Derechos Humanos

Los estatales llevan a cabo una jornada de lucha con asambleas ante cada dependencia donde la Presidencia Milei acaba de perpetrar miles de despidos. “Debemos hacer frente a la motosierra y la licuadora de este gobierno cruel”, recalcó desde la CoNaT, Fernando Canales, secretario de Prensa de la junta interna de ATE Ministerio de Salud bonaerense.

Al cierre de esta edición y en medio de amenazas por parte del gobierno nacional, los trabajadores nucleados en ATE llevaban a cabo en todo el país una jornada de lucha, para protestar contra los miles de despidos de estatales perpetrados desde que asumió la Presidencia Milei, que consiste en el ingreso simultáneo de trabajadores a los organismos públicos de donde fueron echados.

La cosa es sencilla: los trabajadores están concurriendo a los sitios donde vienen desarrollando sus actividades, porque sus despidos son ilegales. “No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos por las cesantías masivas.

Se están cometiendo delitos penales”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, tras lo que aseveró que Milei “ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular”, ya que “provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.

Ante esto, durante los días previos, desde el Ministerio de Seguridad se intentó amedrentar a delegados y trabajadores en general, con la amenaza de que se va a aplicar el Protocolo Bullrich, pero también desde esa cartera se hizo saber que se va a desplegar un fuerte operativo policial que incluye el vallado de las dependencias oficiales, algo que ya se estaba realizando durante los feriados del lunes y martes.

Así, son muchas las dependencias oficiales que quedaron militarizadas por un desmesurado operativo que incluye agentes de Gendarmería, Infantería, Policía Federal y Policía de la Ciudad, así como personal de agencias de seguridad.

Hasta ahora, de acuerdo al monitoreo de despidos que confecciona ATE, la cifra de trabajadores de diferentes áreas de la administración pública que el gobierno dejó en la calle en esta última oleada, asciende a más de los once mil.

Y, en este marco, se espera que al promediar la tarde de hoy, se lleve adelante un plenario federal al que van a asistir delegados de todo el país para debatir de qué forma se va a profundizar el plan de lucha en curso.

“Ya desde sus inicios, este gobierno trazó la idea de hacer de cada derecho un negocio”, lamentó desde la Corriente Nacional Agustín Tosco, Fernando Canales, quien es secretario de Prensa y Organización de la junta interna de ATE Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Y, al referirse a la ola de despidos que se lleva adelante en estos días en las diferentes áreas del Estado, recalcó que “lo hacen porque los estatales, como garantes de derechos, somos un estorbo y cuanto menos trabajadoras y trabajadores seamos, peor será la calidad del servicio que se va a brindar y por ende la imagen de las funciones protectoras del Estado irá cayendo”.

Por eso es que destacó la pertinencia del plan de lucha que viene encabezando ATE para salir al cruce de estas cesantías.

“Esta es una decisión colectiva de no retirarnos de nuestros lugares de trabajo, aún siendo despedidos”, algo que permite “interpelar a todas las personas que requieren de nuestra asistencia para contarles nuestra situaciones, es decir, interpelarlos y sensibilizarnos” ya que, alertó, “no hay que tomar a la ligera los efectos que causa la propaganda negativa lanzada por el gobierno y sus medios afines contra quienes trabajamos en el Estado”.

Pero para Canales, lo que va a expresar la jornada de hoy miércoles, debe ser sólo el inicio de un camino que necesariamente tiene que sumar a más organizaciones sindicales para enfrentar a las políticas de ajuste, despidos y vaciamiento del Estado que es impulsada desde el gobierno nacional.

“Creo que el camino trazado por ATE debe ser emulado por todos los gremios, es decir, trabajar con delegadas y delegados para construir, desde las bases, la legitimidad de cualquier medida de fuerza a tomarse”, puntualizó.

Tras lo que hizo hincapié en que “en estos tiempos donde la opinión pública está siendo cooptada por medios masivos que responden a intereses corporativos, es correcto construir medidas de fuerza que realcen nuestra labor cotidiana y exponer cuáles son los derechos que corren riesgo de perderse”.

Porque, sostuvo, “por una cuestión de costumbre no solemos darnos cuenta de cosas como, por ejemplo, la importancia que tiene el Plan Nacional de Vacunas que Nación garantiza para cubrir todo el calendario, algo que quedó en evidencia con la pandemia y que ahora se vuelve a poner sobre el tapete cuando el actual gobierno se niega a vacunar y adoptar medidas sanitarias necesarias contra el dengue”.

Y esto, resaltó, “es sólo un ejemplo de todo lo que estamos perdiendo cada día frente a la motosierra y la licuadora de este gobierno cruel”.

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