¿Con toda la ristra de evidencias que salieron a luz desde ese momento, alguien puede confiar en que este complejo va a utilizar los beneficios previstos para lo que la norma establece y no para blanquear el producto de la acumulación de renta que sus mecanismos de evasión le brindan? ¿Acaso alguien piensa que la costumbre de Vincentin de “vender” por medio de sus subsidiarias de Paraguay o Uruguay para evadir el pago de impuestos, es algo exclusivo de esta empresa?

Aún otorgando el beneficio de la duda, queda claro que si el Estado resigna la posibilidad de intervenir en este mercado, es difícil que pueda fiscalizar al menos hasta que la cosa reviente como pasó con Vicentin cuando la maniobra fraudulenta se les escapó de las manos a sus propios perpetradores. Pero incluso para esos casos, el universo del capital sabe que puede contar con el Poder Judicial, tal como quedó demostrado con el Caso Vicentin.

Es que ese órgano de poder del Estado, que también fue tapa durante la semana pasada (Ver Macri a indagatoria y la Corte en la picota), suele ser muy proclive a atender los intereses de este tipo de próceres, que son los mismos que todavía siguen sin comercializar casi la mitad de la soja de la actual cosecha, como modo de presión/especulación/creación de escenario, vinculada a su deseo de que el resultado de las elecciones de medio término traiga una devaluación.

Y esto en medio de un escenario en el que además de la deuda contraída con el FMI de la que el mes pasado el Estado pagó 1.800 millones de dólares y en diciembre tiene un vencimiento de dos mil millones, el Gobierno Cambiemos dejó un paquete importante de vencimientos en pesos. En ambos casos –hay que repetirlo- se trata de deuda ilegal e ilegítima que debe ser investigada y los responsables de haberla contraído, tienen que ser enjuiciados ya que no le dejó ningún beneficio al país.

De ese lote, esta semana hay un vencimiento del paquete que se colocó bajo la gestión de Luis Caputo, de 68.100 millones de pesos de capital e intereses, correspondiente al Bono del Tesoro 2021 (BonTe) y otro de 4.200 del BonAr 22. Como no podía ser de otra manera con el Messi de las Finanzas, la mayoría de estos papeles está en manos de fondos extranjeros de gestión de activos, entre ellos Franklin Templeton Investments que cada vez que se retiran le meten presión a la brecha cambiaria, algo que con una sábana tan corta como la que tiene el Banco Central, siempre es un motivo de atención. Y, si para muestra alcanza con un botón, durante septiembre se utilizaron 950 millones de dólares para financiar la contención de la brecha cambiaria.

Pero más allá de aparición de Templeton en la historia coyuntural de esta semana, ése y otro puñado de fondos, no son para nada ajenos a la cuestión de fondo de esta problemática, que desde el corsé estructural en el que estamos embretados, se reduce a la contradicción existente entre la rentabilidad que pretende mantener el complejo agroindustrial y algo tan elemental como garantizar que haya un plato de comida nutritiva, cada día, en la mesa de millones de personas que fueron empujadas a la pobreza.

Y esto es así porque quienes constituyen el exclusivo tándem de la cadena de valor agrícola-ganadera, están absolutamente imbricados con la extrema financierización que fomenta la proliferación de negocios especulativos y, por ende, sumamente volátiles que provoca incremento de deuda.

Es que cuatro comercializadoras de granos y cereales, controlan la mayor parte del comercio internacional de este tipo de comodities y son los que fijan los precios internacionales de los alimentos. Se trata de Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, más conocidos como las ABCD, que tiene un papel preponderante en las cadenas de valor agrícola en la que participan productores, elevadores, procesadores, exportadores y consumidores.

Pero también son las que adquieren la mayoría de la producción, porque sus subsidiarias consumen buena parte de esos cereales procesados como alimento para el ganado y materia prima para biocombustibles.

Esto es que estas multinacionales abiertamente imbricadas con el universo del capital que actúa en Argentina, protagonizan la cadena de producción de alimentos, mediante una estrategia de integración vertical y horizontal.

Desde su posición dominante y mediante la integración vertical, las materias primas se convierten en un coste operativo interno para estas multinacionales, lo que en buena parte explica el lobby para que se comercialice a precios internacionales a productos que son vitales para la canasta básica de alimentos.

Va quedando más claro por qué pese a que desde que asumió el actual Gobierno creció cien por cien el SMVyM, hasta ahora, le sigue mirando la luneta a los precios de la canasta básica. Desde entonces y en promedio, el precio del aceite más barato fue aumentado 250 por ciento, el del arroz doscientos por ciento y el de la carne bovina 175.

Es que de la mano de la extrema financierización, los movimientos internacionales de capital se producen al margen de los intercambios de bienes y servicios, algo a lo que no escapa la dinámica que adquiere el mercado de contratos de futuros de commodities.

Su correlato en este caso, es la transformación de la producción de alimentos en dinero fiduciario que es insumo del perverso circuito de toma de deuda, fuga de divisas, inflación y presión impositiva regresiva, asociada a crisis de liquidez y de tipo fiscal.

Esta alquimia que es inherente al actual momento del desarrollo de la crisis de larga duración del sistema capitalista, ayuda a explicar cómo es que trabajo y comida producida en territorio argentino, acaban transformándose en dinero ficticio que -a la larga o a la corta- nos venden muy caro, cada vez que un gobierno decide tomar deuda. Como se ve, fabricar escasez es el mejor negocio para la clase capitalista, pero también aquel que con más dolor pagan los trabajadores, sobre todo, los que fueron empujados a la pobreza.

¿Hay vida después del capitalismo?

Es verdad que cuando apenas se estaba acomodando en la butaca, el Gobierno del FdeT tuvo que salir a apagar el incendio de la pandemia mientras tapaba agujeros que su predecesor dejó, sobre todo, en el sistema sanitario.

Pero también es cierto que a la hora de retomar su programa, debe hacerlo con el desgaste que le provocó esta contingencia. Y de eso van los anuncios que abundaron durante las últimas jornadas, que abrevan en el espíritu policasista que constituye el ADN del FdeT y lo ubica en el centro del esquema de representación política, algo que en un escenario tan corrido hacia la derecha y la ultraderecha, puede parecer una especie de premio consuelo pero, en realidad, es un desafío.

Porque su enunciado germinal fue sumar al sujeto social agredido por el Gobierno Cambiemos y atender el daño que le causó esa agresión. Pero al corsé que para esta tarea tiene en su esencia el Estado Liberal Burgués (ELB), se le suma la profundización que la pandemia sacó de mucho de lo más criminógeno que posee el capitalismo.

Por eso es que, ahora más que nunca, es preciso preguntarse si alcanza con una mirada reformista que se proponga controlar el crecimiento de la pobreza y atender algunas de sus consecuencias, pero sin tocar las causas de la desigualdad que son determinantes a la hora de empobrecer.

Es que desde que el capitalismo se convirtió en un sistema planetario, la economía es política y -desde entonces- la suma cero dejó de existir. De ahí que, cuando se pone en un plato de la balanza, es porque se le saca al otro y el fiel siempre acaba inclinado.

Por eso es que la pobreza adopta un carácter estructural en formaciones estatales capitalistas de segundo orden, como es el caso de Argentina. Y, entonces, a nadie debería sorprender que cuatro de cada diez personas que viven en el país padezca pobreza y que, entre los pibes, este porcentaje alcance a la mitad, pero tampoco que algo más del diez por ciento de personas haya sido empujado a la indigencia, es decir, obligado a comer salteado y porquerías.

Los responsables de buena parte de esto son los que, a escondidas se relamen el bigote porque, durante los últimos días, consolidaron un poco más su posición dominante.

Todo mientras desde los conglomerados massmediáticos, se repite la letanía de que -vía emisión- el Gobierno estaría inyectando dinero entre los más empobrecidos, para estimular un voto que pudiera dar vuelta el resultado de las Paso. Esto, pese a que la constatación empírica señala que los ingresos promedio de quienes tienen una relación laboral formal, siguen con un techo del cuarenta por ciento, por lo que pierden con la proyección inflacionaria de este año.

Después de que el Estimador Mensual de la Actividad Económica que publica el Indec, diera cuenta de que el PBI acumuló en el primer semestre un aumento del 9,7 por ciento, va tomando consistencia la idea de que la actividad económica se va a ubicar al cierre del año, en el orden del ocho por ciento, lo que abre una buena perspectiva para que recupere en 2022 lo perdido durante la pandemia.

A la hora de hacer el desagregado del crecimiento experimentado durante los seis meses iniciales, se ve que hubo catorce puntos de inversión y ocho de consumo, al tiempo que las exportaciones superaron los dos mil millones de dólares. Pero también que la matriz de distribución es cada vez más injusta.

¿Va a alcanzar con el rebote pospandemia para devolver –al menos- a la línea de flotación a las cuatro de cada diez personas que fueron empujadas a la pobreza?

Los optimistas señalan que la aplicación de recetas contracíclicas que permitieron la salida de la situación que reventó en 2001, muestra un rumbo posible. Pero los condicionantes actuales hacen que se añore la deuda de 9.810 millones de dólares con el FMI que canceló Néstor Kirchner en 2006.

Es que la reacción de la clase capitalista a los cada vez más breves ciclos de acumulación acelerada -con exiguo derrame de excedente social-, es cada vez más cruel a la hora de profundizar su toma de ganancias ¿Alcanzará con la matriz productiva que fomenta el Gobierno, para su objetivo de torcer la historia de consolidación de la pobreza estructural?

Resulta una pregunta interesante para pensar qué alcance pueden tener respuestas de tipo keynesiano cuando el telón de fondo es una situación de crisis sistémica del capitalismo a la que se sumó la pandemia.

Los modelos que como el neoliberalismo devinieron de las crisis con que estallaron las experiencias keynesianas, tienen un componente clave en la respuesta que la clase capitalista da al acotado reparto del excedente social que se había producido. Por eso van y de una manera tan violenta, por la reformulación de cosas como las leyes laborales, los sistemas públicos, universales y gratuitos de salud y educación, así como por el de jubilaciones.

Pero, por otro lado, la posibilidad de que se abra un momento sostenido de acumulación y crecimiento acelerado de carácter keynesiano, a partir de la matriz productiva elegida por el Gobierno, choca con la barrera que impone el ecosistema, pero también con el límite que plantea la propia perspectiva reformista sobre los procesos económicos, a partir de la idea de que existe una clara diferenciación entre un capitalismo productivo y “bueno” y otro financiero y especulativo.

¿Entonces será posible que el ELB vuelva a un lugar de regulador de un proceso de acumulación y crecimiento sostenido que derrame y frene la transferencia regresiva de riqueza que se viene profundizando? ¿O acaso será más sensato pensar en que es mejor asumir la necesidad histórica de construir soluciones de otro tipo?

Porque está claro que si la clase capitalista profundiza su angurria, es porque la lucha de clases existe. Pero también que, aunque un Gobierno le ponga buena voluntad, el ELB y todo su aparato burocrático e institucional, está diseñado para adoptar un carácter simbiótico con el poder corporativo capitalista.

Entonces, si de esto va la cosa, es preciso imaginar que hay otros caminos y ponerlos en acto para aprovechar las hendijas que deja libre el sistema, y deshacerse del corsé que imponen las relaciones que establece el capital.

Y esto es algo que los comunistas hacemos desde el territorio y la responsabilidad institucional que nos toque dentro de una coalición de Gobierno que defendemos, y en la que expresamos una enriquecedora diversidad (Ver El sur también existe).

Porque entre las maneras más virtuosas que los seres humanos tenemos para relacionarnos socialmente, una es el concepto de autogestión que alude directamente a la construcción de formas de auténtica democracia económica, donde son los propios productores/trabajadores quienes deciden qué, para qué y cómo se produce, así como sobre su distribución y comercialización.

Esta forma de igualitarismo económico, capaz de generar riqueza social, rompe con los límites que indefectiblemente tiene cualquier alternativa keynesiana, ya que coloca a los trabajadores de la economía formal e informal ante la perspectiva de pensarse más allá de su relación con el ELB. Y, fundamentalmente, avanza en la desmercantilización de las relaciones económicas, sociales y -por ende- las humanas.

Porque el ELB está diseñado para blindar a la propiedad privada y defender a las clases propietarias. Y la experiencia señala que a los intentos moderados, la clase capitalista suele responder con intervenciones cada vez más autoritarias y, en este escenario, la dinámica de la propia lucha de clases plantea que es viable construir a la escala posible, desde una perspectiva que priorice la articulación de los conceptos de democracia política y económica.

Pero también imaginar y transitar un proceso de transición hacia un diseño social diferente, fundamentado en democracia amplia y profunda, es decir, un diseño no capitalista. Porque en esto de construir, la cosa, pasa por abajo.