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04
Mié, Nov

Política

Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, es la lógica del capitalismo que se expresa con mayor crudeza en esta hora. Milei, Bullrich, Melconian y una hoja de ruta que vuelve a llevar a los preceptos del Consenso de Washington. 

De acuerdo al último informe de riqueza que confeccionó el Banco de Inversión Suizo UBS Group AG, que hace poco compró Credit Suisse, el 1,2 por ciento de los adultos de la población global posee el 47,8 de la riqueza mundial, mientras que el 53,2 sólo se queda con el 1,1 por ciento.

Este trabajo da cuenta también de que la cantidad de ricos a escala global aumentó respecto a 2021, traccionado por EE.UU. donde se incorporaron a este club algo así como 2,5 millones de nuevos millonarios, lo que representa casi la mitad del total mundial y es el mayor aumento en la cantidad de millonarios registrado para cualquier país en lo que va del siglo. Así, EE.UU. tiene ahora el 39 por ciento de todos los millonarios del planeta.

Pero cuando el informe repasa lo que sucede con el coeficiente Gini que es el que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, se advierte que en EE.UU. es de  85,0, algo enorme si se tiene en cuenta que 100 significaría que un solo adulto sería dueño de toda la riqueza. Y nada de esto debe sorprender, ya que en EE.UU. todos los índices de desigualdad vienen registrando alza desde principios del presente siglo.

A la hora de encontrar explicaciones, este trabajo pone el ojo sobre la extrema financierización que sigue avanzando con un telón de fondo en el que la industria mundial ya estaba atravesando una crisis que la pandemia profundizó, en un contexto en el que los sistemas de aprovisionamiento y los logísticos se vienen reestructurando lo que encarece el comercio mundial. Pero también en un marco en el que los mercados de materias primas se convirtieron en una suerte de coto de caza de la especulación, al tiempo que a la inestabilidad de los precios de la energía se suma una lucha abierta por ese tipo de recursos.

Todo esto y lo que de alguna manera se acaba traduciendo en aquello que revela el coeficiente Gini, habla de un modelo social y económico que refleja el actual momento de la Crisis de Larga Duración que atraviesa el sistema capitalista. Y de esto, en buena medida, fueron las presentaciones de las propuestas económicas que por estos días vienen haciendo los principales referentes del área de La Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza y Carlos Melconian en el caso de Juntos por el Cambio.

Es que con el resultado de las Paso sobre la mesa y de cara a la cita de octubre, va quedando cada vez más claro que las candidaturas de Patricia Bullrich y Milei disputan el liderazgo de un solo bloque de representación política que pugna por exhibirse como el más apto para la ejecución de de un plan que va en sintonía con lo que refleja el informe de UBS.

Mientras tanto Sergio Massa intenta ingeniárselas para estirar una billetera que por cierto está exhausta tras el expolio al que la somete el acuerdo con el FMI, habla de eliminar el Impuesto a las Ganancias y hasta del reparto de horas de trabajo sin merma salarial. Y en la Cumbre del G-20 de Nueva Delhi, Kristalina Georgieva, vuelve a prometer a Alberto Fernández que el Fondo va a abordar el tema de los abusivos sobrecargos que le impone a los países deudores. No es la primera vez que el FMI hace esa promesa que si se cumple, implicaría una reducción de tres puntos de la tasa de interés que paga Argentina por la deuda contraída por Mauricio Macri, algo así como mil millones de dólares.

Pero asimismo, durante la última semana volvieron a aparecer los fondos buitre, el proyecto de dolarización y la Fundación Mediterránea: todo en un mismo combo y como decía el incomparable Enrique Santos Discépolo, “en el mismo lodo, todos manoseados”.

 

Herencias

 

La jueza estadounidense Loretta Preska, es quien heredó de Thomas Griesa el despacho la Corte del Distrito en EE.UU. por el Distrito Sur de Nueva York, y la semana pasada falló en contra de Argentina en la causa abierta por la expropiación de YPF, en una decisión redactada a medida del fondo buitre Burford Capital que es un despacho jurídico que no se dedica a la producción de energía, sino la especulación judicial por medio de la gestión pleitos multimillonarios.

Se trata de un estudio de abogados ingleses, que compró la representación del Grupo Eskenazi que, con 98 años, preside Enrique Eskenazi y que tiene entre sus principales activos al Grupo Petersen que comanda los bancos de Santa Fe y Entre Ríos, entre otras cosas. De acuerdo a lo que trascendió, Burford Capital aspira a quedarse con el dieciséis por ciento de lo que puedan rapiñarle al Estado Argentino, mientras que el resto iría a los bolsillos del Grupo Eskenazi. Esto no es poco: los demandantes tienen como expectativa llevarse dieciséis mil millones de dólares, en tanto que el Estado Nacional ofrece cuatro mil, lo que ya es una barbaridad para las exhaustas arcar argentinas.

La historia arranca cuando el Grupo Eskenazi y particularmente su titular, era presentado como una suerte de paradigma del “empresariado nacional” que estaba llamado a convertirse en un jugador principal para el desarrollo energético del país. Por eso cuando Repsol comenzó a dar señales de que quería replegarse de YPF, fue el propio Néstor Kirchner quien acercó al Grupo Petersen de la familia Esquenazi, algo que prosiguió con la bendición de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En este escenario, Repsol poseía el 57 por ciento del paquete accionario de YPF y el Grupo Petersen-Eskenazi había adquirido el veinticinco por ciento prometiendo que pagaría con créditos que supuestamente iba a tomar en bancos internacionales y con los dividendos que le correspondería por ese veinticinco por ciento.

Durante este período se desinvirtió y cuando aparece en escena Vaca Muerta queda en evidencia que no había con qué afrontar una inversión fuerte de las características que requiere la explotación del gas y petróleo no convencional. En este punto vale recordar que una vez que se volvió a hacer cargo el Estado, YPF tuvo que hacer un acuerdo con Chevron para poder poner en movimiento este yacimiento, porque no tenía recursos para hacerlo por su cuenta.

Fue en este contexto en el que el Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto que viabilizó que, mediante la ley 26741 del 16 de abril de 2012, el Estado se hiciera cargo del 51 por ciento de las acciones de YPF, ya que la empresa había sido declarada de utilidad pública.

Entonces Eskenazi inició una demanda judicial en España, hasta que se asoció con el fondo buitre Burford Capital, lo que ahora deviene en el fallo de la jueza Preska, que el Estado Nacional va a apelar ante la Corte Suprema estadounidense que difícilmente acepte el caso, a juzgar por lo que hizo en situaciones anteriores como en el caso iniciado por Paul Singer.

Nada de esto debe sorprender. De acuerdo al informe anual del Banco Central de 2019, durante la Presidencia Macri, los Eskenazi fugaron alrededor de 103 millones de dólares y lo hicieron mientras se declaraban en quiebra. Pero nada de esto fue investigado por el gobierno encabezado por Mauricio Macri y tampoco por el de su sucesor.

En este punto vale señalar que la demanda va contra el Estado y no contra YPF ¿Pero entonces por qué ir contra un Estado que, incluso en el mejor de los escenarios, la tiene muy difícil para pagar lo que requieren los litigantes?

Por un lado porque entre quienes poseen acciones de YPF figura otro fondo buitre: Blackrock que tiene un seis por ciento lo que lo obligaría a pagar su cuota parte. Pero fundamentalmente porque litigar contra el Estado que está exhausto, es la forma de abalanzarse sobre sus recursos naturales que es por lo que van a ir en su intento por cobrar aquello que en clara connivencia dicte el tribunal neoyorkino. En primera línea del apetito rapiñero, aparece Vaca Muerta que es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo, tal como lo que reconoce públicamente el propio Departamento de Energía de EE.UU. y que ya tiene en marcha el primer tramo del gasoducto que construyó el Estado Nacional, al tiempo que entró en proceso de licitación los dos trayectos restantes que permitirán exportar gas ¿Sorprende entonces cuando Milei y Bullrich anticipan que si llegan a La Rosada van a privatizar la empresa de energía?

 

Buitres

 

Apenas entró a La Rosada, Macri decidió el pago a los fondos Buitre que litigaban en el juzgado de Griesa. La gestión que lo precedió estaba peleando pagar alrededor de seiscientos millones de dólares, pero sin chistar Macri les pagó más de 9.300 millones.

Entre los tenedores de deuda que festejaron esa vez, estaba Carlos Melconian que por entonces ya había sido designado al frente del Banco Nación, lo que no inhibió de embolsar lo que dispuso el juzgado del Distrito Sur de Nueva York. Y esto tampoco inhibe su postulación a ministro de Economía en caso de que Bulrrich sea la próxima presidenta.

En ese escenario, entre otras cosas, Melconian deberá encargarse de atender el frente que se abrió con el litigio impulsado por Burford Capital y el Grupo Eskenazi. Y lo hará a partir de un plan que por estos días viene presentando y que no es otro que el de la Fundación Mediterránea, que fue creada en 1977 por 33 empresas radicadas en Córdoba y que en su prontuario puede exhibir su estrecha participación con la última dictadura a la que suministró algunos de sus principales cuadros, como el que fuera el secretario de Coordinación y Programación Económica de José Alfredo Martínez de Hoz, Walter Klein.

Pero también a Domingo Felipe Cavallo, quien cuando tras la guerra de Malvinas la dictadura estaba en retroceso, fue puesto en la presidencia del Banco Central desde donde durante menos de un mes, implementó los seguros de cambio, que no eran otra cosa que un perverso mecanismo por el que los grupos empresarios que habían cogobernado con los genocidas, traspasaban sus deudas al Estado Nacional, por lo que la deuda privada se licuó entre todo el pueblo argentino (Ver La clase capitalista no va al Paraíso).

El robo se acabó de concretar en noviembre, cuando a la dictadura le quedaban pocos días y el titular del Banco Central era Julio César González del Solar. Resulta llamativo ver cómo se reiteran los apellidos de quienes intervinieron en este tipo de actos criminógenos, con algunos de los que aparecen ahora entre los actores del bloque de representación política que lideran Milei y Bullrich quienes como señaló la semana pasada el propio Cavallo, “en economía rumbean parecidos”.

La cosa es que aquella vez el Estado Nacional se hizo cargo de 17 mil millones de dólares de deuda de empresas privadas entre las que aparecen Bridas, Pérez Companc, Sideco Americana SA, Molinos Río de la Plata y Socma del Grupo Macri. Y en esto Cavallo y González del Solar no estuvieron solos. Entre quienes pusieron su firma está quien era gerente de Investigaciones Económicas y tenía a su cargo la subgerencia del Área Externa del Banco Central, Carlos Melconian, un tipo agradable, canchero e hincha de Racing que ahora se emociona cuando presenta en televisión el programa de la Fundación Mediterránea.

Pero lo cierto es que más allá de la empatía que pretenda provocar la figura de Melconián y de los exabruptos de Milei o Bullrich, el programa de bloque de representación que integran puede resumirse a grandes rasgos en una plena aplicación de los diez puntos del Consenso de Washington.

Y para ello e incluso para su formulación más extrema que sería la dolarización, tal como lo advirtió días atrás el director del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, “necesitan mucho apoyo político”. Aunque no se pueda trasladar linealmente al orden nacional, el resultado electoral de ayer en Santa Fe, exhibe cierta similitud con lo que ocurrió en las Paso a nivel presidencial.

Pero incluso en ese panorama, la aplicación de una agenda draconiana para los trabajadores como aquellas en las que coinciden Milei y Bullrich, sólo puede anticipar un escenario de profundización del conflicto entre los universos del capital y aquel del trabajo. Y esto también ayuda a explicar por qué tanto interés por reivindicar a la última dictadura y a sus genocidas, algo que busca aportar a la recreación de un partido militar/policial que sea lo suficientemente consistente como para servir de apoyo a la implementación de un programa cuyos autores son los mismos de siempre y que, por ahora, sólo busca quién lo interprete mejor.

 

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Crece el desarrollo de la Campaña Nacional “Fuera Milei, su Gobierno y la Corte, juicio político ya” y lo hace desde el territorio, donde el MTL juega un papel fundamental. “Esto es algo que muchos venimos pidiendo desde hace bastante tiempo”, recalcó el coordinador bonaerense del Movimiento Territorial Liberación , Mario Miceli. Y agregó que “debemos militar la Campaña y tenemos que hacerlo casa por casa, esquina por esquina, levantando firmas y metiendo la consigna muy fuertemente, porque este desafío es de ahora en más una de las batallas fuertes que tenemos que dar”.

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Así lo dispuso el gobernador Hugo Passalacqua al modificar la Ley de Bioinsumos, eliminando con ello la prohibición que pesaba para la utilización de ese herbicida sobre plantaciones yerbateras. En simultáneo, avanza el ataque contra el INTA y la persecución a sus profesionales.

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El Congreso boliviano avanzó en la restitución de derechos a  militares y policías que habían sido sancionados por haber participado en el golpe de Estado perpetrado hacia fines de 2019 contra Evo Morales. Mientras tanto, en nuestro país, languidece la causa abierta contra Macri, Bullrich y Aguad por el contrabando de armas destinadas a los golpistas.

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Antes de terminar de entregar la propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos SA a manos de una corporación transnacional a la mitad del precio tasado, el gobierno de Javier Milei preprara un aumento tarifario en el agua que equivale a más de diez veces la inflación anunciada. De esta manera, el capital privado asumiría el control de la empresa en noviembre con un regalito cercano a los 150 mil millones de pesos extra de ganacia anual. A todo esto, sigue sin haber respuestas por el drama del endeudamiento para poder comer y pagar boletas atrasadas de servicios básicos.

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Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, registró una caída interanual del 1,5% del empleo asalariado formal en julio de 2026. El estudio también advirtió sobre el deterioro del salario mínimo, que perdió un 40,8% de su poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno. (*)

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La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal procesó al ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, por “abuso de autoridad” a raíz de sus denuncias contra la sociedad Hidden Lake, aquella con la que el magnate británico administra el territorio que ocupa ilegalmente en Lago Escondido.

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Ayer en el Concejo Deliberante de Zárate, el Secretario de la  CTA de los Trabajadores de la Ribera del Paraná planteó su denuncia por la campaña de desprestigio que, a través de un medio local, realizó en su contra el gobierno municipal de Marcelo Matzkin.

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De cara a las elecciones de la CTA de los Trabajadores, se llevó a cabo en el Centro Cultural La Toma, un plenario de la Lista 10 en el que estuvieron Hugo Yasky y Sonia Alesso. La CoNAT dijo presente y desde ahí el docente Matías Pereyra resaltó el crecimiento de la Regional que incluye Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución.

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Esta mañana se lanza con una conferencia de prensa en la CTA Autónoma una campaña que apela a la herramienta constitucional del juicio político para ponerle fin al gobierno hambreador y vendepatria de Javier Milei. La iniciativa se hace extensiva a la Corte Suprema ya que, de acuerdo a lo que contempla la propia Constitución Nacional, sus integrantes pueden ser removidos por mal desempeño en sus funciones. Por lo que los convocantes sostienen que existen razones de sobra para cuestionar hoy también la legitimidad del máximo tribunal. Asimismo, ponen el acento en la necesidad de que esta propuesta esté apalancada en la movilización popular, priorizando siempre las urgencias sociales que se viven por sobre la agenda parlamentaria del Congreso. De esta forma, queda planteada además una fuerte crítica a la democracia restringida que tenemos en la Argentina. 

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A raíz de la represión de los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei el jueves pasado en las inmediaciones del Congreso, se presentó una denuncia colectiva ante los Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas. La presión popular hizo retroceder al gobierno que anoche resignó  en Diputados el apartado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que derogaba la Ley de Tierras. Con esa moneda de cambio, ahora Milei intentará avanzar en el blindaje del DNU 70/2023.

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