La ministra de Seguridad fue citada para declara el próximo miércoles por el juez Sebastián Casanello.
Durante una audiencia fijada para el miércoles que viene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá presentarse ante el juez Sebastián Casanello, para brindar sus argumentos en defensa del protocolo represivo que intenta imponer, sobre el que pesa un pedido de que se declare inconstitucional que oportunamente fue presentado por la legisladora de Ciudad de Buenos Aires, María Celeste Fierro.
Esto es así porque Casanello rechazó deshacerse de la causa, después de que con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara Federal dejara sin efecto una cautelar que había dictado el titular del Juzgado Federal 7 de Comodoro Py para que las fuerzas policiales comandadas por Bullrich, adecuaran su accionar a la Constitución Nacional y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
El juez Casanello no hizo lugar al pedido de que se aparte del expediente, después de que la fiscal Paloma Ochoa se pronunciara a favor de que rechace el planteo. Así se frustró el intento de la cartera de Seguridad de invalidar lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo que dispuso la intervención del fuero penal y que lo haga como un hábeas corpus, ya que es el procedimiento correspondiente cuando lo que se denuncia es un acto u omisión de autoridad pública, lo que implica que se limita la libertad ambulatoria.
En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó tratar una denuncia que llevó a cabo la Asociación de Reporteros Gráficos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, en la que se pide que ese organismo proteja a los que se manifiestan y a los trabajadores de prensa que ejercen su actividad profesional realizando las coberturas periodísticas de las movilizaciones.
Así las cosas, mientras la ministra Bullrich utiliza para la represión de manifestantes a un inusual número de fuerzas federales, las distrae de los focos más calientes de inseguridad como la ciudad de Rosario, donde la propia gestión municipal acaba de reclamar porque a dos meses del rimbombante anuncio del Plan Bandera, el despliegue de personal federal en las calles continúa mermando.
Pero de lo que no se priva Bullrich es de profundizar con algunos argumentos que, a fin de cuentas, son los que la llevaron a convertirse en una especie de ícono de la ultraderecha. Después de fotografiarse con Luis Chocobar, volvió con su retórica contra el pueblo mapuche, tras la detención de Matías Santana en Baricloche, sobre quien pesaba una orden de captura que fue librada por el Juzgado Federal de esa ciudad, porque se lo imputa de ser responsable de “incendio, atentado a la autoridad y usurpación”, en un hecho que tuvo lugar durante octubre de 2022.
Todas estas acciones y gestualidad son convergentes con la búsqueda de empoderar a fuerzas policiales que, por formación y convicción, presentan mayoritariamente una clara vocación represiva que se pone al servicio de la clase capitalista que actúa en el país.
