Por una disposición de Patricia Bullrich, Alfredo Astiz y otros represores podrían mudarse de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo. La Mesa de Derechos Humanos repudió la medida y advirtió sobre la peligrosidad que trae aparejada.
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos hizo público su repudio a la decisión de Patricia Bullrich de trasladar a Alfredo Astiz y otros represores a la Unidad 34 de Campo de Mayo, desde el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde hasta ahora cumplen con las condenas que recibieron por haber sido encontrados penalmente responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.
El sitio de alojamiento elegido por Bullrich, quien a poco de asumir como ministra de Seguridad también se hizo cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), es considerada como una “cárcel VIP” por las comodidades que posee. Cabe recordar que se trata del grupo de represores que durante 2025 fueron visitados en más de una ocasión por diputados de la bancada oficialista.
Ante esta situación, las organizaciones integrantes de la Mesa, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), hicieron hincapié en volver a demandar “juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas”, en tanto que recordaron que “las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino como privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros, deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”.
Por lo que reclamaron que los jueces que tienen a su cargo estas causas, no toleren este tipo de maniobras con las que la Presidencia Milei favorecer a los represores. “Hacemos un llamado a las autoridades judiciales que deben hacer cumplir los fallos que tomen los recaudos necesarios para que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido, sus penas”, sostuvieron.
Hay que puntualizar que la lista de quienes se aprestan a disfrutar del régimen VIP con que quiere favorecerlos Bullrich, está conformada entre otros, por genocidas que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada junto a Astiz, como Ricardo Cavallo y Antonio Pernías. Todos ellos ya gozaban de privilegios en el penal de Ezeiza, tal como consta en un informe hecho durante 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entre otras cosas tenían acceso libre a la plataforma Skype, pero al ser trasladados a la Unidad 34 de Campo de Mayo, van a poder utilizar canchas de tenis, pistas de caminata, gimnasios y una heladera cada dos detenidos, al tiempo que habitarán celdas individuales con televisor.
Con este telón de fondo, la Mesa advirtió que por medio de esta iniciativa, “nuevamente el gobierno de Milei, Bullrich, Petri y compañía buscan congraciarse con aquellos sectores que fueron el brazo ejecutor de los poderes concentrados en la ultima dictadura cívico-militar y que siguen siendo repudiados por la mayoría de la sociedad argentina”.
Junto a la Ladh, fijaron postura por medio de la declaración de la Mesa, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Historia y Social Argentina y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
