El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, señaló que el protocolo que intenta imponer Patricia Bullrich “criminaliza la protesta pacífica” y brinda “poder ilimitado” a las fuerzas policiales.
“Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, advirtió el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, al hacer pública su preocupación por la iniciativa del gobierno que encabeza Javier Milei que “criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”. Y, en este sentido señaló que “sigo de cerca la situación” provocada por el protocolo represivo que presentó Patricia Bullrich.
“Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”, indicó Clément Nyaletsossi Voule y fue claro al sostener que “silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, por lo que instó a las autoridades de nuestro país a “garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica”.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo recibió una presentación conjunta de las dos CTA y la CGT en la que se denuncia al Gobierno por violaciones al Convenio sobre la Libertad Sindical, por lo que solicitan la intervención “con carácter de urgente” de su director general en este caso.
La presentación indica que el plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el nuevo gobierno, provoca una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo Argentina lo que dinamitar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, cuentapropistas y autónomos, así como de jubilados y
pensionados.
“Las medidas anunciadas implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo”, puntualiza pero también “configuran a todas luces un disciplinador social”. Y como parte de esta estrategia disciplinadota el Ministerio de Seguridad de la Nación adoptó el denominado “Protocolo para el Mantenimiento
del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación” que “restringe y vulnera derechos constitucionales”.