Silencio en la noche

Alrededor de cien mil usuarios afectados por cortes en el suministro de energía eléctrica, es la cifra provisoria que dejó la jornada de ayer jueves en la zona Amba, a lo que para tener un panorama más acabado de lo que pasó, hay que sumar lo acontecido ese mismo día en Rosario y en buena parte del sur de la provincia de Santa Fe, donde se registró una situación similar que afectó a miles de personas. En todos los casos se trata de una historia que se repite año tras año, caracterizada por empresas que tienen un mercado cautivo y un Estado representado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) que poco y nada hace para proteger a los usuarios.

El panorama es más que elocuente, ayer colapsó el sistema por las altas temperaturas, pero hace dos semanas con menos de 30 grados pasó algo similar, lo que habla de la falta de previsión que también queda expuesta en el hecho de que a último momento Cammesa haya tenido que acelerar la importación de energía desde Brasil y Uruguay, desde donde va a intentar sumar alrededor de 2.200 y 400 megavatios hora respectivamente.

Con eso prevé cubrir algo así como un diez por ciento de la demanda adicional que se registra en jornadas como la de ayer y, mientras cruza los dedos, la empresa que administra el mercado de energía eléctrica pide que los grandes usuarios morigeren su consumo para aliviar la carga del sistema a cambio de lo que ofrece un reintegro monetario. Según trascendió ya estuvo tanteando a Aluar, Acindar y Tenaris firmas que a raíz de la recesión y de decisiones empresariales ya vienen desempeñándose por debajo de sus capacidades instaladas, por lo que están consumiendo menos energía que en años más prósperos.

Entonces, mientras decenas de miles de trabajadores debieron soportar el que hasta ahora fue el pico de calor  del año, sin luz ni agua, volvió a quedar claro que con un mercado cautivo las empresas nunca pierden y con la Presidencia Milei menos todavía porque sus tarifas están indexadas, algo que no redundó en una mejora en la prestación ni en extensión del servicio. Todo en un marco en el que el esquema de aumentos no favorece el ahorro de consumo ya que se focaliza en los cargos fijos, por lo que caen tanto para quien tiene una mansión con pileta climatizada como para aquella persona que vive en un monoambiente alquilado.

Nuevamente en el ojo del huracán aparece Edesur porque en la zona que tiene concesionada es donde se registraron la mayor cantidad de cortes, pero también los más prolongados. Y esto es así, entre otras cosas, porque posee apenas la mitad de cuadrillas de mantenimiento que tiene Edenor y bastante menos personal en las guardias operativas que la prestadora de la zona norte. Aunque hay que recalcar que, en ambos casos, son pocas y se suele terciarizar la tarea.

Está de más decir que esto poco le importa a un gobierno nacional que propicia un modelo en el cual estas empresas integran el selecto lote de los ganadores. Pero además de eso, lo recurrente de esta situación vuelve a exhibir las limitaciones que tiene el Estado Liberal Burgués para poner, aunque más no sea, ciertos límites al universo del capital que permitan armonizar su inagotable voracidad a la hora de maximizar su tasa de rentabilidad, con los intereses de la sociedad, en este caso, los que le asisten a los usuarios del servicio que presta Edesur.

Pero nada de esto es casualidad. Lejos de eso los cortes y las penurias que ocasionan son consecuencia de la aplicación de un modelo socio económico, pero también político que tiene en la Presidencia Milei a su formulación más acabada. En este sentido, lo de Edesur es apenas una muestra de la indefensión que impone un modelo que en estos mismos momentos reverdece por medio de la imposición de instrumentos como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi).

Y por eso vale la pena recordar que nada de esto hubiera sido posible sin el esquema de privatizaciones que, bajo la Presidencia de Carlos Saúl Menem, destruyó Segba para otorgar la concesión del servicio en la zona Amba a Edesur y Edenor, lo que en sí, constituyó dos monopolios que atraparon a quienes habitan la región más densamente poblada del país.

Y esto no es todo. En todos estos años la prestación fue deficitaria y la ecuación siempre se resolvió a favor de la maximización extrema de la tasa de rentabilidad de las multinacionales que tienen a su cargo la concesión. Durante estas tres décadas las prestadoras ajustaron costes vía salario y recorte de personal, lo que trae aparejado una merma en su capacidad de respuesta en circunstancias como la vivida ayer, al tiempo que la inversión que hicieron siempre estuvo por debajo, incluso, del escaso rango que demanda el esquema de privatizaciones.

Con este telón de fondo las audiencias públicas no vinculantes convocadas para la adecuación de las tarifas, suelen convertirse en una suerte de escribanía en la que se refrenda lo que quieren las empresas que a la hora de levantarla con pala nunca dejaron de recibir ayuda extra por parte del Estado, algo que se hizo efectivo durante todos los gobiernos de los últimos treinta años por medio de subsidios millonarios y condonación de deudas como la que hace dos años benefició a Edesur, Edenor y otras distribuidoras cuando el Ministerio de Economía determinó que pagaran 80.210 millones de una deuda de 219 mil millones que poseían y que, encima, lo hicieran en 96 cuotas.

En este punto cabe remarcar que lo generoso de esas cifras contrasta groseramente con lo escaso de las multas que le impone el Enre por los cortes de energía. Pero también que durante la Presidencia Macri, las concesionarias se beneficiaron con un tarifazo del 3.700 por ciento y que durante el primer año de Javier Milei en La Rosada, en promedio las tarifas de energía eléctrica se catapultaron un 270 por ciento contra una inflación que, de acuerdo al Indec, fue de 118 por ciento durante 2024.

Con estos datos sobre la mesa resulta prudente preguntar dónde fue a parar el producto de tales beneficios, ya que está claro que poco y nada se derivó a inversión que debería garantizar una mejor calidad y sustentabilidad del servicio.

No hace mucho en Río de Janeiro, en ocasión de la Cumbre del G20, Milei se reunió con Flavio Cattaneo quien no es otro que el ceo de la empresa italiana Enel, que actualmente es la propietaria de Edesur. Según se hizo saber entonces, el presidente de nuestro país quedó chocho con el encuentro en el que Cattaneo le prometió nuevas inversiones y le anticipó que buscará extender sus concesiones en Argentina, al tiempo que celebró los ajustes tarifarios perpetrados por el actual gobierno.

Teniendo en cuenta que Enel posee una cartera importante que la imbrica dentro del intrincado esquema de la financierización global ¿no sería prudente que el Enre pusiera la lupa ahí para intentar determinar dónde pudo ir a parar ese dinero que, evidentemente, no está puesto en inversión por parte de la empresa? ¿Y teniendo en cuenta que los perjudicados por esta empresa suman cientos de miles cada año y que recurrentemente esto se reitera desde hace tres décadas, por lo que constituye un “retardo de justicia”, no sería prudente que la Corte Suprema interviniera? Pero ante esta situación, la respuesta del Enre, la Corte y la propia Presidencia Milei es sólo silencio.

Y esto es así porque en esta simbiosis entre el Estado Liberal Burgués y el universo del capital, los Códigos Civil y Penal, así como su principal herramienta de aplicación que son las fuerzas policiales, están diseñados para proteger a la clase capitalista. Por eso Cattaneo puede estar tranquilo mientras cientos de miles de trabajadores se cocinan en sus casas ya que, tal como va a ocurrir en un futuro no muy lejano con cualquier “inversor” que se acerque a Argentina atraído por el Rigi, los dueños de Edesur saben que pueden estar tranquilos porque, en última instancia, siempre va a haber un juez que les arregle las cosas y, en un caso extremo, para hacerlo, ahí está el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).