El Partido Comunista, el Movimiento Territorial Liberación, La Fede, la Liga Argentina por los Derechos Humanos dijeron presente.
“Nos convoca un objetivo superior, la defensa de la Democracia y de las instituciones del estado de Derecho, que tanto nos costó conseguir”, recalca la declaración que se leyó ayer ante el Palacio de Tribunales en el contexto de la movilización convocada por distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos que agrupan en la Multisectorial por una Justicia Democrática e Independiente.
Ahí la Multisectorial que entre otros integra el Partido Comunista, reclamó la remoción de los actuales miembros de la Corte Suprema y le pidió al Congreso que sancione una ley que amplíe el número de sus integrantes “y que lo haga con paridad de género” así como que “tal y como lo habilita la propia Constitución Nacional, se llame a una consulta popular que respalde la iniciativa, en defensa de las instituciones, del estado de Derecho y de la Democracia que nos merecemos”. Por lo que demanda juicio político a la Corte, la remoción de sus cuatro miembros, “una Justicia democrática e independiente al servicio del Pueblo”.
La concentración de ayer en Plaza Lavalle fue la cita central, pero la jornada tuvo ramificaciones que se dieron por medio de actos y marchas en diferentes puntos del país.
En todos los casos participaron referentes de organizaciones de derechos humanos, de centrales sindicales y de agrupaciones feministas, religiosas y políticas que se movilizaron a partir del detonante que significó la decisión del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, de incorporarse al Consejo de la Magistratura después de que la Corte Suprema modificara la composición de ese cuerpo.
Estuvieron el PC, el MTL, La Fede, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Apdh y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Corriente Federal de Trabajadores y Frente Sindical de la CGT, Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, CTA, ATE, Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones y Movimiento Popular La Dignidad.
Así las cosas, el documento de la convocatoria recuerda que se cumplieron cinco años “del oprobioso fallo del 2 por1, con el cual esta Corte Suprema escandalizó a la sociedad argentina. Un ensayo fallido, con el que pretendieron consagrar la impunidad de los responsables de crímenes contra la humanidad. No lo pudieron concretar, gracias a la rápida reacción y movilización popular, que pulverizó ese temerario intento”.
Y añade que “todo el sistema de Justicia en nuestro país atraviesa un gravísimo deterioro institucional. En especial desde la asunción del gobierno de la Alianza Cambiemos con Mauricio Macri y sus socios, en que las prácticas persecutorias y la criminalización de militantes populares y opositores políticos se convirtieron en una estrategia asistida por jueces y fiscales, para disciplinar y silenciar las múltiples voces que se levantaban para denunciar el saqueo y el desbaratamiento de derechos colectivos”.
Tras lo que destaca que “la prisión de Milagro Sala y de sus compañeros y compañeras de la Tupac Amaru en la Provincia de Jujuy, por citar uno de los ejemplos más emblemáticos y extendidos en el tiempo, constituye la expresión más obscena de un sistema de justicia sometido a la voluntad del poder económico y los grupos concentrados”.
Y señala que “esos poderes, nunca antes en Democracia se dieron con tanta temeridad a la tarea de disponer de jueces y fiscales de todas las instancias, poniéndolos a su servicio. Contaron para eso con un eficaz sistema de información pública en manos de los medios hegemónicos de comunicación, en especial el grupo Clarín y La Nación, desde donde operaron intrigando, mintiendo y sembrando odio”.
También dice que la Corte Suprema “ha sido su principal sostén, por eso se hace imperioso desmontar el armado que les sirvió para promover su descomposición, principalmente al interior de la justicia federal, con lo que han puesto en grave riesgo al Estado de Derecho ya sus instituciones”. De ahí que “es imperativo que tomemos real conciencia de la gravedad de la hora para evitar que logren su objetivo”.
La declaración continúa señalando que “son cientos los recursos y miles las causas que duermen en los despachos de los jueces de esta Corte a la espera de una resolución que nunca llega o llega tarde. Un Poder Judicial impiadoso con los humildes y siempre amigable con la delincuencia de guante blanco, de los que detentan el poder económico”.
Y denuncia que se trata de un Poder Judicial “insoportablemente lento y de doble vara, según se trate de la gente común o de los encumbrados que son parte de los círculos del poder real” y que “cuyos magistrados y funcionarios cobran sueldos siderales, que son una provocación para la amplia mayoría de la población trabajadora, a la que le cuesta enormes esfuerzos llegara fin de mes”.
Asimismo, recuerda que los procesos por crímenes contra la humanidad que esperan ser sentenciados desde hace décadas, “son un claro ejemplo de la desidia y la inescrupulosidad con que esos cuatro magistrados emiten sus fallos” y que “en todo el país se escuchan las críticas de los Organismos de Derechos Humanos, de las Centrales de Trabajadores y de los Sindicatos, de las comunidades originarias, de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual, de los movimientos de inquilinos y de medianos y pequeños empresarios, por la extrema demora en los procedimientos judiciales y en la toma de decisiones, cuando no, en otros muchos casos, vemos con estupor que fallan desconociendo la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a ella”.
Por eso “quienes nos movilizamos hoy dijimos en el multitudinario acto del pasado 1Fen Tribunales que esta Corte se tiene que ir por fundadas razones”, ya que “parten de una ilegitimidad de origen, en tanto dos de sus miembros, violando la Constitución Nacional, consintieron ser designados por un decreto del Poder Ejecutivo de Macri”.
Y añade que esta es la Corte que en el fallo Fontevecchia, “sin ruborizarse incumplió los compromisos que el Estado Argentino asumiera como parte del sistema regional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desconociendo una resolución de ese organismo, que la obligaba a cumplir con lo decidido por la instancia regional”.
Pero también es la que “tiempo antes ignoró, en otro fallo funesto, un derecho de raigambre constitucional, como es el derecho de huelga” y es la misma que promovió y apañó “sin inmutarse la llamada doctrina Irurzun, sobre prisiones preventivas, que pulverizó el debido proceso y el principio de inocencia, para garantizarle una vez más al poder real sus privilegios”.
Y la que “mediante un inexplicable salto de instancia, ratificó en sus cargos a tres jueces puestos a dedo por el gobierno macrista, por motivos más que evidentes” así como la que “no dudó en convalidar traslados y subrogancias inaceptables constitucionalmente”.
También es la Corte que recibió con honores al juez de Brasil Sergio Moro, “que convalidó la ilegal prisión de ex presidente Lula Da Silva, sin prueba alguna, sólo ‘por sus convicciones’” y la que “convalidó la presencialidad escolar dispuesta por Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la emergencia sanitaria, y desde la comodidad de sus casas, mandaron a millones de personas a las calles, con las consecuencias que luego todos conocimos, en tres meses tuvimos la misma cantidad de muertes por covid, que en todo el año 2020”.
También recalca que se trata de la Corte “que se prestó y consintió el uso del Poder Judicial, para concretar los planes continentales de los países centrales, y la embajada de los EE.UU. de Norteamérica, afectando gravemente nuestra soberanía” y que “interesada en resguardar sus propios privilegios y los de la corporación judicial, consintió que se demolieran derechos
Fundamentales y que se hipotecara la Nación, mediante la imposición de una deuda externa extraordinaria e impagable con el FMI”.
Por otra parte advierte que “la dilación en resolver las causas y los recursos por crímenes contra la humanidad, que involucran las mayores atrocidades cometidas contra la vida, la libertad y la dignidad de miles de personas,l levadas a cabo durante el terrorismo de Estado, ha posibilitado que la impunidad biológica, que es también política y judicial, evite el juzgamiento y la condena de numerosos responsables del genocidio que padeciera nuestro pueblo en la historia reciente”.
Y dice que el caso Blaquier “es el más emblemático”, ya que esta causa penal “estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y luego otro tanto en la Corte. Años perdidos, que se traducen en el cierre de las causas, sin que las víctimas o los familiares puedan obtenerla anhelada reparación histórica a la que aspiraban”.
Asimismo denuncia que esta Corte “reproduce la lógica fundante del sistema”, ya que “es clasista, patriarcal, misógina y elitista”, por lo que demanda “una Corte Suprema, que impulse la transformación del Poder Judicial y de sus prácticas habituales, que se traducen hoy en sentencias contrarias a la no discriminación, a la igualdad y al pleno respeto a la dignidad humana”.
Y alerta que fueron reiterados “los fallos, las intervenciones y pronunciamientos impúdicos del Máximo Tribunal Nacional, lo que remató, hace pocos días, declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura votada por el Congreso Nacional, una norma que consintió sin empacho alguno que nos rigiera por
16 años, y repuso una ley derogada en 2006”.
Esto constituyó una maniobra que “le permitió a esta Corte apropiarse de la presidencia del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar y remover a jueces y juezas nacionales de todos los fueros”, en una “decisión ilegitima y manifiestamente violatoria de la división de poderes, tendiente a consumar un nuevo atropello a las instituciones”.
Y recuerda que el 1° de febrero “la ciudadanía -en un acontecimiento que tuvo resonancia federal en la mayoría de las ciudades de nuestro país-se movilizo exigiendo la renuncia de los integrantes de esta Corte y la efectiva democratización de todo el Poder Judicial, como único medio eficaz de recuperar la confianza en la justicia”.
Y añade que “decíamos entonces y reiteramos ahora, que esta Corte se debe ir porque produjeron un enorme daño al tejido social más vulnerable y a sus organizaciones, para beneficiar a los poderes reales, persiguiendo y hostigando a trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales, mediante montajes mediáticos, amañaron causas, compraron testigos, sometieron a apremios, falsearon y prefabricaron prueba para lograr sus propósitos”.
Tras lo que hace hincapié en que la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado sigue paralizada, “a la espera de una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha hecho oídos sordos a los reclamos de la querella, en lo que sin duda es un caso ostensible de privación de justicia”.
Y que la detención de Facundo Molares, “a pedido del Estado colombiano, y el reciente fallo que habilitó su extradición a ese país, es sólo un ejemplo más del alineamiento de buena parte de este Poder Judicial con los planes continentales diseñados en los centros de poder mundial”.
Por eso “este Poder Judicial con esta Corte a la cabeza, en todo este tiempo, convalidó un sistema de injusticia como nunca antes se viera en Democracia, y de ese modo tributó, con holgura, a la ruptura del pacto democrático que había sido sellado por la sociedad toda, tras la noche más oscura de su historia” y tras el eufemismo de la seguridad jurídica, “enarbolado por los dueños de todas las cosas, se permitieron también avanzar sobre derechos sociales y laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores organizados y del pueblo todo”.
Un Poder Judicial de estas características -alerta- “produce un hartazgo que sólo se remedia mediante una profunda reforma, a la que seguimos aspirando” y continúa diciendo que un Poder Judicial “que es garante de los privilegios de unos pocos, alejado de los problemas reales de la sociedad, que no prioriza la atención a las víctimas y que desconoce o niega las asimetrías existentes en materia de género, etnias, edad y condición social, demanda medidas urgentes de los otros dos poderes del Estado, medidas que de tomarse a tiempo, no dudamos serán acompañadas por la amplia mayoría de nuestro Pueblo”.
Ya que “somos conscientes que sólo se recuperará la confianza en la justicia, cuando finalmente sea integrada por jueces y juezas idóneos, independientes, íntegros, sensibles a la realidad social y profundamente comprometidos con el paradigma de los derechos humanos”.
