Por decisión del juez federal Luis Armella quedó archivada la investigación que fue abierta por la visita que hace un año diputados de la bancada de La Libertad Avanza hicieron al penal de Ezeiza para entrevistarse con genocidas condenados por haber perpetrado delitos de lesa humanidad.
El juez federal Luis Armella archivó la investigación que oportunamente se inició para determinar el papel que jugó el Servicio Penitenciario Federal dependiente de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en la visita que un grupo de diputados oficialistas llevó a cabo a Alfredo Astiz y otros represores que se encuentran cumpliendo condenas en el penal de Ezeiza, porque el Poder Judicial los encontró penalmente responsables de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
El magistrado adoptó tal determinación respondiendo a un pedido del fiscal Sergio Mola, quien sostiene que no existió ningún ilícito, cuando hace hoy un año, los diputados por La Libertad Avanza (LLA) Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci visitaron el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza donde en ese momento, entre otros, estaban alojados Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González.
Cuando el hecho tomó estado público, el abogado
Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous hicieron presentaciones al respecto. Ante esto, el integrante del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, que además es juez responsable de la ejecución de la pena de los represores, denunció la visita en la sede judicial federal de Lomas de Zamora que es la que tiene competencia sobre la cárcel de Ezeiza.
Poco después una de las visitantes, Lourdes Arrieta, denunció que fue manipulada para participar de esa incursión, algo que aportó a que fuera separada de la bancada de LLA, pero antes denunció que había recibido aprietes por parte de Benedit y de personal de Diputados que forman parte del entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem. En ese contexto, dió detalles de la trama que rodeó a la visita que involucra, entre otros, al sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien es hijo del represor condenado Jorge Olivera, así como a abogados defensores de represores y al ex juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi.
Todo esto no paso inadvertido para los organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que en septiembre de 2024 exigieron que el hecho fuera investigado y que se sancionase a todos los diputados que visitaron y confraternizaron con genocidas condenados y detenidos. “Es fundamental que los tres poderes del Estado sostengan su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”, advirtieron entonces los organismos y demandaron que es preciso “que lo hagan de cara a la sociedad que las y los votó”.
También por esos días, mientras se desinflaban los pedidos de sanciones para los diputados que visitaron a genocidas convictos, el Consejo de la Magistratura blindaba a la jueza Agustina Díaz Cordero que tal como lo había revelado el cura Olivera Ravasi, habría participado en una reunión en la que se discutió cómo favorecer a los represores presos.
Todo esto fue irregular, tal como oportunamente lo aseveró el abogado Duilio Ramírez, querellante en causas de lesa humanidad y miembro de la LADH: “una visita a un condenado conlleva una serie de requisitos para ser realizada, generalmente son visitas familiares de una o dos personas que requieren de una autorización determinada en la que hay que acreditar el vínculo y tienen una duración determinada”.
Pero, aclaró, que “lo que han hecho esos diputados no ha sido una visita, sino que fue un claro acto político que importa una reivindicación de los crímenes por los cuales están pagando los genocidas” y añadió que la foto que se difundió en la que se ve a los legisladores junto a los condenados, así como “las reuniones preparatorias que hubo para arribar a esa reunión que fue un acto político, implican claramente un objetivo que es darle trascendencia al reclamo de libertad de los genocidas y eso tiene que ser repudiado por nosotros” ya que, recordó, “estas personas están cumpliendo penas a raíz de que se acreditó que perpetraron delitos horrorosos contra la humanidad”. Y, sin dudarlo, alertó que no fue cualquier acto político, “porque se trató de un acto negacionista, de reivindicación de los crímenes que cometieron”.