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Jue, Sep

Política

Pese a la pandemia, los ricos de Argentina y la región, son más ricos ahora que hace un año. Creció la pobreza, pero también la desigualdad.

El ejecutivo promulgó la Ley 27.605 que establece el Aporte Solidario y Extraordinario cuyo producto debe destinarse a morigerar el impacto de la pandemia, que crea por única vez un aporte extraordinario obligatorio, que recae sobre alrededor de 11.800 personas físicas que califican a partir de su patrimonio personal y declarado.
Vale recordar que lo recaudado por este mecanismo no va a ir directamente al Tesoro, ya que la propia Ley prevé que tenga cinco fines específicos. El sesenta por ciento -en partes iguales- debe utilizarse para la adquisición y elaboración de equipamiento e insumos para prevención y asistencia sanitaria, subsidios para el sector pyme y el programa integral de becas Progresar.
Un 25 por ciento se debe destinar a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, mientras que el quince por ciento que resta, tiene que ir al Fondo de Integración Socio Urbana que apunta a mejorar condiciones sanitarias y habitacionales en barrios pobres.
Así las cosas, el universo del capital que resiste la Ley y amenaza con judicializarla, fue el gran ganador de un año en el que a la mayoría de los argentinos le fueron mal las cosas.
De acuerdo al informe que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicaron recientemente, en la región y en promedio, el Indice de Gini va a crecer este año 4,9 puntos. Ahí se recalca que los países donde más creció la desigualdad son Argentina, Ecuador y Perú, donde las variaciones se van a colocar en el rango de seis por ciento o más.
Cabe recordar que mientras que el Coeficiente de Gini expresa la desigualdad de ingresos a partir de variaciones que van de 0 a 1, el Indice de Gini es ese coeficiente multiplicado por cien.
Así, la variación de dos unidades, se corresponde con la transferencia de algo así como el siete por ciento de riqueza, desde el sector más pobre hacia el más rico de la sociedad.
Pero nada de esto resulta extraño en un año en el que, pandemia de por medio, los más ricos se volvieron más ricos y los más pobres acabaron peor.
De acuerdo a datos suministrados por la revista Forves, la riqueza conjunta, personal y declarada de los diez empresarios más ricos del mundo, creció en 398 mil millones de dólares desde marzo.
En este contexto, la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam, señala que en América Latina y el Caribe el patrimonio personal de los súper ricos aumentó casi cincuenta mil millones de dólares durante ese período.
Al respecto, la jefa de la campaña sobre la desigualdad de Oxfam, Ana Arendar, recalcó que “permitir que la riqueza de unos pocos se expanda mientras cientos de millones sufren, es nada menos que un abandono del deber”, por lo que instó a que los gobiernos dejen de “complacer a los más ricos”.
Y después de postular que es preciso que los estados avancen en el diseño de impuestos que graven los grandes patrimonios, aclaró que esto “apenas marcaría la diferencia en la suerte de los más ricos, pero podría proporcionar un salvavidas para los más afectados por la pandemia”.

Desigualdad

Así las cosas, mientras los ricos se vuelven más ricos, en Argentina y durante el tercer trimestre de 2020, la pobreza medida por ingresos, alcanza al 44,2 por ciento de la población y la indigencia el 10,1, según el relevamiento del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Esto es, que algo así como 18 millones de personas son pobres. Por eso, aunque patalee quien patalee, la Ley 27.605 aparece como una medida justa, pero al menos algo escasa.
Pero esta situación no es exclusiva en una región que, hace rato, se consolidó como la más desigual del planeta. Según el reciente informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), titulado “Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe. Ahora o Nunca”, 2020 va a terminar con casi cien millones de personas viviendo en la pobreza en América Latina.
Para tomar dimensión de que va la cosa: esto significa como si dos poblaciones argentinas vivieran en esa condición, y todo en una zona donde hay quince millones de contagiados de Covid-19, lo que impacta negativamente en la posibilidad que muchos tienen de ganarse la vida, al tiempo que impone a los estados la necesidad de disponer de fondos extraordinarios para apuntalar sistemas sanitarios de gestión pública y privada, que en muchos casos vienen de años de desinversión.
En este contexto, Latindadd hace hincapié en la pertinencia que tiene establecer impuestos a las súper fortunas personales. El trabajo de esta organización habla sobre la necesidad de incrementar la imposición sobre la renta y las ganancias de capital en 94 veces más de la recaudación actual.
Por otra parte, el informe de Latindadd alerta que “la desigualdad extrema se agudizará” y destaca que con este telón de fondo “hay personas y empresas que han aumentado sus ganancias durante la pandemia”.
Y recuerda que América Latina sigue siendo la región del mundo más inequitativa en lo que hace a la distribución del ingreso. “El diez por ciento más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el diez por ciento más pobre”, advierte y añade que el uno por ciento de los más ricos se queda con el 21 por ciento de los ingresos de toda la economía regional.
Pero esto no es todo. A la hora de encontrar explicaciones, Latindadd destaca que la riqueza en la región está híper concentrada en muy pocas manos, al tiempo que tributa muy por debajo de lo que lo hacen el capital productivo y el trabajo.
“El 41 por ciento de la riqueza latinoamericana está en manos del uno más rico de la población y solo aporta el 3,8 por ciento de la recaudación total”, sostiene el documento que aporta datos clave para comprender por qué los ricos no quieren pagar el Aporte Solidario y Extraordinario, pero tampoco cualquier otro impuesto.
Y también para entender que, aunque suenen cantos de sirena, la contradicción fundamental sigue siendo –aquí y ahora- la que existe entre los universos del trabajo y el capital.

 

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Diputados dio un paso adelante y la semana que viene el proyecto se va a considerar en comisiones. “La problemática es muy delicada y preocupa la posición que tiene al respecto el gobierno de Javier Milei”, advirtió Pedro Waldo, Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de Catamarca.

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En ese camino, y tras el paro de docentes universitarios realizado ayer, se prevé la realización de clases públicas en las distintas casas de estudio de todo el país y un acto central ante el Palacio Pizzurno. “Continuamos pensando y proyectando un horizonte de construcción de una universidad para todos y todas, para el acceso de los y las obreras y de sus hijos: este debe seguir siendo nuestro objetivo”, subrayó desde el MUI de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Sol Guirin Chapitel.

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En el marco del Día de la Industria, Apyme advirtió sobre el escenario catastrófico al que las políticas del gobierno de Javier Milei están arrastrando al país y demandó medidas de emergencia tendientes a frenar la ola de cierres de fábricas y comercios. También planteó que hay que reconstruir un modelo basado en la industria, el empleo, salarios, crédito productivo, ciencia y tecnología.

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El presidente fue a un encuentro empresarial el último viernes y los productores yerbateros lo esperaban en las calles para protestar contra la desregulación que provoca la destrucción del Instituto Nacional de Yerba Mate. “Hay que seguir presionando en las calles”, dijo desde el Movimiento Campesino de Liberación Rodolfo Almeida y reclamó que la Legislatura apruebe el Proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera.

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La Cámara de Diputados buscará este miércoles abrir paso al tratamiento de la emergencia crediticia de las familias, mientras el oficialismo maniobra para impedirlo. Más de veinte millones de personas están endeudadas y millones acumulan atrasos en un escenario marcado por la caída de los ingresos, la desregulación financiera y el encarecimiento del crédito. Jóvenes y jubilados aparecen entre los más golpeados por una coyuntura que obliga a tomar crédito a tasas leoninas para sostener los gastos cotidianos. Frente a semejante cuadro, el gobierno de Javier Milei pretende reducir el problema a una relación entre particulares y rechaza cualquier intervención pública. El endeudamiento doméstico para subsistir se ha convertido así en una de las expresiones más crudas del ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

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Este sábado en Avellaneda se realizó un mural colectivo en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro. De la actividad participaron varias organizaciones, entre ellas el Partido Comunista, quienes reafirmaron su solidaridad con Cuba. En relación al bloqueo recrudecido contra la Isla mediante el cerco energético de Trump y a las amenazas imperialistas de una agresión militar, Leonardo Baster, responsable de la delegación diplomática cubana en nuestro país, reafirmó que su pueblo está dispuesto a resistir “hasta la victoria”.

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En una cadena nacional que buscó apropiarse de la causa Malvinas, Javier Milei se presentó como defensor de una soberanía que en los hechos su gobierno vulnera sistemáticamente. El discurso presidencial quedó desmentido por su propia política exterior, por la subordinación a Washington y por la creciente presencia militar estadounidense en el Atlántico Sur. El Partido Comunista y su Secretario General, Jorge Kreyness, salieron al cruce de una puesta en escena que, detrás de una repentina retórica nacionalista, pretende ocultar la entrega del país.

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La CTA de los Trabajadores Regional Ribera del Paraná exigió ayer que el Legislativo zarateño investigue “las responsabilidades políticas y administrativas de la fuga de datos” que permitió la operación de prensa  montada por el medio Enlace Crítico contra el Secretario Político del PC de la Provincia de Buenos Aires, Christian Poli.

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Esta es la pregunta que hacen los trabajadores de Luz y Fuerza que demandan que el gobernador, Martín Llaryora, diga por qué busca que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba emita obligaciones negociables por cincuenta millones de dólares. “Epec no debe convertirse en una caja negra para el gobierno o los empresarios amigos del poder”, advirtió desde la CoNAT Rodolfo Leyría.

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