El presidente Boric firmó un decreto que establece la creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, en el marco del cincuenta aniversario del golpe contra Allende. La iniciativa busca contrarrestar el negacionismo y dar inicio a un proceso de memoria y verdad, en el marco de las tensiones políticas internas.
Cerca de cumplirse cincuenta años del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, el presidente trasandino, Gabriel Boric, firmó un decretó para la creación de un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia que tiene como propósito dar inicio a una política nacional permanente y sistemática para esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las que solo se han encontrado 307. “Se trata de una política inédita, impulsada en un contexto en el que el gobierno nacional busca recuperar la iniciativa política y avanzar contra la derecha”, dijo Francisco Solari, periodista chileno radicado en Argentina y militante del PCCh.
A diferencia de Argentina, en Chile no se pudo implementar una política sólida de memoria, verdad y justicia, con juicios a los implicados, civiles y militares, en el terrorismo de Estado. Los juicios han sido pocos y dificultosos. En la última semana el déficit en cuestiones de memoria y justicia volvió a estar sobre la mesa, tras conocerse la sentencia a 25 años de prisión de la Corte Suprema contra los torturadores y asesinos de Víctor Jara. En ocasión de su detención, el militar retirado Hernán Carlos Chacón Soto, asesino y torturador del cantautor chileno, se suicidó antes de ser capturado por la policía, evitando de este modo cumplir la condena, en un claro ejemplo de la actitud que adoptaron las fuerzas armadas en el país frente a los tribunales civiles.
En Chile más de cuatrocientas mil personas fueron víctimas de secuestro, tortura, asesinato y/o desaparición forzada. “En un país con casi un tercio de la población argentina, es fácil dimensionar el alcance de la represión” dijo el periodista y aseveró que “en Chile todas las familias tienen una víctima directa del terrorismo de Estado”.
En efecto, “el golpe de Estado de 1973 contra Allende transformó a Chile para siempre”, enfatizó Solari, dado que “se trató de un ataque directo contra un ciclo de luchas populares que se remontaban hasta la presidencia de Eduardo Frei Montalva, y que con la Unidad Popular habían logrado una vía de radicalización y profundización desconocida hasta el momento”. En suma, “la participación popular en el gobierno de Allende marcó al país y constituye un hito de la historia nacional”.
Por ello, “el golpe de Pinochet inició un proceso de restauración conservadora, que devolvió el poder a la élite económica del país” recordó y agregó que “inició un proceso de transformación profunda, radical, cuyas consecuencias todavía están muy presentes en el día a día de los chilenos”. En efecto, “todavía la sociedad chilena no ha podido dimensionar el alcance de las consecuencias del golpe, tampoco el valor de lo que nos han quitado ese 11 de septiembre de 1973”.
Frente a ello, pese a la dificultades, “la chilenización del cobre, las reivindicaciones sociales, el medio litro de leche para cada niño y niña son conquistas que la derecha fascista no ha podido arrebatarle al gobierno de Allende tras cincuenta años del bombardeo al Palacio de la Moneda”.
Un capítulo siempre presente de esta historia es la participación de EE.UU. en el golpe. Una nueva tanda de documentos recientemente desclasificados por el país del norte suma pruebas que permiten reconstruir el rol de la diplomacia yanqui en el proceso desestabilización interna y, finalmente, en el bombardeo a la Moneda. Al respecto, Solari remarcó que “la participación de Estados Unidos no es ninguna novedad para los chilenos ni para los latinoamericanos”, dado que “siempre hubo una clara conciencia acerca del rol de los Estados Unidos en la oposición, por lo que los nuevos documentos desclasificados solamente se suman a las pruebas que ya tenemos y confirman los hechos que ya conocemos”. Conocidos estos hechos, “lo que nunca hizo Estados Unidos es asumir su responsabilidad por las muertes y por las torturas, por la interrupción de la democracia en una sociedad que había sabido cultivar una importante tradición democrática a lo largo del siglo 20”. Incluso, recordó Solari, “nuestra secretaria general, Gladys Marin, viajó en su momento a Estados Unidos y presentó una denuncia por las muertes y desapariciones en Chile, pero nunca obtuvimos respuesta”.