Gerardo Morales logró que se concrete su reforma constitucional y, tras cartón, la puso en marcha con una feroz represión que dejó un saldo de varios detenidos y heridos ¿Qué hay detrás de todo esto?
A pocas horas de que se sancione favorablemente la Constitución que él mismo impulsó, Gerardo Morales puso en acto buena parte de lo peor de ese texto cuando ordenó una feroz represión policial en la localidad de Purmamarca, donde efectivos de Infantería cargaron contra miembros de las comunidades Coquena y Collamboy.
Toda la jornada del sábado fue una verdadera orgía de violencia estatal que dejó un saldo de varios heridos de los que alguno recibieron disparos en los ojos y la cara, como así 27 personas detenidas cuyo paradero se fue conociendo recién varias horas más tarde, entre ellas un menor de edad, el periodista de Izquierda Diario Luciano Godoy, y la legisladora del bloque del PTS-FIT, Natalia Morales.
Los miembros de estas comunidades del norte de Jujuy venían manifestándose desde el viernes, en el marco de la jornada de paro general que había sido convocado por organizaciones sindicales y sociales con la consigna “¡Abajo la reforma, arriba los salarios!”. Ese día, además de la contundente movilización que se llevó a cabo en San Salvador, hubo protestas en diferentes puntos de la provincia como La Quiaca y Abra Pampa donde se produjeron bloqueos en la ruta 9. También arreciaron las movilizaciones en Tilcara, Humahuaca, Perico, San Pedro, Palpalá y Uquía, al tiempo que se producían marchas en Salta, más precisamente en la capital provincial y Tartagal.
Desde el sábado y conforme se iban conociendo las noticias que llegaban desde Purmamarca, las movilizaciones y cortes de ruta se multiplicaban y la consigna original viraba hacia un contundente: “Que Morales renuncie”.
Los peores episodios represivos se desencadenaron en Purmamarca, donde los integrantes de las comunidades Coquena y Collamboy estuvieron entre los primeros en alzar sus voces contra la reforma de la Constitución. Esto no es casual, ya que su texto establece lo que denomina “vías rápidas y expeditivas” para terciar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias, esto es, que pone en marcha un mecanismo que facilita que sean desalojadas las comunidades indígenas que habitan tierras fiscales, aunque lo hagan en ámbitos ancestrales.
Pero tampoco lo es que el pico de la represión haya comenzado apenas pasara por el lugar una comitiva encabezada por el ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, que no es otro que aquel que era embajador en Bolivia cuando en ese país se perpetró el derrocamiento de Evo Morales y, como tal, fue imputado penalmente por el suministro ilegal de armas que la Presidencia Macri hizo a los golpistas.
Un día antes, “¡Abajo la reforma, arriba los salarios!”, fue la consigna que atravesó a la jornada de movilización que se vivió en diferentes calles de San Salvador de Jujuy, motorizada por la lucha de los gremios docentes, pero que también sumó a otros sectores sindicalizados, a organizaciones sociales, políticas y comunidades indígenas que convergieron en una multitudinaria marcha que se dirigió hacia Plaza Belgrano para repudiar la Carta Magna que el gobernador Morales había conseguido que se sancione durante la madrugada anterior.
La frase convocante sintetiza el espíritu del reclamo, pero también habla de que en Jujuy las demandas que llevaron a que durante las últimas semanas miles de personas salieran a las calles para protestar, exceden ampliamente a un sector, para ganar transversalidad tal como se exhibió con el correr de los días.
El viernes la marcha hacia la sede del gobierno de la provincia, tuvo lugar en el contexto de un paro que se llevó adelante con un contundente acatamiento. La medida de fuerza fue convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina y la Confederación de Trabajadores de la Educación, como forma de rechazar la sanción de la reforma que denunciaron como “antidemocrática y autoritaria”, un criterio que también sostiene el Ministerio de Trabajo de la Nación que adelantó que va a pedir que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que restringen la protesta social.
Vale recordar que Morales anunció su intención de reformar la Constitución provincial el 12 de septiembre de 2022, por medio de la Ley 6302 que fue aprobada el 27 de noviembre de ese año con votos propios del oficialismo y el aporte del que suministró el diputado justicialista Fernando Posadas. Pero el proyecto acabado se dio a conocer recién ocho días después de iniciada la Convención Constituyente y en su texto que ahora fue aprobado, queda claro que se recorta la libertad de expresión, se eliminan las elecciones de medio término y se establecen “vías rápidas y expeditivas” para laudar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias.
Y hay dos puntos que encienden, todavía más, las luces de alarma. Uno de ellos es el que dispone que el partido que consiga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador, se va a quedar con la mitad más uno de las bancas de la Legislatura, mientras que el otro es aquel con el título “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, prevé “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”, pero asimismo “la responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan, por acción u omisión, el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática pacífica”.
Queda claro por qué en las movilizaciones que tienen por escenario a Jujuy, se denuncia que con la Constitución sancionada se busca criminalizar la protesta social, lo que en sí es un recurso al que Morales echó mano apenas se convirtió en gobernador de esta provincia. Y quien sabe sobre esto es Santiago Hamud, porque entre otras cosas lo vivió en carne propia cuando en 2018 era referente del MTL provincial y fue arrancado violentamente de su casa en horas de la noche por una patota policial que lo encarceló, después de que se le iniciara una causa por “resistencia a la autoridad”, por haber participado de una manifestación que tuvo lugar durante la apertura de sesiones legislativas.
Ahora, como secretario de la CTA de Jujuy, está entre quienes encabezan las jornadas de lucha que siguen desarrollándose. “Una vez más a pesar de las amenazas del gobernador, hemos dado una gran demostración de que el pueblo de Jujuy está harto y no va a soportar estos salarios de miseria y hambre”, celebró el viernes durante la marcha y añadió que el pueblo jujeño “va a seguir saliendo a las calles movilizado, hasta que tengamos salarios dignos y para decirle no “a la Constitución de Morales”.
Y, en este sentido, hizo hincapié en el papel que juega el espacio intergremial que viene convocando a las jornadas de resistencia y lucha. “Aquí estamos todos los sindicatos dispuestos a defender a nuestros trabajadores”, remarcó y valoró positivamente la presencia de dirigentes nacionales de la CTA que participaron en la marcha que se hizo el viernes, durante el tercer paro general que se llevó a cabo desde que el 5 de junio comenzaron las protestas para exigir la recomposición de los salarios de los trabajadores de educación.
Precisamente, al cierre de esta edición estaba todo listo para que se realizara en la Cámara de Diputados de la Nación, la conferencia de prensa convocada por el espacio Producción y Trabajo donde están la CTA, la Corriente Federal, entidades del empresariado Pyme y movimientos sociales, en la que además de la condena a la represión desatada en Jujuy, se espera que la central anuncie acciones concretas que pongan en acto tal repudio.
Probeta
Gerardo Morales comprendió rápidamente de qué va esto de gestionar el Estado Liberal Burgués, en una formación estatal capitalista de segundo orden como es Argentina y en el contexto de la dinámica que impone el actual momento de la crisis de larga duración que atraviesa el sistema capitalista.
Por eso apenas arrancó su primer mandato como gobernador de Jujuy, metió presa a Milagro Sala y desató una brutal cacería de brujas que apuntó a desarticular al movimiento social que desde hacía algunos años venía cuestionando de forma abierta a la clase capitalista que actúa en esa provincia, lo que quiere decir a los herederos de quienes en algún momento se apropiaron de la tierra.
Y, en idéntica dirección, también echó mano a un artilugio para modificar la composición del Superior Tribunal de Justicia provincial para favorecer, entre otras cosas, un abordaje de la problemática social basado en el disciplinamiento y la represión.
A partir de eso, fue aceitando un camino que desde la aprobación del nuevo texto constitucional, garantiza una suma del poder público y suministra a la clase capitalista un paquete de peligrosas herramientas para ejercerlo. Y, mientras tanto, avanzó en una reconversión productiva de la provincia, que exhibe con orgullo el papel que en este desarrollo tienen sociedades del Estado como Cannabis Avatara y Xuma, pero especialmente Jujuy Energía y Minería que es la que posee la llave que abre la puerta de la explotación del litio que hay en abundancia en esta provincia.
En este punto hay que recordar que junto a Catamarca y Salta, Jujuy integra el llamado Triángulo de Litio que pone a Argentina el podio de los países con mayor volumen de reservas de este mineral, pero también en el cuarto lugar en lo que hace a la producción de carbonato de litio que es un insumo que se utiliza para fabricar baterías para vehículos eléctricos, así como aquellas que almacenan energía solar y eólica. Por eso se trata de un insumo clave en la transición energética que en las formaciones estatales capitalistas de primer orden ya está a la vuelta de la esquina.
Pero asimismo, es prudente mencionar que de acuerdo a la Constitución que fue reformada en 1994, la propiedad de los recursos mineros quedó en manos de las provincias, por lo que son los Estados provinciales quienes deciden bajo qué modalidad se lleva cabo el proceso de extracción, industrialización y comercialización de este recurso: esto es, si se otorga en concesión, si se hace cargo el Estado, si abre la participación al sector cooperativo o si construye empresas mixtas.
En el caso de Jujuy, la elección fue acordar con la empresa Lithos Desarrollos Energéticos, que en realidad es una subsidiaria de Pan American Energy, algo que se hizo en octubre de 2022 por medio de un decreto provincial por el que declaró de interés público y sujeto a iniciativa privada el proyecto “Exploración y explotación de Recursos de Litio en la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc de la provincia de Jujuy”.
La reacción de las comunidades originarias que habitan esa zona no se hizo esperar y, por medio de sus representantes legales, presentaron un pedido de amparo en cuyo texto se denuncia que el gobierno provincial no les informó que pensaba avanzar en esta dirección, que por supuesto tampoco los consultó ni buscó mecanismos de consenso con ellas.
Sería un reduccionismo decir que esto explica todo lo que pasa durante estos días en Jujuy, pero es verdad que sirve para comprender buena parte de qué va la cosa y también ayuda a entrever qué es lo que puede pasar si el bloque de representación política que tiene a Morales como uno de sus precandidatos presidenciales, se hace con el Gobierno en las elecciones de este año.
Es que además de la suma del poder público en beneficio de la clase capitalista que actúa en Jujuy, el texto que impuso la reforma constitucional explica con claridad de qué va esto de la simbiosis existente entre el Estado Liberal Burgués y el poder empresarial corporativo, en tanto facilitador de mecanismos que favorezcan la maximización de su tasa de rentabilidad, pero que también lo pongan a buen resguardo por medio de la potestad que tiene el Estado sobre el uso de la violencia extrema.
Esto que ahora mismo pasa en Jujuy, permite anticipar lo que puede ocurrir cuando dentro de poco, quienes estén en La Rosada, deban decidir cómo pagar vencimientos de la renegociación de la deuda con el FMI que -hoy por hoy- son impagables. Y, también, qué se va a hacer con recursos que como los que posee Vaca Muerta y especialmente el litio, son piezas clave para la transición energética que aparece como un camino irreversible por ejemplo en Europa, donde esa agenda ya es Ley.
Entonces, esa probeta en la que se convirtió Jujuy durante los últimos ocho años y que ahora se manifiesta en esta violenta represión, sirve también para poner en negro sobre blanco de qué va esto de las relaciones sociales y productivas que impone el capital y, fundamentalmente, qué es esto de la lucha de clases.
Porque la crisis que atraviesa el capitalismo, sirve para exhibir sus límites y fase degenerativa en la que entró en cuanto sistema económico, pero también el alcance que esa degradación tiene en su estadio político y que se verifica en un Estado Liberal Burgués al que cada vez le cuesta más ocultar cuáles son los intereses de clase a los que representa desde su misma génesis.
Desde hace dos siglos el sistema capitalista viene funcionando con algunas características medulares que lo explican. Dos de ellos son el trabajo asalariado y el uso de energía fósil que propició procesos de degradación del planeta tan impresionantes como la maximización de la tasa de rentabilidad en beneficio de la clase capitalista.
También lo es la concentración de la tierra en pocas manos, algo que se sigue verificando en la expropiación de los medios de subsistencia de la mayor parte de las personas, por medio de la mercantilización de la tierra y la abolición de modelos comunales tradicionales caracterizados por la propiedad y uso colectivo de los recursos. Esto que aparece en la génesis del sistema capitalista, explica buena parte del texto constitucional que impuso Morales y todo lo que está pasando durante estos días en Jujuy, aunque esta vez tenga olor a litio.
