Diputados chilenos piden que los militares y ex agentes condenados por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad, sean alojados en cárceles comunes.
“Llegamos hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para entregarle una carta al ministro Luis Cordero pidiendo su apoyo a la solicitud de adaptar el penal de Punta Peuco para mujeres embarazadas o con hijas e hijos pequeños”, Daniela Serrano, quien es integrante de la bancada de diputados del Partido Comunista de Chile (PCCh), tras formar parte de la delegación de legisladores que pidió que los detenidos por violar Derechos Humanos sean alojados en una cárcel común.
Se trata de militares y ex agentes que formaron parte del aparato de terrorismo de Estado que dispuso la dictadura instalada en septiembre de 1973 que, mayoritariamente, se encuentran en el penal Punta Peuco donde disfrutan de privilegios especiales. Y piden que esa unidad penal, sea convertida en un centro de reclusión para presas embarazadas o con hijos pequeños.
El penal Punta Peuco abrió en 1995 para recibir exclusivamente militares en retiro y ex agentes de Pinochet, sus características son blanco de críticas, ya que posee varias comodidades con las que no cuentan los penales comunes como cuartos individuales, bibliotecas, cancha de tenis, sala de kinesiología, computadores, televisión satelital, entre otras.
Al respecto, la vocera presidencial Camila Vallejos, fue clara cuando hizo hincapié en que es preciso acabar con los privilegios que tienen estos militares y agentes detenidos porque perpetraron violaciones a los Derechos Humanos.
El pedido que hacen los legisladores, consiste en que los 129 condenados por delitos de lesa humanidad, que actualmente habitan en habitan en esa cárcel, sean distribuidos en penales comunes como el Colina 1 que está en la ciudad de Santiago.
Al respecto, Vallejo celebró la iniciativa y remarcó que el hecho de que haya un recinto especial para militares condenados por delitos de lesa humanidad “significa privilegios intolerables” y recordó que esto representa “desigualdad ante la ley” porque “hay tratamiento privilegiado para quienes cometen crímenes de lesa humanidad, que son los delitos más graves que uno pueda conocer, mientras otros están hacinados en las cárceles por robos que son de menor categoría, delitos igualmente, pero esa diferenciación ha generado una sensación de impunidad por mucho tiempo”.