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Sáb, Jul

Sindical

La empresa de taxis Uber ejerció presión e influencia sobre políticos para forzar  legislaciones que la favorezcan a monopolizar la actividad taxista en todo el mundo.

La compañía estadounidense Uber aplicó métodos de presión e influencia sobre las legislaciones de los estados donde opera,  para verse favorecida en su búsqueda de ventajas sobre los servicios tradicionales de taxi en los mercados internacionales. Esto vincula a importantes dirigentes políticos de todo el mundo, incluido el actual presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense, Joseph Biden.

Con más de 124 mil documentos confidenciales filtrados al diario inglés The Guardian y que fueron compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación, se comprobó que Uber se valió de grupos de influencia y usó contactos políticos personales para expandir su negocio y limitar los derechos laborales en decenas de países mediante prácticas dudosamente éticas y legales cuando se habla sus vínculos con un diferentes estados nacionales.

“Esto deja desnudo las maniobras delictivas de la multinacional UBER para influir políticos, forzar legislaciones de los países y apoderarse de la actividad taxista en todo el mundo”, señalaron en un comunicado desde la Asociación de Taxis de Capital (ATC).

Los archivos abarcan el periodo entre los años 2013 y 2017 e incluyen más de 83 mil mensajes electrónicos, incluidas comunicaciones inequívocas entre el entonces director ejecutivo, Travis Kalanick, y un grupo de altos directivos.

En una de las comunicaciones, Kalanick propone contrarrestar las protestas de taxistas en Francia contra Uber —por remodelar el mercado y desplomar los precios— con el envío de taxistas a la manifestación, poniendo así a los conductores en riesgo de ser objeto de la violencia de los trabajadores enojados. Ante las preocupaciones de los ejecutivos, el jefe escribió que cree que "esto vale la pena", porque "la violencia es garantía de éxito".

Desde la llegada de Uber a Argentina,  se realización decenas de movilizaciones, generales y parciales, en  las que ATC  destacó que “siempre se cuidó de no caer en la trampa de la violencia, porque que sabíamos que Uber la utilizaba como lo expresó su propio CEO, para caracterizarnos ante la opinión pública como violentos”.

En este sentido, ATC también remarcó que “todo esto se llevó a cabo de manera impune ante la mirada complaciente y cómplice de gobernantes, una parte importante de la justicia y un apoyo abierto de los medios de comunicación dominantes”.

Este modelo de negocio de plataformas creo una compañía que se ha convertido en un gigante de servicios valorado en 43 mil millones de dólares bajo la violación  de los derechos laborales, desconociendo cualquier relación de dependencia y sin pago de cargas sociales.

“Presiones, lobby, espionaje y aprietes a dirigentes políticos del Estado, absoluta violación de todas y cada una de las leyes nacionales y locales que regulan la actividad económica en general, las impositivas con una evasión Nacional y de las Provincias y Municipios millonaria que en Argentina ya lleva 6 años, y es una pata más  fuga de divisas al exterior”, señaló ATC.

Los documentos también incluyen mensajes entre Kalanick y Macron, que entonces era ministro de Economía y que habría ayudado en secreto a que Uber se implantara en su país, proporcionando a la compañía acceso frecuente y directo a su persona y a su equipo, e incluso mediando en acuerdos con quienes se oponían al negocio en los órganos gubernamentales, como señala RT Noticias.

Se menciona también la llegada con retraso del entonces vicepresidente de EE.UU. Biden, a una reunión de Uber en el marco del Foros Económico Mundial en Davos (Suiza). A este respecto, Kalanick escribió a un colega: "He hecho que mi gente le hiciera saber que cada minuto de tardanza, es un minuto menos que tendrá conmigo".

Tras la reunión con Kalanick, Biden parece que habría modificado su discurso preparado para Davos, para incluir alusiones a la compañía, afirmando que proporcionaría a millones de trabajadores "la libertad de trabajar tantas horas como quieran y gestionar sus propias vidas cómo deseen".

Uno de los documentos revela que para superar la resistencia a la implantación de sus servicios, la compañía destinó 90 millones de dólares en 2016 a cabildeo y relaciones públicas. Con frecuencia, la estrategia de Uber suponía pasar por encima de alcaldes o autoridades de transporte, contactando directamente a personas como el entonces primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el jefe del Gobierno irlandés Enda Kenny o el canciller de la Hacienda británica George Osbourne.

Comunicaciones internas muestran también que los ejecutivos de la compañía eran conscientes del incumplimiento de las leyes de su compañía en diversos países, incluida Turquía, España, la República Checa, Suecia, Francia, Alemania y Rusia. "No somos legales en muchos países, debemos evitar hacer declaraciones antagónicas", escribió un alto dirigente. "Nos hemos convertido oficialmente en piratas", comentó otro las tácticas de Uber destinadas a evitar la aplicación de ley.

Además de encontrar vías informales de acceso a los líderes políticos, la compañía pagó centenares de miles de dólares a renombrados académicos por publicaciones que apoyasen el modelo económico de Uber. 

 

Precariado y “capitalismo de plataforma”

 

El sector taxista ha sido muy agredido por el desembarco de Uber en 2016 y ha realizado una serie de medidas de lucha desde su llegada, en la que planteó que estas aplicaciones son ilegales ya que vulneran las normas laborales, impositivas, de seguridad vial y desconocen a quienes regulan el transporte.

Vale recordar que el Poder Judicial había fallado contra la legalidad de estas empresas, pero muchas definiciones se encuentran cajoneadas, y en el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, el ejecutivo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta mantiene una posición que profundiza el avance de las mismas en detrimento del transporte de pasajeros legislado por el Estado.

Uber ofrece un modelo de precarización laboral que obtiene ganancias a costa de empleados con escasas condiciones laborales. Por cada viaje que realiza un chofer de la aplicación, la empresa se queda con un 25 por ciento de comisión, dinero que sale del país sin impuesto por medio y es un claro ejemplo de fuga de divisas.

Además, desde la empresa venden a sus choferes como “socios”, para poder disfrazar la relación de empleador/empleado que le permite evadir el costo laboral que enfrenta cualquier empleador.

Este estilo de relación de capital y trabajo se define como Precariado: un modelo que no cubre enfermedades ni accidentes, que termina con el sistema jubilatorio e impone el acceso a la salud privada para aquel que pueda pagarla.

En experiencias como el delivery de Glovo y el servicio de choferes de Uber los trabajadores deben comprar los elementos para llevar adelante su tarea, un esquema con menos derechos para el empleado y más ganancias para las empresas, que no realizan inversiones.

Esto se engloba en lo que varios especialistas en estudios de la tecnología y la comunicación llaman “Capitalismo de plataformas”;  nuevos sistemas de negocios que surgen a partir la tecnología digital con eje en los datos como la  nueva materia prima para mercantilizar, además de la mano de obra con la que plataformas como Uber operan.

Por plataforma se entiende como un tipo de empresa que se caracteriza por proporcionar la infraestructura para mediar entre diferentes grupos usuarios, desplegar tendencias monopólicas impulsadas por efectos de la red, y hacer uso de subvenciones cruzadas para captar diferentes grupos usuarios; puntalmente, en este modelo de negocios, los “socios” excluyendo la relación empleado/empleador, y los consumidores.

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El martes 10 de junio, Pambis Kyritsis, Secretario General de la Federación Sindical Mundial (FSM), intervino en el sexto día de la sesión plenaria de la 113° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que culminó hoy en Ginebra y abogó “por un mundo sin guerras ni explotación”.

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La Federación Sindical Nacional de los Trabajadores de la Salud dio su puntapié inicial con un encuentro en el que se planteó la necesidad de articular las luchas que desarrollan diferentes actores del sector. “Para el gobierno nacional la Salud no es un derecho sino una mercancía”, denunció desde Cicop, Pablo Torres.

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En el marco del paro llevado a cabo ayer, los estatales se movilizaron hacia la sede de la cartera presidida por Luis Caputo. Lo hicieron a poco de que la presidencia Milei formalizara los decretos 340, 341 y 342 “que persiguen concretar el anhelo de este gobierno y el fascismo, que es la eliminación del derecho a huelga”, tal como advirtió desde la CoNaT, Nuria Giniger.

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Por eso volvió a pedir una audiencia para tratar la situación provocada por la retención de cuota sindical que el gobierno de La Rioja realiza de forma ilegal desde agosto de 2024. “Queremos plantearle estos problemas, porque no es como quieren imponer ellos diciendo que el gremio es intransigente…los intransigentes son ellos y no quieren escuchar razones”, advirtió Rogelio de Leonardi.

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“Estamos en un momento clave para convocar a las juventudes que muchas veces son estigmatizadas, porque se piensa que no quieren participar, pero esto no es así y por eso es que buscamos darles un espacio y escucharlos, algo que es una prioridad para nosotros”, destacó Laura Altamirano.

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En lugar de proponer una recomposición salarial para los docentes, el gobernador de Santa Fe vuelve a atacar a los maestros y a su sindicato de base. “El gobierno de derecha y antiobrero debe tener claro que con la Amsafé no podrá”, advirtió La Tosco Docente.

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En Coronda se reunió el FAS para evaluar lo sucedido el domingo 13 de abril. De cara a la Convención Constituyente, Maru Regué aseveró que “tenemos la tarea militante de poner en debate en cada lugar qué tipo de reforma queremos”, ya que “si bien están elegidos los constituyentes, el pueblo sigue siendo el soberano”.

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Hoy se suma a la marcha convocada por las CTA y la CGT. “Es importante construir, fortalecer la unidad, movilizar y estar en las calles para frenar a este gobierno…a todas sus políticas de ajuste, represión y entrega”, destacó la trabajadora estatal integrante de la CoNaT, Lorena Giorgetti.

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“Ahora coronamos el distrito número 39 donde estamos funcionando como Violeta, esto representan un montón…un crecimiento exponencial que habla bien del trabajo que se está llevando a cabo dentro de la agrupación y principalmente del Partido Comunista”, resaltó el responsable Sindical del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires, el docente Emanuel Ríos.

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Con el foco puesto en Chilecito, los trabajadores sanitarios vienen llevando a cabo protestas para demandar transparencia en la gestión y que el gobierno provincia financie debidamente al sistema público, universal y gratuito.

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Tuvo lugar en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense de Avellaneda-Lanús con la participación de un amplio abanico de representantes. “Es clave construir el mayor grado de unidad en la lucha y un programa que sirva de propuesta de cara a un proceso electoral en el que tienen que ser tenido en cuenta, sí o sí, los intereses de la clase trabajadora”, advirtió Mario Micheli.

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