Así lo asevera el abogado comunista, Carlos Zamorano, al reflexionar sobre los riesgos concretos que implica el gobierno de Milei-Villarruel para las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Además, el referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, caracterizó la relación del actual gobierno con la dictadura genocida.
A 48 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 el abogado comunista Carlos Zamorano, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, histórico defensor de presos políticos en Argentina y uno de los responsables de las derogaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dialogó con Nuestra Propuesta y analizó las fortalezas y debilidades de las luchas por memoria, verdad y justicia en el contexto de la actual coyuntura política.
En la entrevista, Zamorano enfatizó que la Junta Militar comandada por Videla masificó los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado que ya había comenzado durante el gobierno de Isabel Perón y el accionar de la Triple A. También sostuvo que es lógico que el actual gobierno se proponga desarticular las políticas de memoria, verdad y justicia dado que existe “un hilo conductor” entre el programa económico de Martínez de Hoz y los objetivos políticos y sociales del tándem Milei-Villarruel, fuertemente apoyado por un sector del poder económico y por el armado político de Mauricio Macri.
Asimismo, Zamorano rechazó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos de seguridad interna aunque señaló que la Ley de Seguridad Interior lo contempla. Al respecto, enfatizó en los alcances del marco normativo vigente y explicó la razón del contrapunto entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidente de la Nación, y vocera de las Fuerzas Armadas, Victoria Villarruel respecto a la propuesta del ministro de Defensa, Luis Petri, de sacar a los militares a la calle para “enfrentar” al narcotráfico en la ciudad de Rosario.
Por último, analizó la situación de la actual Corte Suprema, la propuesta realizada por el ejecutivo de incorporar al juez Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla y explicó porqué es necesaria una reforma del máximo tribunal.
— Ayer se cumplieron 48 años del golpe de Estado de 1976, casi medio siglo. Se trata de una fecha que no deja de suscitar por parte de la derecha renovados intentos por negar los crímenes del terrorismo de Estado, a la vez que crecen los discursos que tienden a justificar la participación de militares y civiles en delitos de lesa humanidad. Nuevamente la memoria se sitúa en el centro del campo de la batalla política y simbólica, esta vez impulsada por el propio Estado con discursos y políticas no solo negacionistas sino también justificadoras del terrorismo de Estado ¿Qué piensa sobre esta particular coyuntura argentina?
— Sin dudas estamos frente a un gobierno que elige poner en el centro de la agenda política una versión de la historia que justifica el accionar de los grupos de tarea y de las fuerzas armadas durante la última dictadura militar porque es una forma de legitimar los métodos a los que lleva el proyecto político que impulsa. Recuerdo que el 24 de marzo de 1976 me enteré del golpe de Estado en una cárcel de Resistencia.
Hacía más de un año que estaba preso y lo seguiría estando unos cuantos más. Con esto quiero señalar que el terrorismo de Estado no comenzó ese 24 de marzo, sino durante el gobierno de Isabel Perón, es decir, promovido por un gobierno constitucional.
El corto gobierno de Isabel contó con 900 desaparecidos irreversibles. La causa Triple A engloba más de dos mil homicidios, sumado a los casos de dos mil personas que fueron encarceladas de modo permanente por aquel gobierno.
La anécdota personal sirve para ilustrar una situación peculiar: que las Fuerzas Armadas vinieron a profundizar y a masificar una política que había comenzado antes. Por eso es muy importante que observemos con extrema atención las conexiones entre el actual gobierno y esa parte de la historia argentina.
— El actual gobierno se identifica fuertemente con la dictadura militar ¿Se debe sólo a factores ideológicos o hay una intención política que remite al propósito de implementar un plan de gobierno en continuidad con aquella experiencia?
— El programa de gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel es análogo al de la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976, esto es indiscutible.
Concretamente: los sectores económicos que, con Martínez de Hoz a la cabeza llevaron a los militares al poder son los mismos que hoy depositan sus mayores intereses en el éxito del actual gobierno, tal como quedó muy en claro con los artículos que componen el DNU 70/2023, todavía vigente. Entonces no es exagerado decir, todo lo contrario, que existe un hilo conductor entre aquella dictadura y el gobierno. Por añadidura no es casualidad que todos estos personajes que ahora están en el poder rechacen el calificativo, muy justo por cierto, de “represores” y “genocidas” para los militares responsables del terrorismo de Estado.
— ¿Entonces el gobierno representa una suerte de alianza entre grupos económicos y sectores civiles y exmilitares que reivindican el terrorismo de Estado?
— Soy de la opinión de que este gobierno representa una experiencia muy singular, diría única en la historia argentina.
Una singularidad de este gobierno es que no representa los intereses de un partido político en términos orgánicos, articulado en torno a una plataforma política plasmada en un programa de acción colectiva, sino que asume directamente los intereses de un sector del poder económico como así también de civiles y exmilitares que reivindican el terrorismo de Estado.
El pilar de su programa de gobierno es la extensión de una serie de reformas radicales, de carácter neoliberal, similares a las implementadas por la dictadura militar, en un contexto histórico sumamente diferente. A su vez, de modo explícito despliega discursos y políticas negacionistas y de reivindicación del terrorismo de Estado, porque en lo fundamental analizan que se trata de una metodología necesaria para enfrentar las resistencias que pueden presentarse, con el propósito de que las reformas se sostengan en el largo plazo.
Por todo ello es sumamente consecuente que tanto Villarruel como Milei quieran echar atrás todo lo conseguido en materia de memoria, verdad y justicia.
Hay que decirlo bien claro: esta es la vocación política del gobierno, que se deja entrever por ejemplo con la intención de modificar la legislación para evitar nuevos enjuiciamientos contra genocidas y beneficiar a los ya juzgados y condenados.
— De acuerdo al análisis que propone y a su experiencia como abogado y militante: ¿cuáles son entonces los riesgos concretos que enfrenta la sociedad argentina dadas las características de este gobierno recién señaladas?
— Altísimos y nada novedosos por cierto. Es un gobierno que se sitúa en la tradición histórica de la derecha argentina, más allá de las particularidades de algunos de sus personajes. Un riesgo muy concreto, que dada la historia de nuestro país no se puede subestimar, es que el presidente de la Nación puede decretar el Estado de Sitio, tal como la Constitución lo permite en su artículo 23.
El Estado de Sitio implica la suspensión de las garantías constitucionales. Mi paisano Alberdi, en las Bases, compara la suspensión de las garantías constitucionales con la concentración del poder propio de la monarquía.
La historia argentina es ilustre al respecto: entre 1930 y 1983 los argentinos vivimos el cincuenta por ciento de nuestra vida con Estado de Sitio declarado y con proscripciones a sus partidos políticos.
Por eso no es exagerado advertir que uno de los riesgos que corre la sociedad argentina es la de retroceder a un orden político-social previo al inaugurado en el año ochenta y tres. En Argentina antes de 1983 el Estado de Sitio era un deporte nacional, ejercido por motivos muy diferentes a los contemplados por la Constitución, como la conmoción interna del Estado o un ataque exterior.
— Quiere decir, como la historia lo demuestra, que el Poder Ejecutivo cuenta con herramientas constitucionales para una salida autoritaria en un contexto de crisis. También cuenta con alternativas constitucionales para favorecer a los genocidas encarcelados, pero también limita las posibilidades. En las últimas horas se insistió en la posibilidad de un decreto o resolución ministerial a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad: ¿qué puede hacer realmente el gobierno al respecto?
— Bueno, lo que puede hacer es mucho y no tanto. Es decir, sus capacidades están sujetas a lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales, pero también a
la correlación de fuerzas internas. Recordemos que Menem con una seguidilla de seis decretos indultó en masa a cientos de personas.
En primer lugar, el gobierno nacional puede favorecer con un indulto a los genocidas, dado que se trata de personas condenas por un delito federal. Ahora bien, la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo la posibilidad de una amnistía; la amnistía es una ley dictada por el Congreso de la Nación, que perdona el delito, es un olvido de la causa.
El indulto, por el contrario, si puede ser decretado por el Poder Ejecutivo e implica un perdón de la pena, no del delito.
Pero se trata de una potestad del Presidente, que puede emitir un decreto y mandar a los genocidas en masa a sus casas con la condena perdonada. En el medio, puede ocurrir como ya ocurre que por distintos motivos en causas particulares los tribunales establezcan prisiones domiciliarias por ejemplo. La coyuntura política puede hacer que los jueves sean más proclives o reacios a dictaminar en uno u otro sentido. Hay que estar atentos.
— Justo la semana previa al aniversario del golpe de Estado y con motivo de la muy difícil situación que se vive en Rosario, una ciudad ganada por el narcotráfico y la colaboración policial, el gobierno anunció que en el marco de la Ley de Seguridad Interior las Fuerzas Armadas iban a intervenir en la ciudad santafesina. Esto generó incluso un contrapunto entre Bullrich y Villarruel: ¿cómo se explica?
— Se explica porque en parte está en juego el prestigio de las Fuerzas Armadas y una concepción de sus funciones.
Bullrich, en el marco de su discurso de mano dura, quiere sacar a los militares a la calle. Villarruel, que habla como representante de genocidas, no está en contra de que los militares intervengan pero sabe que bajo este marco jurídico es imposible que dicha intervención no tenga consecuencias judiciales para los miembros de la fuerza.
Entonces exige una adecuación para que la violencia represiva de las Fuerzas Armadas no tenga consecuencias judiciales.
La Ley de Seguridad Interior tiene sus debilidades, es una ley perfectible, pero también es muy clara y precisa en su habilidad para restringir la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones de seguridad interna.
Las Fuerzas Armadas sólo pueden ser convocadas por un Comité de Crisis conformado especialmente para afrontar un escenario de extrema complejidad.
Sin dudas el problema de Rosario reúne todos los requisitos para la conformación de un Comité de Crisis, pero lo que hay que plantear muy claramente es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para intervenir en estos asuntos. La Fuerza está educada, disciplinada y entrenada sobre principios muy diferentes al de una fuerza de seguridad interior.
Básicamente lo único que sabe hacer al poner en ejercicio su fuerza es matar, porque es la función que le da el Estado, por eso la fuerza de su armamento es letal. Cierto es que la Ley de Seguridad Interior establece que las Fuerzas Armadas pueden proveer apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Pero ¿qué van a hacer? ¿le van a acercar cañones para que los operen policías que sólo saben manejar el arma reglamentaria de su fuerza?
Ahora bien, otra cosa es si se declara un Estado de Sitio. Ahí sí las Fuerzas Armadas tienen mucha más posibilidades de intervenir en tareas de seguridad interior.
Pero igualmente la pregunta es: ¿el Estado nacional va a enviar combatientes, educados en la profesión militar, a pedir documentos? La naturaleza del Ejército es la intervención letal, porque para ello está diseñado, su potencia es destructiva.
Se entiende entonces porqué mientras se mantenga el actual marco jurídico sea la propia fuerza la que se resista a intervenir. Por eso son lógicos los dichos recientes de Villarruel.
Se pueden leer con claridad en sus declaraciones no una negativa de las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior sino una exigencia para modificar el marco legal, con el propósito de evitar que los militares terminen presos por hacer lo que saben hacer.
— ¿Se trata entonces de una diferencia de criterio?
— Podría decirse que sí, que Villarruel expresa una diferencia de criterio con Bullrich porque no quiere que se le cause más daño a las Fuerzas Armadas, dado el desprestigio social con el que aún cuentan por la ejecución del terrorismo de Estado durante la última dictadura, gracias a las políticas de memoria, verdad y justicia.
Recordemos que más que las Fuerzas Armadas y las policías cuentan con más de mil doscientos afectados en procesos judiciales, muchos de ellos con hasta quince prisiones preventivas.
— Por último, como quien pisa el acelerador antes de que se desate la crisis que sabe que va a provocar, el Poder Ejecutivo nacional también anunció que propondrá a dos nuevos integrantes varones para que se incorporen a la Corte Suprema de Justicia. Con la supuesta salida de Juan Carlos Maqueda ingresarían, según los deseos del gobierno, el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?
— Que la Corte Suprema de Justicia debe ser reformada radicalmente. La composición de la Corte es un problema a resolver que, más allá de los nombres, solo comenzará a ordenarse cuando se produzca una reestructuración del máximo órgano de justicia. No es posible ya que tres o cinco personas decidan sobre las causas más importantes del país, no solo por una cuestión de principio democrático, sino también de conocimiento y especialización en materia del derecho.
La Corte está integrada por sus miembros y aproximadamente dos mil quinientos empleados, muchos de ellos especialistas de altísimo nivel, que asesoran y asisten a los magistrados.
Existe una cantidad considerable de materias del derecho y en cada una de ellas está en juego la libertad, el patrimonio y la seguridad de millones de personas.
Es uno de los tres poderes del Estado -junto con el Ejecutivo y el Legislativo- pero es el único que concentra en tan pocas personas el poder y la capacidad de decisión: ¿tres, cuatro, cinco jueces nada más?
Hasta el Poder Ejecutivo, más allá de la figura del Presidente que es quien decide en última instancia sobre toda la estructura, se encuentra organizada en ministerios, secretarías, direcciones. Lo ideal sería una reestructuración de la Corte con veinticinco miembros, cada uno a cargo de una especialidad del derecho: derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho penal, etc.