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Mié, Jul

Política

La explosión de infecciones provocadas por la variante Ómicron en todo el mundo, puso sobre la mesa la discusión sobre la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 ¿Qué debe primar a la hora de diseñar una política sanitaria de emergencia: el bien público o la “libertad individual”? ¿Puede realmente depositarse en los individuos la decisión de inocularse o no?

¿Qué es lo que debe primar, incluso desde un punto de vista liberal burgués, en el contexto de una crisis sanitaria, económica y social como la que atraviesa -con matices en cada uno de los países- el mundo a propósito de la pandemia por el Covid-19?

Las vacunas, necesariamente, en el corto o mediano plazo, serán obligatorias. O al menos esa es una de las certezas que los Estados han podido recolectar en más de dos años de pandemia. Con este ritmo de contagios -2,6 millones por día en todo el mundo- las posibilidades de que tengamos un “covid-22” son similares a la alternativa, esperada por todos, de que el virus se vuelva endémico.

Para evitar que el virus siga circulando y que se sigan multiplicando los contagios es esencial, junto a los cuidados sanitarios individuales y colectivos, la vacunación del total de la población. Entonces, la decisión de inocularse o no cualquiera de las vacunas que se aplican en la actualidad, deja de ser una decisión legitimada por la tan mentada “libertad individual” y su aplicación constituye una obligación social fundamentada en el bien colectivo.

La problemática sobre la obligatoriedad de la vacuna, fundamentado en el principio del bien colectivo, está instalada en el seno de las sociedades capitalistas y liberales. Y aunque muchos no lo puedan creer en Argentina, en el mundo se esgrimen muchos argumentos que desde una perspectiva liberal y capitalista sostienen la necesidad de vacunar masivamente a la población para terminar con la pandemia.

En las últimas semanas el presidente de EE.UU., Joe Biden, dispuso la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 para todos los trabajadores de las grandes empresas. Más allá del sesgo de clase que privilegia imponer una medida de este tipo contra la población trabajadora en las zonas industriales y no contra los “chacareros” estadounidenses en los Estados republicanos de la zona centro-sur de ese país donde viven y producen los grupos que se oponen con mayor virulencia a la campaña de vacunación, la medida tenía -y lo sigue teniendo a pesar de que la semana pasado la Corte Suprema la bloqueó- sustento en un contexto en el que la producción y la circulación de mercancías se encuentra casi parada debido a los altos niveles de ausentismo laboral debido a los aislamientos por contagios y por contacto estrecho.

Una situación similar se vive por estas horas en Gran Bretaña. La pandemia llegó justo con la implementación del Brexit. Entre los cambios aduaneros y las complicaciones por la enorme cantidad de contagios, el Reino Unido experimenta en muchas tiendas y comercios el desabastecimiento de productos básicos, como así también la falta de combustible en estaciones de servicio.

En Argentina la situación no es muy diferente en algunos rubros y ciudades. Por ejemplo, en la industria alimenticia hay plantas que hoy producen con el treinta o cuarenta por ciento de su capacidad, debido a la explosión de contagios y contactos estrechos, que obliga a la población trabajadora a aislarse.

Este fue uno de los motivos que llevó al Ministerio de Salud de la Nación, en acuerdo con todos los jefes provinciales, a reducir los días de aislamiento tanto para personas contagiadas como para contactos estrechos que cuentan con el esquema de vacunación completo o con la dosis de refuerzo según corresponda.

Lo que prima son argumentos propiamente empresariales que se inclinan hacia la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19, para que no se vea afectada la tasa de ganancia de la clase capitalista y, en este sentido, hay que recordar a modo de ejemplo que la UIA es una de las primeras entidades patronales que se mostró a favor de la medida y que se pronunció a favor de despedir a los trabajadores que se nieguen a vacunarse. Pero más allá de esto, lo cierto es que para la clase trabajadora y los sectores populares la obligatoriedad de la vacuna es necesaria.

 

Tasas de vacunación

 

En Argentina las tasas de vacunación son altas: el 86 por ciento de la población tiene al menos una dosis, que hoy no alcanza para brindar una protección robusta frente a un contagio, pero prepara el sistema inmune para enfrentar a la infección. Por su parte, el 74,4 por ciento fue inoculado con el esquema completo y ya un 21 por ciento recibió la dosis de refuerzo.

Pero no pasa lo mismo en países como EE.UU. o Alemania, donde la discusión por la obligatoriedad de la vacuna se ha vuelto mucho más necesaria. En EE.UU. solo el 75 por ciento se aplicó al menos una dosis y apenas el 63 por ciento tiene el esquema completo. Los porcentajes son bajísimos si se tiene en cuenta que la vacuna está disponible masivamente desde diciembre del 2020.

En Alemania las cifras son un poco más altas, pero no alcanzan para enfrentar una pandemia que requiere que el total de la población esté inoculada: solo tres cuartas partes -casi un diez por ciento menos que en Argentina- de la población se aplicó una dosis y solo el 72 por ciento tiene el esquema completo.

Este es uno de los motivos por los que se habla de la “pandemia de los no vacunados”, y es una de las causas de los problemas económicos y sanitarios que todavía provoca la pandemia, cada vez a escalas mayores.

Y hay que anotar que mientras el Sars-Cov 2 circule con la velocidad que lo hace en la actualidad, no hay manera de que no sean los trabajadores y los sectores populares los más afectados por las infecciones. No se trata solo de una cuestión estadística, sino también de una verdad que a esta altura nadie niega en ninguna parte del mundo: la pandemia provocó nuevas inequidades y, en especial, profundizó hiperbólicamente las desigualdades preexistentes propias de la sociedad capitalista.

Y si para muestra alcanza con un botón, ahí está la pobreza extrema que aumentó durante 2020 por primera vez en más de veinte años, para sumar a alrededor de cien millones más de personas viven con menos de 1,90 dólares al día. En este contexto y como contraparte del mismo proceso, en la actualidad las empresas más importantes del mundo son más ricas que a principios del 2020 y el diez por ciento más pobre del planeta lo es todavía más.

Sin embargo, las vacunas por sí solas no nos van a salvar. Creerlo sería caer en un reduccionismo tecnológico. Pero la obligatoriedad de las inoculaciones nos encaminará más firmemente hacia el fin de la pandemia.

Asimismo, sin una política mundial de acceso realmente universal a las vacunas, la pandemia llegó para quedarse. La situación de África es ilustrativa por sí sola. Ayoade Alakija, directora de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas, había hecho hincapié en los últimos días de noviembre del año pasado en que “Ómicron es el resultado inevitable de acaparar vacunas y dejar a África por fuera”. Y fue clara cuando añadió que “si el Covid-19 que apareció en China hubiera aparecido primero en África, no quedan dudas de que el mundo nos habría encerrado y hubiera tirado la llave muy lejos”. Junto a la obligatoriedad de la vacunación habrá que luchar también por la liberación de las patentes y por la producción mundial de vacunas sin fines de lucro.

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Lo anunció ayer Abuelas e Playa de Mayo. Se trata del hijo, nacido en cautiverio, de Graciela Romero y Raúl Metz quienes fueron secuestrados durante el Operativo Cutral Co que durante junio de 1976 montó la dictadura en la Comarca Petrolera. Raúl fue militante de la FJC.

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En la ciudad de Embarcación, ubicada en el departamento General José de San Martín de la provincia de Salta, se desarrolla uno de los principales focos de resistencia docente contra las políticas de ajuste del gobierno provincial. La situación se intensificó drásticamente en enero cuando el gobernador Gustavo Sáenz, junto a la ministra de Educación Cristina Fiore, cesanteó a 127 docentes que habían participado en diversas medidas de protesta.  

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La Mesa de Derechos Humanos decidió acompañar a los trabajadores jubilados, pensionados y adultos mayores que cada miércoles llevan sus reclamos hasta las inmediaciones del Congreso Nacional.

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