Desde diferentes organismos de Derechos Humanos de Salta, se hace hincapié en que es preciso que el gobierno provincial derogue el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos, es uno de los organismos que volvieron a insistir con que es preciso que el Gobierno de Salta derogue el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas, cuya aplicación se profundizó durante este mes a raíz de las protestas sociales que se registraron sobre todo en el norte provincial, como consecuencia de los cortes de energía eléctrica que se multiplicaron en coincidencia con la suba de las tarifas de este servicio.
Al respecto, el Comité contra la Tortura y la Mesa de Derechos Humanos instaron a que el ejecutivo provincial deje sin efecto el Protocolo que, argumentaron, entre otras cosas viola derechos humanos y limita la libertad de expresión. Y, en este sentido, advirtieron que muchos militantes populares están recibiendo notificaciones judiciales que surgen de causas que se inician por denuncias que están amparadas por la aplicación del Protocolo.
Desde la Mesa, se hizo hincapié en que en lugar de responder a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos que se perpetran, sobre todo en norte provincial, el gobierno que encabeza Gustavo Sáenz, “busca cercenar uno de los derechos más esenciales en la vida democrática, cual es la libertad de expresión, traducido en el de peticionar a la autoridades mediante la libre asociación de los y las ciudadanas en la vía pública”.
Mientras que organizaciones del norte salteño y vecinos de Orán, denunciaron que sufren hostigamiento cuando protestan por el pésimo servicio que brinda la empresa Edesa, por parte de miembros de Gendarmería Nacional y la Policía de Salta, por lo que alertan que el Protocolo “lejos de dar garantías busca anular la protesta lo que agrava las situaciones de vulneración de derechos”.