Golpe a golpe, verso a verso

Resulta bastante desalentador advertir como, casi exactamente veinte años después de la matanza de diciembre de 2001, el bloque de político institucional que fue el brazo ejecutor de esas jornadas vuelve a asestar un golpe. Pero todavía más desconsolador, es notar de qué forma y con qué vigor se expresa en estos días la decisión del titiritero de los crímenes que se perpetraron hace ahora dos décadas, pero también del proceso que desencadenó el estallido que les sirvió de contexto.

La decisión de la Corte Suprema de declarar la inconstitucional la ley del Congreso que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura y la de bloque de representación política que encabeza el PRO de votar en contra el Proyecto de Presupuesto 2021, tiene -como todo- motivaciones múltiples y buscan provocar diferentes consecuencias.

Pero, ambos episodios, poseen un factor común: son la manifestación de dos de los órganos de poder del Estado, que mediante decisiones institucionales, intentan acorralar al restante.

¿Puede sorprender todo esto? La legitimación de este tipo de acciones se apuntala a partir del mensaje y metamensaje con el que, cotidianamente, machacan las bocas de expendio de los conglomerados massmediááticos dominantes, que así abonan el terreno para decisiones institucionales como las adoptadas la semana pasada por la Corte y Diputados. Esto es, legitiman, legalizan y consiguen consenso social para medidas que en un contexto medianamente razonable resultarían, al menos, algo disparatadas.

El jueves pasado, la Corte declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de veinte a trece, y encargó al Legislativo que construya una nueva norma que regule a ese cuerpo y que lo haga dentro de un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros. Así no parece demasiado irracional.

Pero comienza a serlo cuando se advierte que la Ley cuya inconstitucionalidad acaba de declararse es de 2006, y que el Congreso ya tiene en estudio un proyecto que envió el ejecutivo, que propone reformar al Consejo a partir de una ampliación a 17 del número de sus integrantes.

La acordada de los supremos que anula la reforma del Consejo, resuelve un pedido que hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad, que es una organización que agrupa a los estudios más representativos del universo del capital -sobre todo el financiero- que actúa en el país y que tuvo un protagonismo estelar durante la Presidencia Macri, como grupo de presión hacia adentro del Poder Judicial y como actor clave del lafware.

Una de las paradojas de todo esto es que, durante 2014, la propia Corte ya se había expedido sobre este asunto, cuando rechazó que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de 2006. Pero ahora y como si se tratara de un menú a la carta, la Corte falla dos veces sobre un mismo caso, en algo que el ministro de Justicia Martín Soria, caracterizó como “un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes”.

Aquí vale recordar que todo esto tuvo lugar a poco de que los cortesanos recibieran a Soria, en un encuentro en el que el titular de la cartera de Justicia, volvió a plantear que el Gobierno está convencido de que el máximo tribunal debe tener otro tipo de diseño, pero también se refirió al papel de ese cuerpo en el lawfare y puso como ejemplo a los contacto existentes entre la Mesa Judicial macrista y la Corte.

Y, al respecto, habló sobre el papel jugado por Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, quien es el operador judicial predilecto de Macri, que lleva más de un año prófugo en Uruguay (Ver Surfing en el Nyiragongo y En el fondo, la justicia).

¿Pero qué pasa si el Congreso no sanciona antes del 14 de abril de 2022 una nueva Ley? ¡Sorpresa! Conforme la acordada, se deroga la Ley 24.937 y el Consejo va a volver a quedar integrado como antes de 2006, esto es, con el titular de la Corte, más cuatro jueces, igual cantidad de diputados y de senadores de los que dos corresponderían al oficialismo, uno a la primera minoría y otro a la segunda, además de cuatro abogados, un representante del ejecutivo y dos del sector académico.

Actualmente, lo conforman tres magistrados, dos abogados, cuatro legisladores de la mayoría y dos por la minoría, un académico y otro representante del ejecutivo. De este modo, una Corte con menos integrantes y más identificación política que la de 2006, volvería a tener un lugar preponderante en el Consejo que es la instancia que, entre otras cosas, es clave para designar y evaluar el desempeño y, si fuera preciso, remover a jueces nacionales y federales. Pero asimismo posee un papel relevante en la administración del  el Poder Judicial, lo que incluye los recursos financieros.

Rompan todo

A diferencia de lo que pasó en 2010 cuando el Proyecto no fue tratado en el recinto, en esta oportunidad y por primera vez desde 1983, el Congreso rechazó la proyección presupuestaria que hizo el ejecutivo. Y en esto es fundamental recalcar la palabra “proyección”, ya que de eso va lo que cada año y por Ley, debe enviar al Legislativo, el órgano ejecutivo del Estado.

Una proyección que, en una economía con problemas estructurales que provocan precios sumamente volátiles, siempre es una aproximación a lo que se espera para el ejercicio posterior y que pretende dar previsibilidad a aspectos clave como la administración de los recursos que tiene el Estado, es decir la inversión y el gasto.

Esto es una realidad que alcanza a todos los proyectos de Presupuesto que presentaron a partir de 1983, gobiernos de diferente pelaje ¿Entonces, por qué ahora el voto negativo?

Resultan pedestres los argumentos esgrimidos por el multiverso que representa al macrismo en la decena de bloques que abarrotan la Cámara de Diputados. El principal de ellos señala que la iniciativa del ejecutivo descansa sobre un dibujo que, desde esa mirada, sería la proyección de la inflación que fue fijada en 33 por ciento.

Los mismos que se rasgan las vestiduras por esto, son los que hace apenas cuatro años levantaban la mano y aplaudían el Proyecto de Presupuesto firmado por Mauricio Macri que señalaba que, para 2018, la inflación iba a ser del diez por ciento o el que un año más tarde, vaticinaba que el precio del dólar sería de cuarenta pesos para 2019. Nunca es triste la verdad, pero no tiene remedio dice la frase de Joan Manuel Serrat: 2018 acabó con una inflación promedio de 47,6 por ciento, mientras que para comprar un dólar al precio oficial, al año siguiente, se debía pagar 58 pesos.

¿Entonces, por qué tanto berrinche para acabar votando en contra la iniciativa que, minutos antes, los propios diputados macristas propusieron llevar a Comisión para seguir rosqueando? (Ver Sin Presupuesto, sin vergüenza).

El show que montaron posee una dimensión inherente a la rosca política interna, otra vinculada al escenario de representación en el que sus protagonistas interactúan con el bloque que lidera el Frente de Todos (FdeT) y la restante -y más profunda- que es la que responde al mandato que perciben que les otorgaron sus votantes y, fundamentalmente, aquel que le señalan sus mandantes.

Una vez más queda claro que a la dinámica que se expresa hacia adentro del multiverso macrista, la sigue traccionando el Ala Gurkha que sabe que cuanto peor nos vaya a la mayoría de los argentinos, más oportunidades se les abren a ellos.

Esto tiene un correlato directo con el mandato que, con razón, perciben que les otorgaron quienes votaron a un espacio político que nació a partir de la interpelación a un sujeto social que por su individualismo suele tender a la dispersión, pero que logó convertirse en un bloque identitario homogéneo, con mística y estética propia.

Y también lo tiene con la sangre que, ávidamente, los conglomerados massmediáticos dominantes reclaman -cada día- que corra para alimentar la maratón mediática que instalan por medio de páginas impresas en papel, redes sociales y pantallas televisivas (Ver Derecho al infierno y a puro cacerolazo).

Es que el universo simbólico, la realidad alterna y, al fin de cuentas, la chorrera de barbaridades que construye y perpetra cada día esa massmedia, es la que pone en acto -cada vez que puede- el bloque de representación política liderado por el PRO. Y lo hace, sencillamente, porque eso es lo que requieren sus mandantes.

¿Pero de qué va todo esto entonces? La dictadura de 1976, el menemismo, la Alianza y el macrismo tienen un factor común en lo criminógeno que los caracteriza, pero fundamentalmente en que son momentos necesarios del proceso de la Crisis de Larga Duración del Sistema Capitalista que se expresa -entre otras cosas- en la toma de posiciones por parte de la facción de ese sistema que ve una salida a la crisis, en la creciente y extrema financierización.

Esto, en esta parte del mundo, se manifiesta en la transformación de trabajo en capital financiero con el que se especula y que, finalmente, fuga de la economía nacional, para acabar engordando fondos especulativos y cloacas fiscales. Este dispositivo que lleva al recurrente sobreendeudamiento que acaba recayendo sobre el Estado y el pueblo por medio del mecanismo de ajuste y licuación, ya logró enajenar buena parte del patrimonio de Argentina y ahora busca su consumación: una sociedad todavía más asimétrica con una matriz económica reprimarizada.

Y para ello debe arrancar de cuajo a un proceso que, como el que encabeza el FdeT, pretende armonizar la puja existente por la hegemonía social, por medio de acuerdos que puedan ser capaces de reorganizar a las diferentes facciones del capital que, además, consigan ser  sustentables lo que desde esta perspectiva, permitiría avanzar hacia un acotado pero sostenido reparto del excedente social.

Para ello La Rosada confía en acordar con el FMI “de la mejor manera posible”, lo que le facilitaría la tarea de poder avanzar hacia la puesta en marcha del modelo de desarrollo de matriz exportadora que espera plasmar por medio del Plan Plurianual (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo! y Ya pasó lo peor…se vienen lo más difícil).

La aprobación del Proyecto de Presupuesto, hubiera permitido que los negociadores argentinos pudieran exhibir más previsibilidad en las cuentas que ponen sobre la mesa, al tiempo que hubiese respondido favorablemente a la expectativa que públicamente expresó el FMI, cuando dijo que espera que el acuerdo que firme con el Gobierno, sea refrendado por el consenso de los diferentes actores políticos y económicos del país.

Y aunque el voto negativo al Proyecto de Presupuesto no asegura que vaya a pasar lo mismo el día que el Congreso tenga en sus manos el preacuerdo con el Fondo, la actitud del bloque que lidera el PRO es una señal poilisémica: le dice al Gobierno que nada le va a resultar fácil de aquí a 2023 y, a sus mandantes, le recalca que pueden confiar en que siguen contando con una eficiente quintacolumna dentro del esquema de representación política de Argentina.

Pero esto no es todo. Cada una de las facciones que actúan dentro del multiverso macrista, saben que con su núcleo duro no alcanza para ganar en 2023. Y también que si el Gobierno logra ese “mejor acuerdo posible” con el FMI y lo hace de la manera menos traumática, Argentina va a comenzar -como sea- a dar vuelta la página del desastre que provocó la Presidencia Macri.

Porque, incluso, si el acuerdo implicara -como parece- una restricción al crecimiento, después de la brutal caída del PBI que causaron el Gobierno Cambiemos y la pandemia, cualquier leve repunte se va a sentir en la economía cotidiana y, principalmente, va a fomentar y ampliar las posibilidades de consumo de los sectores medios urbanos, esto es allí donde el macrismo suele pescar en la pecera. Pero es donde también se coloca ese segmento volátil, cuyo voto rebota como pelotita china entre los dos bloques que actúan dentro del esquema de representación política (Ver Lecciones de Syntagma para Plaza de Mayo).

Por eso es que dilatar el arribo de un acuerdo con el Fondo, pero fundamentalmente, dificultarlo y condicionarlo, es un objetivo que persiguió el voto negativo que el viernes expresaron los integrantes de un espacio que lleva inscripta en su ADN la frase “rompan todo” (Ver Romper todo).

¡De punta a punta!

El año parlamentario comenzó con una horda que, encabezada por el diputado Fernando Iglesias, interrumpía con gritos, insultos y gestos grandilocuentes el mensaje que Alberto Fernández brindaba ante la Asamblea Legislativa. Y va llegando a su ocaso con ese mismo bloque -remozado y engordado-, repitiendo la actuación de marzo a la hora de votar contra el Proyecto de Presupuesto.

Hasta aquí nada nuevo, ni siquiera la ratificación que este episodio plantea sobre la imposibilidad de que el Gobierno pueda contar con algo del multiverso macrista, para sumar a la construcción del acuerdo policlasista y transversal que siente en la misma mesa a lo que se pueda de la oposición política, junto a representantes de los universos del capital y el trabajo.

Es evidente que La Rosada tiene claro que, si hay Presupuesto, mejor, pero si no lo hay, igual puede seguir gobernando y que, por eso, trazó con precisión una línea roja que señaló los límites que estaba dispuesta a mover del texto que envió al Congreso.

Pero también lo es que el FdeT exhibió escasa ductilidad a la hora de sumar voluntades en el heterogéneo universo que va desde diputados que responden a gobernadores radicales, hasta aquellos pertenecientes a partidos provinciales, pasando por cordobesistas y los que forman parte del bloque Consenso Federal donde está -entre otros- la madrina política de Sergio Massa, Graciela Caamaño, quien hasta hace poco más de dos años compartía espacio político con el ahora Presidente de Argentina.

Es claro que lo de la Corte y el Congreso, constituye un movimiento en tándem que muestra que la derecha sabe diferenciar las contradicciones secundarias de las primarias, al tiempo que anticipa que sigue intacto el proceso de pustch que comenzó en 2007 a caballo de la resistencia a la Resolución 125. Y que el límite al proceso de desestabilización y esmerilamiento que perpetra ese bloque de poder por medio de todas sus herramientas, es sólo el que le pueda oponer el bloque que hoy tiene la responsabilidad de gobernar el país.

Con este telón de fondo y con estas relaciones de fuerza ¿qué le queda por hacer al Gobierno? ¿Existe margen para estructurar el acuerdo transversal que desde su propia génesis planteo el FdeT? Porque mientras el principal bloque de oposición paparruchea, el FdeT tiene la responsabilidad de gobernar y eso significa -entre varias cosas- emparchar lo que rompieron el macrismo y la pandemia, sin Presupuesto y mientras enfrenta lo más álgido de la negociación con el FMI.

Porque lo que por estos días vuelve a quedar en evidencia es que mientras unos gobiernan, otros entienden que la gestión del Estado consiste sólo en la tarea de concesionar y esto les cabe cuando están en Balcarce 50 o en Uspallata 3150.

Así las cosas, una parte de la respuesta a los interrogantes que se abren tras la semana que pasó es que, ahora más que antes, resulta preciso avanzar en una institucionalización sustancial del FdeT, que fortalezca los vasos comunicantes entre el Gobierno y el sujeto social que lo llevó a La Rosada.

Esto de ninguna manera quiere decir que haya que abandonar el debate interno, o barrer debajo de la alfombra las contradicciones que existen y van a persistir hacia dentro de una coalición diversa como es el FdeT. Pero sería letalmente ingenuo debilitar flancos cuando del otro lado, los malos de la película tienen una actitud parejita, de punta a punta del año.

Voto negativo

La postura de quienes optaron por el voto negativo que volteó el Presupuesto 2022, fue una exhibición de fuerza para los que sostienen las posiciones más gurkha hacia adentro del bloque de representación que encabeza el macrismo. Esto disciplina y arrea a los que formalmente, pretenden presentarse como más moderados.

En esto tampoco hay nada nuevo. Este espacio nació de la violencia simbólica expresada por el tilinguerío cacerolero, creció por la brutalidad sin límites manifestada por los equipos troll de Marcos Peña y madura a caballo de algunas bandas que durante la pandemia, comenzaron a soñar con que es posible reeditar una suerte de freikorps del siglo 21. Si así lograron pasar, en menos de una década, de ser un partido municipal a ganar una elección presidencial ¿por qué habrían de cambiar?

Así, cuando todavía estaba caliente la jugada del tándem de supremos y diputados macristas, fue muy elocuente la foto y los mensajes del Presidente Fernández y Máximo Kirchnner, durante su asunción como titular del Partido Justicialista bonaerense. Pero también la que surgió de la teleconferencia que, esa misma tarde, el Presidente mantuvo con la directora gerente del FMI, Kristalina Gueorguieva.

Está claro que la resolución de la negociación abierta por la deuda contraída ilegalmente por la Presidencia Macri, sigue siendo prioridad para el Gobierno, por el vínculo que tiene con el plan de desarrollo que espera poner en marcha, pero fundamentalmente porque lo que firmó la runfla Macri-Dujovne es impagable, ya que hay 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos por un total de 19.115 millones de dólares para el año que viene y 19.367 millones para 2023 (Ver ¿Al Fondo? ¡Mejor a fondo!).

El reglamento que el mismo FMI no respetó cuando le habilitó a Macri el Stand-By más grande de su historia, impide que el organismo acceda a la requisitoria argentina que plantea que como el préstamo fue excepcional, también debe serlo el modo de pagarlo.

Por eso desde el momento en que comenzó la negociación, la postura argentina consiste en acordar un programa de pago a diez años con cuatro de gracia, eliminación de punitorios y anulación de sobretasas. Pero el organismo multilateral sabe que el tiempo juega a su favor y, desde entonces, no para de correr el arco.

Es evidente que con la normativa vigente cualquier escenario pago es imposible, pero asimismo que si el FMI vulneró esa misma normativa para financiarle la campaña a Macri, puede hacerlo ahora cuando hay un Gobierno que le dice que quiere pagar (Ver Surfing en el Nyiragongo).

Una propuesta que también baraja el equipo negociador, es que se acuerde a partir de la reglamentación vigente, pero solo la parte del Stand-By que suma lo que Argentina hubiera estado autorizado a recibir, mientras que se pide que el excedente tenga un tratamiento excepcional.

Si prosperara esta idea, también solucionaría la controversia abierta sobre el pago de la sobretasa de dos mil dólares anuales, que forma parte del costo que el país debe abonar porque a la hora de acordar, Macri lo hizo por un monto que supera la cuota argentina dentro del organismo multilateral.

También está la propuesta que hizo informalmente Cristina de Kirchner, cuando planteó que se pague con lo que resulte de lo que se recupere de la fuga de 86 mil millones dólares propiciada por la Presidencia Macri, cifra que acreditó el Informe Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos, que presentó el Banco Central durante abril de 2020.

Las dos propuestas son sensatas, demasiado para que las acepte un organismo que forma parte de la estructura financiera y política global, que se diseñó para fomentar e imponer el esquema de sobreendeudamiento, fuga y cloacas fiscales. Y cuya función es transformar trabajo en dinero de escaso respaldo y en escasez, algo que es clave para la estabilización del sistema capitalista en la actual fase del desarrollo de su Crisis de Larga Duración. Pero quien dice, en una de esas un día de estos nos despertamos para enterarnos que hubo fumata blanca (Ver Lecciones de Syntagma para Plaza de Mayo).

La idea fija

¿La votación del viernes demuestra que repentinamente bajó el umbral de sensibilidad de los diputados del multiverso macrista y que -por eso- se sintieron ofendidos porque el presidente de la bancada del FdeT les pidió que asuman la responsabilidad que les cabe por la deuda que tomó el espacio político al que pertenecen? (Ver Sin Presupuesto, sin vergüenza).

Pensar que gente con el kilometraje que suman esos legisladores, se sientan ofendidos y se rasguen las vestiduras por esto es estúpido. Sobre todo si se advierte que horas antes, uno de ellos, Martín Tetaz, dijo públicamente en un programa televisivo que iban “a voltear el Presupuesto”. Y fue lo que hicieron.

¿Pero entonces de qué va la cosa? Como pudo y con todas las limitaciones del caso, hasta ahora el Gobierno evitó llevar a cabo una devaluación fuerte, aunque tuvo que transitar dos años con pandemia, pagando servicios de la deuda que dejó Macri y con el arrastre también heredó del paso por La Rosada del mandamás del PRO.

Y lo hizo pese a las “recomendaciones” y presiones que recibió, casi a diario, por medio de las herramientas massmediáticas que poseen los mandantes del bloque de diputados ofendidos.

Pero si lo hiciera, el Gobierno debería enfrentar la profundización de una crisis social cuyo impacto es difícil de evaluar a priori, pero también acabaría con el que quizás es su principal activo simbólico, ya que desde el Presidente hasta el último integrante del FdeT, se repite a quien quiera escucharlo que esa posibilidad está afuera de cualquier alternativa que se pueda tener, incluso a la hora de definir la negociación con el FMI.

Por eso para el multiverso macrista, perturbar y entorpecer la concreción de un acuerdo con el organismo, dilata el momento en el que el Gobierno pueda comenzar a poner en acto su programa de desarrollo con eje en el Plan Plurianual, pero también fomenta un escenario en el que se le suba el precio al ajuste.

Porque cualquier ajuste derivado del pustch, va a ser peor que el que el que surja a partir de los condicionamientos que implique “el mejor acuerdo” al que se pueda arribar con el organismo multilateral, cuya postergación propicia un clima de incertidumbre que es un campo orégano para quienes de mínima persiguen el objetivo de desestabilizar y de máxima nunca dejan de soñar con perpetrar un golpe blando.