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El gobierno de Polonia redobla su cruzada anticomunista y desde el 14 de marzo va a meter presos a quienes difundan, vendan o posean textos u otros materiales identificados con el comunismo, así como quienes porten sus símbolos comunistas.

El gobierno que preside Andrzej Duda, dio otro paso más en su cruzada anticomunista que se extiende sobre Polonia y buena parte de Europa, cuando la semana pasada sancionó una norma que va a entrar en vigencia el 14 de marzo que equipara al comunismo con el nazismo y el fascismo, por la que establece cambios en el Código Penal por los que la promoción de un “sistema estatal totalitario” comunista, va a ser castigado con hasta tres años de prisión.

Pero esto no es todo, ya que la ley prevé la aplicación de una pena similar para quienes difundan, vendan o posean textos u otros materiales identificados con el comunismo, así como quienes porten sus símbolos comunistas. Así, quien tenga un libro de Lenin o utilice una remera con un dibujo de la hoz y el martillo, puede acabar tres años presos en una cárcel polaca.

La escalada del anticomunista no es nueva. En diciembre de 2020, la Fiscalía General y el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, solicitaban al Tribunal Constitucional que ilegalice las actividades del Partido Comunista Polaco (PCP), en una medida que se sumaba a otras adoptadas por el gobierno de Duda, tendientes a cercenar derechos sociales, políticos, humanos y ciudadanos.

El argumento que se utilizó entonces fue que el PCP insta “abiertamente a una revolución, inspirada en la Revolución de Octubre en Rusia, tras la cual los bolcheviques tomaron el poder” y que “tiene la intención de tomar el poder y también realizar la nacionalización y la colectivización”.

Lo de Polonia no es nuevo ni original, pero sí bastante peligroso y extendido por casi todo el territorio europeo. Durante 2015, a poco de que fuera perpetrado el golpe de Estado que se cargó al gobierno de Víktor Yanukóvich, el ejecutivo encabezado por Oleksandr Turchínov y de la mano de las bandas del Maidan, prohibió toda actividad a los tres partidos comunistas que entonces existían en Ucrania. Y todo esto acompañado por una sistemática tarea represiva que persigue la intención de borrar de la memoria histórica a la Unión Soviética y, sobre todo, su lucha para derrotar al nazi-fascismo.