El Enre dio a conocer que, de cara a la audiencia pública para establecer el nuevo esquema tarifario en la electricidad, las empresas distribuidoras solicitaron aumentos que van desde el 81 al 157 por ciento. ¿Cómo puede impactar el descongelamiento de tarifas en la inflación?
La semana que viene, el martes 30 de marzo, se llevará a cabo la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) en la que se discutirá el nuevo cuadro tarifario de la luz, un esquema de tarifas “de transición”, según los lineamientos impartidos por el gobierno nacional para “descongelar” el precio de los servicios públicos.
En este contexto y tras haber obtenido ganancias sin precedentes durante el período 2015-2019 gracias a lo tarifazos promovidos por el gobierno de Mauricio Macri, a lo que hay que añadir una condonación de deuda dictada por el Estado para las empresas distribuidoras de energía, Edenor y Edesur adelantaron que solicitarán un nuevo cuadro tarifario que contempla incrementos que van desde el 81 hasta el 157 por ciento. Además, las empresas plantearon la posibilidad de una reducción en los indicadores de calidad del servicio.
Según informó el Enre, “de las presentaciones se desprende una propuesta de aumento de los ingresos de las concesionarias y una importante reducción en la inversión, dando como resultado el detrimento en la calidad del servicio”.
En concreto, Edesur “reclamó 22 mil millones de pesos en concepto de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario y presupuesto un aumento del 253 por ciento en el Valor Agregado de Distribución (VAD) (margen de ingresos de la empresa descontando la compra de energía), con respecto a 2020, siendo para 2021 un total de 54 mil millones”.
Por su parte Edenor, reclamó un total de 38 mil millones por ingresos no percibidos. La propuesta de aumento sobre el VAD alcanza el 109 por ciento respecto de 2020, alcanzando un total de 61 mil millones para 2021”.
En el caso de que el Enre diera lugar al pedido de las empresas la política económica del gobierno, que se asienta en una proyección inflacionaria para el 2021 de 29 por ciento aproximadamente, quedaría totalmente desarticulada, mucho más si se tiene en cuenta el contexto de pandemia y la inminente “segunda ola”, aunque en verdad sería tercera.
Es que pese a los controles de precios, el congelamiento de tarifas y la emergencia sanitaria y económica, la inflación de 2020 en Argentina fue del 36,1 por ciento. Y, en lo que va del año, contando enero y febrero, el incremento del IPC ya acumula 7,8 por ciento en lo que va del año.
El ritmo inflacionario de los últimos quince meses en Argentina puede interpretarse desde dos puntos de vista. El primero, que la inflación está relativamente “contenida” ya que uno de los principales precios de la economía, como lo son los servicios públicos, están congelados. El segundo, es que la inflación no afloja a pesar del congelamiento de las tarifas. Más allá de cómo se quiera ver el asunto, lo cierto es que el “esquema tarifario de transición” que impulsa el gobierno para liberar paulatinamente las tarifas impactará negativamente sobre las propias metas establecidas.
Resulta imposible, frente a la tendencia de las grandes empresas por acrecentar sus ganancias en el marco de la pandemia, contener y desacelerar el índice inflacionario, mucho más si no se regula eficazmente el precio de los alimentos y los servicios públicos. Justamente, se trata de los rubros que mayor impacto tienen sobre la economía popular.
El rubro alimentos y bebidas es desde hace más de un año la locomotora que tracciona la subida de precios en el país, tanto a nivel mayorista como minorista.
En “Alimentos, la inflación donde más duele” reconstruimos cómo y por qué se sostiene el aumento en los precios de los alimentos y se hizo hincapié en el rol de las empresas que forman parte de ese grupo que se suele señalar como “formadores de precios”.
Si se extiende el análisis a otros rubros claves de la economía nacional, a Edenor y Edesur le caben las mismas responsabilidades como “formadoras de precios” que a las empresas exportadoras, supermercados y productoras de alimentos.
En ese marco, no caben dudas que los procesos de “transición” tarifaria, tal como los llama el gobierno, en los servicios de gas (Ver Tarifas, una discusión que ya empezó), electricidad y transporte, como así también el ajuste en los precios de los combustibles, se van a hacer sentir en los índices inflacionarios del semestre, en medio de un año electoral y de una puja distributiva creciente, en la que se entremezcla el afán de ganancia de los grandes grupos económicos vinculados a las actividades que definen los precios claves de la economía, como alimentos, vivienda, servicios públicos, transporte, telecomunicaciones, etc., y los vaivenes provocados por la pandemia.
Incumplimientos constantes
Vale recordar, justamente, que la semana pasada la Secretaría de Comercio Interior que dirige Paula Español, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, imputó a Edenor y Edesur por no brindar información adecuada en las facturas.
La imputación resultó de una investigación realizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad junto a la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión de Usuarios Residenciales del Ente. Las multas que pueden enfrentar las prestadoras ascienden hasta los 5 mil millones de pesos.
La imputación por parte de la Secretaría de Comercio Interior se sumó a la sanción, también recientemente dictada, por parte del Enre contra Edenor y Edesur por “aplicación indebida de Consumos No Registrados” y la instrucción para que no suspendan el suministro de energía por deudas generadas durante la pandemia.
